Puente impugna el pago aplazado de los 11 millones del Ayuntamiento a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) llevará al Ayuntamiento de Valladolid ante la Justicia. La entidad presentará un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de Alcaldía del pasado 19 de junio que prorrateaba de forma unilateral una deuda de 11 millones de euros, según fuentes consultadas por este periódico. Esta cantidad se desglosa en la cuota correspondiente al ejercicio de 2024, que asciende a 8,2 millones de euros, y cerca de tres millones que el anterior Gobierno municipal, encabezado por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, no abonó en el periodo comprendido entre 2020 y 2022.

El acuerdo para iniciar acciones legales se aprobó el pasado 12 de septiembre por los representantes del Ministerio de Transportes y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), durante una reunión telemática para licitar las auditorías de los próximos años de la SVAV.

Esta resolución entierra la estrategia del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, basada en el silencio administrativo para validar su decisión de aplazamiento. Este paso constituye la respuesta formal a un pulso que el consistorio mantenía de forma unilateral con el resto de integrantes de la sociedad.

El regidor alegaba que la liquidez de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad permitía el aplazamiento de sus obligaciones financieras, pero nunca obtuvo el consenso del resto de miembros para ejecutar dicha maniobra. Aun así, procedió con su plan, ingresando este año un pago parcial de 1,23 millones de euros, que la sociedad le devolvió en junio por incumplir las reglas del convenio firmado en 2017. 

Esta confrontación no es solo administrativa, sino que tiene un efecto directo en la paralización de los proyectos de integración ferroviaria en superficie, como los tres pasos de Ariza, que ya se encuentran diseñados y listos para su contratación. Mientras el Ayuntamiento incumple sus compromisos de pago, el resto de socios, incluida la Junta de Castilla y León, que vota en sintonía con el consistorio pero cumple con sus abonos y está al día en sus obligaciones. Esta dualidad en la actuación del Gobierno autonómico evidencia una estrategia coordinada con el Ayuntamiento para frenar las obras, aunque sin incurrir en el impago que sí ha protagonizado el consistorio.

Todo apunta a que la impugnación judicial no es un mero trámite. Es el paso previo al escenario más temido: la disolución de la sociedad. El convenio de 2017 lo permite si uno de los socios no cumple con sus aportaciones, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ya planteó el ultimátum en la última reunión presencial. Considera el bloqueo a los proyectos como un incumplimiento flagrante del objeto social del acuerdo y ya elabora un estudio para abordar el proceso de disolución, un trabajo que comenzó un día después de la tensa reunión del pasado mes de junio. 

La próxima cita del consejo de administración, prevista inicialmente para septiembre pero pospuesta a octubre por cuestiones de agenda tanto del ministro como del alcalde, será definitiva. O el Ayuntamiento de Valladolid paga su deuda y desbloquea los proyectos, o el Ministerio iniciará los trámites para liquidar la entidad. Si se llega a ese extremo, el futuro de la integración ferroviaria quedaría suspendido en un limbo judicial y financiero. El proyecto de soterramiento, que el equipo de PP y Vox pretende recuperar y para el que prevé destinar 1,2 millones de euros a un estudio mediante la técnica de muro- pantalla, seguiría sin proyecto real, y los terrenos liberados en Farnesio, Ariza y Argales, con capacidad para más de 4.500 viviendas, se verían atrapados en el litigio de la liquidación. Mientras tanto, las obras de mayor interés para Adif y Renfe, como la nueva estación de trenes, seguirían su curso al margen de este conflicto, ya que su financiación y ejecución no dependen de la SVAV.

Cabe recordar que en la última reunión presencial que tuvo lugar el pasado mes de junio la tensión alcanzó su punto álgido. La posición del Gobierno autonómico y local llevó al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible a sugerir públicamente la disolución de la SVAV. «Nosotros lo que ahora mismo tenemos encima de la mesa es la reflexión sobre qué utilidad tiene. ¿Qué sentido tiene mantener una sociedad en la que Ayuntamiento y Junta no quieren que avancemos en el convenio?», cuestionó. «Hemos traído inversiones superiores a los 21 millones de euros para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de Valladolid y nos hemos encontrado con un alcalde y un Ayuntamiento que nos han dicho que no», lamentó ante los medios. Santano calificó de «excusas» el argumento de Carnero para no dar el visto bueno a los pasos de Ariza. El alcalde esgrimió como motivo un «caos circulatorio», pero Santano replicó: «En ningún momento ha justificado ni con un informe ni con ningún tipo de documento del Ayuntamiento. Es más, tenemos que decir que los informes del Ayuntamiento son todos favorables». Es más, el Grupo Municipal Socialista destacó semanas después que no existen datos técnicos que avalen esa supuesta congestión circulatoria que el regidor usa como principal argumento.

En la otra cara de la moneda, Carnero reiteró la necesidad de actuar en el viaducto de Daniel del Olmo y defendió que se produciría «una imposibilidad de la movilidad» si se ejecutan los pasos de Ariza mientras se desarrolla la nueva estación de trenes. El argumentario municipal ha variado con el tiempo: primero se adujo que la vía de los trenes de carga de Renault seguía en servicio, y una vez desmantelada esa infraestructura, se pasó al pretexto del tráfico. «Entendemos que en este momento no corresponde acometer Ariza en tanto en cuanto no demos solución, al menos, de manera prioritaria a Daniel del Olmo», afirmó el alcalde, quien insistió en que si la SVAV no incluye esta obra, será el Ayuntamiento el que la realice. También incluyó en el extenso orden del día de aquel consejo el estudio multicriterio del soterramiento, pero la respuesta fue negativa. «Se nos ha vuelto a decir que no», lamentó. La misma suerte corrió la solicitud de cambiar el convenio de 2017 por uno nuevo de soterramiento. «Seguimos en el no diálogo. Seguimos en el muro», indicó Carnero.