La Justicia tumba la ordenanza de Movilidad y obliga a aprobar una nueva

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumba la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid y obliga a aprobar una nueva. El Alto Tribunal estima el recurso de Ecologistas en Acción y anula la reversión de los carriles bici y bus de Poniente, López Gómez, Avenida de Gijón e Isabel la Católica, «por no ser conforme a derecho» e impone las costas al consistorio por un importe que se acerca a los 3.000 euros.

El auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid sentencia que todas las razones «determinan que deba acogerse la impugnación estudiada por el motivo considerado y declarar la nulidad de la ordenanza municipal para establecer determinados carriles de uso restringido en la ciudad de Valladolid, aprobada por el Pleno de su Ayuntamiento celebrado el 30 de octubre de 2023 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 219 del 15 de noviembre del mismo año, por no ser conforme a derecho, sin necesidad de entrar en otras consideraciones, que en nada alterarían el sentido de esta resolución».

La sentencia del TSJ refleja que la ordenanza del Ayuntamiento «contradice el vigente ordenamiento aplicable, pues no determina directamente el destino de los carriles restringidos que regula, con lo que deberá ser otra normativa posterior la que discipline esa materia. La Sala entiende que la normativa objeto de esta resolución no es conforme a derecho al limitarse en la forma que se hace la posibilidad de los interesados en la utilización de las vías públicas, sin indicarse a quienes afecta la restricción y cómo va a hacerse. La exigüidad de la disposición la hace inviable jurídicamente hablando, en cuanto se convierte en una norma de reenvío y no cumple las finalidades para las que está prevista».

La sentencia del TSJ obliga al consistorio vallisoletano a aprobar una nueva ordenanza que se prolongará cuatro meses. Tras ser sometida a consulta pública y después de la aprobación inicial en el pleno, la ordenanza deberá cumplir el periodo de exposición pública y el tiempo destinado a la presentación de alegaciones antes de ser aprobada en el Pleno municipal.

La Justicia ya tumbó una ordenanza del anterior equipo de Gobierno, que entonces no presentó recurso y lo que hizo fue modificarla. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León indica en la sentencia que el criterio de la Sala deriva en que «fuese dicho instrumento normativo el que regulase dichas medidas del tráfico urbano, cuando la intensidad de las mismas fuese de tal trascendencia que incidiese en el derecho de los ciudadanos a usar las vías de circulación». El planteamiento que el equipo de Gobierno llevó al Pleno trajo consigo un giro en el modelo de movilidad que regía en Valladolid desde que en junio de 2020 el anterior equipo de Gobierno municipal implantó un sistema de carriles exclusivos para autobuses y taxis en 21 calles. Con aquel cambio, contestado desde la oposición con un recurso en el juzgado que ganó, los vehículos privados perdieron espacio al prohibirse su circulación por una serie de carriles que hasta entonces utilizaban. La normativa que se aprobó en el pleno con la nueva ordenanza implicó dar la vuelta, en gran medida, al sistema de movilidad vigente desde 2020.

El Ayuntamiento trabaja en una «reforma exprés» de la ordenanza y recurre al Tribunal Supremo la sentencia como estrategia dilatoria para no tener que devolver el tráfico a la etapa de Óscar Puente. El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, anunció que modificarán aspectos que deben ser «más aclaratorios relacionados con la ley y el reglamento de tráfico de la Seguridad Vial». «Ningún ciudadano entendería que diéramos marcha atrás, la circulación ha mejorado», añadió. «La primera reflexión es que en los fundamentos de derecho de la sentencia se hace una relación prolija de aspectos relacionados con la ordenanza que se aprobó en el 22. Lo que hicimos fue eliminar algunos de los carriles bus taxi que existían. Entiende el magistrado que estas restricciones debían haber sido especificadas de una forma más prolija. No entiendo la satisfacción del Grupo Socialista porque la sentencia dice que la ordenanza no estaba bien regulada», señaló.

«Hicimos una modificación de una ordenanza que es garantista. Los fundamentos de derecho a los que el magistrado hace mayor reflexión están relacionados con a qué se destina cada vía que se modifica. Los ciudadanos han entendido que las modificaciones han sido positivas para la movilidad, se circula con mayor fluidez y se eliminan las filas indias de las horas punta que generaban embotellamientos y atascos».

ACUSACIÓN DE ECOLOGISTAS

Aunque la sentencia no es firme, Ecologistas en Acción pidió al Ayuntamiento la paralización «inmediata» del desmantelamiento en curso del carril bici del Paseo de Isabel la Católica y su restitución para posibilitar la movilidad ciclista en ese eje principal de la ciudad, «sin perjuicio de la recuperación del carril bici de la Avenida de Gijón y de los carriles bus suprimidos por el equipo de gobierno popular contra la jurisprudencia que él mismo provocó». La organización ecologista recordó que la ordenanza municipal suprimió los carriles bus de avenida Gloria Fuertes, puente del Poniente, plaza de la Universidad, calle López Gómez, puente de Isabel la Católica y avenida de Miguel Ángel Blanco, además de desmantelar el carril bici de la avenida de Gijón y la decisión del Consistorio de iniciar, hace unos meses, la «destrucción» del carril bici del paseo de Isabel la Católica, informa Ical.

La nota dice que la ordenanza «nunca» evaluó su impacto sobre la calidad del aire y el ruido, pese a que el Ayuntamiento estaba obligado de acuerdo a los reglamentos de Medio Ambiente Atmosférico y de Ruido. A su juicio, la ciudad no necesita suprimir este tipo de carriles sino aumentar «sustancialmente» los espacios reservados a peatones, ciclistas, patinetes y transporte público.

EL PSOE PIDE "SENSATEZ" A CARNERO

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid instó ayer al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, a actuar con «sensatez» y restituir los carriles del transporte público suprimidos con «una norma ilegal», después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) haya declarado nula la ordenanza municipal sobre los carriles de uso restringido en la ciudad. «La única actuación llevada a cabo por Carnero desde que es alcalde, que fue aprobada el 30 de octubre del 2023 en Pleno solo con los votos de PP y Vox, y el único compromiso que ha cumplido es ilegal», aseguró el portavoz Pedro Herrero. Además, se preguntó dónde está el alcalde, informa Ical.

Herrero añadió que la nulidad de pleno derecho de la ordenanza es una noticia «muy negativa» para el equipo de Gobierno municipal pero es «buena» para todos los ciudadanos y pidió al alcalde que no haga «perder más el tiempo» a la ciudad y restituya los carriles».

El concejal socialista Luis Vélez recordó que la ordenanza se aprobó sin ningún informe de Auvasa y en contra de criterios técnicos y de las directrices de la Unión Europea. Además, precisó que la receptividad del equipo de gobierno PP-Vox fue «nula» al no considerar las 1.664 sugerencias presentadas por colectivos y ciudadanos.

El PSOE indicó que las alegaciones que presentaron recobran ahora todo su valor porque están encaminadas a la protección de la salud de los vallisoletanos, la mejora del medio ambiente, la seguridad vial y la apuesta de por la movilidad sostenible. La sentencia, concluye el PSOE, especifica las zonas afectadas como las plazas de Poniente y la Rinconada, las calles Cebadería y Especería, plaza del Ochavo, calle Vicente Moliner, plaza de Fuente Dorada, calle Cánovas del Castillo, calle Fray Luis de León (entre las calles Cánovas del Castillo y López Gómez), plaza de España, calle Miguel Íscar, plaza de Zorrilla, calle María de Molina (entre la plaza de Zorrilla y la calle Doctrinos, calle Doctrinos (entre la calle María de Molina y el paseo de Isabel la Católica) y el paseo de Isabel la Católica (entre San Ildefonso y Encarnación).