Valladolid estrena la Zona de Bajas Emisiones

Valladolid estrena este martes su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La medida, no exenta de polémica, entra en vigor con el inicio de un régimen sancionador que impondrá multas de 200 euros a los vehículos más contaminantes que accedan sin permiso al perímetro restringido, de 1,1 kilómetros cuadrados, en el corazón de la ciudad.

Pero la jornada inaugural no solo ha traído consigo la vigilancia de matrículas. También ha dejado al descubierto una fractura política dentro del equipo de Gobierno municipal. Solo unas horas antes de que las cámaras comenzaran a registrar infracciones, el Partido Popular y Vox, socios en el Ayuntamiento, pusieron de manifiesto su total desacuerdo sobre la propia normativa que ellos mismos aprobaron.

La escenificación de esta discordia tuvo lugar en el pleno ordinario del mes de junio, celebrado este lunes. El Grupo Municipal de Vox presentó una moción para instar al Gobierno de España a derogar la Ley de Cambio Climático y el Real Decreto que impone la creación de las ZBE en los municipios de más de 50.000 habitantes. La sorpresa, o quizá la crónica de una tensión anunciada, fue que el Partido Popular, su principal aliado, votó en contra y dejó a Vox solo en su intento de desmantelar el marco legal que sustenta la medida. El PP rechazó los puntos que pedían la derogación de las normativas nacional y europea, como el Pacto Verde, al que la formación de Santiago Abascal se refirió como un instrumento del «fanatismo climático».

La primera teniente de alcalde y portavoz de Vox, Irene Carvajal, defendió la postura de su partido con una argumentación que muchos en la oposición calificaron de «contradictoria». Justificó que su partido apoyó en su día la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones porque, de lo contrario, el Ayuntamiento se habría visto obligado a «devolver subvenciones europeas de varios millones de euros». A pesar de ese voto favorable, ahora considera que la medida es una «imposición» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, fruto del «ecologismo radical», que genera «una mayor desigualdad social». Según su interpretación, la directiva europea solo obliga a tomar medidas cuando se superan los límites de contaminación, una situación que, a su juicio, «ya no ocurre» en Valladolid, donde la calidad del aire es buena.

Desde la bancada del PSOE, el concejal Luis Vélez no tardó en calificar la moción de Vox como un «brindis al sol» y un «gesto vacío y ultra». En este punto, recordó al pleno que fueron precisamente sus socios del PP quienes, junto a ellos, «diseñaron y aprobaron» la ZBE. Atribuyó este repentino cambio de postura a un intento de contentar a sus bases, después de que figuras nacionales del partido, como Javier Ortega Smith, reprocharan a los concejales vallisoletanos lo que consideró un «error garrafal» al apoyar la norma. El edil socialista también puso cifras sobre la mesa: solo en el mes de junio, durante el periodo de prueba sin multas, las cámaras detectaron el acceso de unos 1.800 vehículos diarios sin etiqueta ni exención.

El Partido Popular, por su parte, se movió en un delicado equilibrio. El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, rechazó la petición de derogación de sus socios, pero no sin antes calificar la moción como «de parroquia», es decir, dirigida únicamente a sus militantes más fieles. De igual forma, criticó que la obligación estatal ha generado una regulación «poco uniforme» entre ciudades, además de importantes «costes de mantenimiento y económicos» para las arcas municipales e incertidumbre para los conductores. «Las normas legales conllevan más gasto municipal y más sanciones para los ciudadanos, y así es más difícil hacer pedagogía», lamentó. No obstante, justificó el diseño aplicado en Valladolid, con un perímetro reducido y un sistema de exenciones de «sentido común» que, según él, evitarán que el centro se convierta en una zona «inerte».

El único punto de la moción de Vox que prosperó fue el que contó con el apoyo del PP: solicitar al Gobierno central un refuerzo económico y técnico para impulsar políticas de eficiencia energética sin recurrir a medidas restrictivas.

A partir de este martes , la realidad es que los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, es decir, los diésel matriculados antes de 2006 y los de gasolina anteriores a 2001, tienen prohibido el acceso y la circulación por la Zona de Bajas Emisiones. La sanción por incumplimiento es de 200 euros, que se reducen a 100 por pronto pago.

Una de las dudas más recurrentes entre los ciudadanos, la necesidad de llevar la pegatina física en el parabrisas, queda despejada: no es obligatoria. El control se realiza mediante la lectura automatizada de matrículas por un sistema de 28 cámaras que cruzan los datos con la base de la Dirección General de Tráfico.

El sistema, sin embargo, contempla muchas exenciones y permisos que han provocado las críticas de los grupos ecologistas. De hecho, Ecologistas en Acción ha presentado un recurso judicial contra la ordenanza por considerarla «fraudulenta» y un «coladero» que no cumplirá su objetivo de mejorar la calidad del aire. Pueden circular sin restricciones las bicicletas, los vehículos de movilidad personal y los coches con etiqueta Cero o Eco. Los vehículos con etiqueta B podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2027, y los de etiqueta C hasta el 31 de diciembre de 2029.

Asimismo, existe un amplio catálogo de excepciones permanentes. No se ven afectados los vehículos de personas empadronadas dentro de la ZBE, ni los vehículos de sustitución que utilicen. Tampoco los de carga y descarga, los de empresas que prestan servicios en la zona o los que accedan a un parking de rotación de uso público, ya que el gestor del aparcamiento se encarga de comunicar la matrícula. Quienes posean o alquilen una plaza de garaje particular también están exentos, previa solicitud y acreditación. Lo mismo ocurre con personas de movilidad reducida, vehículos de matrícula diplomática, familias con ingresos anuales inferiores a 1,3 veces el IPREM (para un solo vehículo) y familias numerosas de categoría especial.

A estas se suman las autorizaciones temporales que se pueden solicitar para acudir a un taller, a una cita médica, al veterinario, mudanzas e incluso para mujeres embarazadas o para que los padres lleven o recojan a sus hijos de los colegios ubicados en el perímetro. Para gestionar estos permisos, el Ayuntamiento ha habilitado la plataforma web zbe.valladolid.es, donde los usuarios deben registrarse y aportar la documentación necesaria. El trámite se puede realizar antes del acceso o hasta cinco días naturales después.

De momento, según informaron fuentes del Área de Tráfico y Movilidad, hasta las tres de la tarde de ayer se habían recibido 12 solicitudes de colegios y 350 de titulares de plazas de garaje, si bien al ser el día previo a su puesta en marcha, «las cifras aumentarían».

Cabe recordar que las calles que conforman el perímetro de la Zona de Bajas Emisiones son la plaza de Zorrilla, calle María de Molina, calle Doctrinos, paseo de Isabel la Católica, calle San Quirce, calle Esteban García Chico, plaza de San Pablo, calle Cardenal Torquemada, calle Rondilla de Santa Teresa, calle Gondomar, calle Chancillería, calle Ramón y Cajal, calle Colón, calle Cardenal Mendoza, plaza del Colegio de Santa Cruz, calle Merced, calle Pedro Barruecos, calle Alonso Pesquera, plaza de la Cruz Verde, calle Labradores, calle Acibelas, calle Cadena, calle Párroco Domicio Cuadrado, calle Vega, calle Panaderos, plaza de España y calle Miguel Íscar. Fuera de estas vías, los vehículos no tienen restricciones de circulación ni de estacionamiento.