El Ayuntamiento oficializa la bajada del IBI y el 'basurazo' de Europa

Último trámite para que la modificación de los tributos entre en vigor el 1 de enero. El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó definitivamente este lunes las ordenanzas fiscales para 2025, entre las que se encuentra la modificación de la ordenanza fiscal que afecta al IBI de Valladolid (Impuesto de Bienes Inmuebles), que se reducirá un 5% desde el 1 enero. La bajada del IBI será progresiva hasta llegar al 10% al final del mandato y cumplir el compromiso anunciado por el equipo de Gobierno.

El Pleno del Ayuntamiento dio luz verde de forma definitiva a la modificación de ordenanzas sobre los principales tributos. También a la creación de la nueva tasa de basuras que impone la Unión Europea o, según el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que la UE «no impone» en ningún momento «la obligación directa a los estados miembros para imponer una tasa» en la directiva conocida como ‘Directiva Marco de Residuos’. Es la legislación nacional la que obliga, así, al Consistorio a imponer un tributo que cubra los casi 18 millones de euros anuales que gasta la ciudad en la gestión de sus residuos.

Los grupos volvieron a hacer gala de sus habituales paradojas. Una de las más sonadas, este lunes, fue que el Grupo Municipal Socialista votó en contra de esa tasa de basuras que impone el Gobierno socialista de la nación. Valladolid Toma la Palabra (VTLP) también votó en contra. En su caso explicó que su negativa se debe a que se trata de una «tasa injusta» por los criterios de aplicación, porque «no está claro que vaya a pagar más quien más residuos genera», apuntó la portavoz izquierdista, Rocío Anguita.

La buena noticia estuvo en la aprobación definitiva de la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se reducirá un 5% desde el 1 enero. La bajada será progresiva hasta llegar al 10% al final del mandato y cumplir el compromiso anunciado por el equipo de Gobierno. PSOE y VTLP también votaron en contra de la bajada del impuesto.

El Pleno estimó la propuesta presentada por el Colegio de Notarios de Castilla y León en relación con la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), para conceder una interrupción del plazo para autoliquidar el tributo cuando se trate de actos mortis causa y se promueva la división judicial de la herencia.

Igualmente, se aceptó una alegación a la Ordenanza del IBI presentada por la Federación Vecinal Antonio Machado, en relación a las bonificaciones por aprovechamiento de energía solar. También se dio el visto bueno a una alegación de la Asociación de Propietarios del Polígono de San Cristóbal, para que quienes cuenten con un gestor autorizado de residuos se acojan al sistema de estimación directa, lo que les permite tributar por la cuota mínima.

Blanco remarcó que «la aprobación definitiva de la ‘tasa de basuras’ lo es en cumplimiento estricto de la normativa nacional, ya que esta tasa no responde a la voluntad del equipo de Gobierno municipal». También expresó su disconformidad con que se obligue a los Ayuntamientos a imponerla. «Así lo reconoció el pasado 3 de diciembre el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Marcos Sefcovic, quien indicó que son los Estados miembros quienes pueden elegir de manera discrecional los instrumentos concretos para aplicar la Directiva Marco de Residuos. Sin embargo, el Gobierno de España opta por imponer una tasa de obligatorio cumplimiento para los Ayuntamientos españoles», añadió.

La cuota asociada a viviendas es de 70,87 euros, «muy alejada de la media nacional que se sitúa en 90,80 euros, según el estudio Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos (2023) ‘Las tasas de residuos en España. Fundació ENT’», remarcó el edil.

La Corporación tiró de «espíritu navideño», tal como apuntaron los ediles Herrero y Cuadrado, para aprobar por unanimidad una moción para impulsar el desarrollo de vivienda pública en los antiguos cuarteles del barrio de La Rubia, pero el espíritu se quedó solo en ese acuerdo.

VTLP, que había propuesto una moción para erradicar el sinhogarismo y que, junto a otra del PSOE para crear un centro de baja exigencia para personas sin hogar, fue rechazada, salió del Pleno criticando que el equipo de Gobierno «no apuesta por ejecutar políticas públicas que ayude a las personas que no tienen hogar» y se reiteró en calificar de «racismo institucional» la postura de Vox, al cargar contra la inmigración ilegal al hablar de personas sin hogar.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, rechazó la moción por considerar que la instalación del albergue de baja exigencia en el Paseo Hospital Militar, como proponía el PSOE, reduciría el número de plazas que oferta el albergue, que ahora se encuentra en obras de acondicionamiento. «La estrategia dice que los enfoques sostenibles a largo plazo pasan por priorizar el acceso a la vivienda, no establecer un sistema asistencial», apuntó.

El Pleno insta a no ratificar el tratado UE-Mercosujr

El Pleno aprobó una moción para instar al Gobierno de España a no ratificar el acuerdo comercial entre UE y Mercosur. Lo hizo al apoyar una moción presentada por el Grupo municipal de Vox, por 14 votos a favor (los de PP y Vox) y 13 en contra (los de PSOE y VTLP).

El texto, que defendió la portavoz de la formación de Abascal, Irene Carvajal, propone que España se alinee con países como Francia, Países Bajos, Polonia y Austria –que están en contra del tratado– «en tanto no se salvaguarden los intereses del campo español y por ende del vallisoletano, se garantice la viabilidad de nuestro sector primario y se prohíba la importación de productos agroalimentarios de terceros países que no cumplan las condiciones de producción y salubridad exigidas por la UE para nuestros productos».

El concejal de VTLP Jonathan Racionero se opuso a la moción asegurando que Vox «no defiende la soberanía alimentaria de nuestro país ni a los agricultores, sino a las grandes multinacionales», y la concejala socialista, Rosario Chávez, aseguró que el acuerdo es «necesario» por causa de «la inminente guerra comercial entre China y EEUU», ya que «nos defenderá de las intenciones del señor Trump».