Tribunales
Piden a las acusaciones del ‘caso ataúdes’ una sola voz para eludir un retraso beneficioso para los investigados
El cambiazo de los féretros y de los ramos de incineración acumula de momento 900 denuncias contra Grupo El Salvador y los afectados están personados con diferentes despachos
Agentes de la Policía Nacional retiran cajas con documentación de Tanatorio El Salvador.
La Audiencia Provincial (AP) de Valladolid ha dictado un auto para que las acusaciones del ‘caso ataúdes’ se reagrupen y den agilidad al proceso, ya que una dispersión de partes acusadoras abocaría a una atenuante para los investigados de ‘dilaciones indebidas’, esto es, beneficios en una posible condena por llegar con retraso al juicio.
Las acusaciones tienen un plazo de 15 días a contar desde la notificación del auto (su fecha es 28 de marzo de 2025) para que cristalice la reagrupación de las partes que representan a familiares de víctimas.
Hasta la actualidad más de 900 denuncias de posibles afectados han llegado de desde Comisaría de Cuerpo Nacional de Policía y el resto directamente al Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid.
De esta manera, cada letrado acusador deberá representar a un mínimo de 54 fallecidos supuestamente perjudicados. “El objetivo es facilitar el desarrollo del juicio, aún pendiente de señalamiento, y evitar dilaciones indebidas”, señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.
“No cabe duda que el presente procedimiento seguido por los delitos de constitución o pertenencia a organización criminal, estafa, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental, presuntamente cometidos por los acusados, dando lugar a la acumulación de numerosas denuncias y múltiples perjudicados o víctimas, reúne las características, no solo idóneas para acordar esta agrupación de defensas y representaciones, sino que son completamente adecuadas a los fines de la norma”, reza el auto 33/2024 de la sección cuarta de la AP.
El tribunal vallisoletano justifica la medida por la “finalidad organizativa” y de “facilitar el manejo y agilidad del procedimiento, en particular, el señalamiento y desarrollo del plenario, lo que redundará en la evitación de las indeseadas dilaciones indebidas, tanto en beneficio de los acusados como de los propios perjudicados, cuyo interés es común: que los responsables penales respondan de su conducta delictiva y obtener la reparación de los daños sufridos”.
La Fiscalía solicita una condena global que suma 206 años de cárcel para las 24 personas que están siendo investigadas en el marco de la ‘Operación Ignis’, que fue destapada en el año 2019 por la Policía Nacional por el supuesto fraude de la Funeraria El Salvador que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre el año 1995 y 2015. En este proceso, han fallecido dos grandes protagonistas de la causa, el fundador del emporio, que falleció en octubre de 2022 y el extrabajador que lo destapó y documentó todo en libretas con anotaciones de los fallecidos y carretes de fotos. Este exempleado, Justo Martín, murió en agosto de 2024.
Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del fallecido empresario: María del Rosario V.L.. También para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V.. Para ellos, el fiscal solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal. Siete años y seis meses de prisión para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa. Seis meses para cada uno por un delito continuado contra el respeto a los difuntos de seis meses y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. En total, 80 años de cárcel en suma para los cuatro.
Para Antonio P.V. e Hipólito C.G. pide 18 años y 6 meses de cárcel en total por pertenencia a organización criminal, apropiación indebida con estafa y un delito contra el respeto hacia los muertos.
Para José Luis L.G. y José Antonio M.A. 17 años y 6 meses de cárcel por los mismos delitos.
Para Ángel P.V., Carlos S.D., Guillermo C.L., Andrés M.A., José Manuel P.F., Emilio G.E., Felicísimo A.G., David M.G., Luis Miguel A.B. penas que suman 57 años y 9 meses de cárcel en total por los delitos de pertenencia a organización criminal, apropiación indebida con estafa y delito continuado contra el respeto a los difuntos.
Para Raúl L.M., Álvaro R.L.S., Eladio G.M. e Isidro M.A. 20 años y 8 meses de cárcel y para Mario C.L. y Victorio S. 2 años y 3 meses y 4 años y 3 meses de prisión respectivamente.