Delgado y Hernández piden la nulidad de la causa y esgrimen la prescripción

Nuevo comienzo del juicio de la Perla Negra este lunes, tras dos suspensiones, una el 15 de marzo de 2022 y la otra el 21 de diciembre del mismo año. Parece que a la tercera será la vencida, ya que el Ministerio Fiscal no está por la labor de aceptar las cuestiones previas presentadas por las defensas de las partes en lo referente a una nueva declaración de nulidad de las actuaciones. Una nulidad que solicitaron casi todos los letrados de la defensa, comenzando por los dos principales imputados, los ex viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández , que ejercieron sus cargos entre 2003 y 2015, en tiempos del fallecido consejero Tomás Villanueva. Ambos alegaron vulneración del derecho a la defensa por la falta de certificación, por parte de la letrada del Juzgado de Instrucción número 2, de que las partes han recibido toda la documentación. Esa fue la causa de las dos suspensiones anteriores. Según los abogados, no tienen constancia de haber recibido toda la documentación, los documentos digitalizados no están foliados, y algunos incluso mencionaron documentos concretos, aportados por ellos a la causa, que no habían encontrado en ninguno de los dos «USB» recibidos del Juzgado de Instrucción, uno de ellos hace tan solo 15 días .

El Ministerio Público, representado por la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Ana Valle , se opuso a esta pretensión de las defensas, aunque reconoció la existencia de algunas «deficiencias» en la clasificación de los documentos. «Aunque no haya certificación, en esta ocasión no puede entenderse que se haya vulnerado el derecho a la defensa», aseveró . Y puso de manifiesto que al inicio de la causa las instrucciones no se realizaban aún en formato digital, sino en papel, por lo que «no se pueden exigir los mismos requerimientos» que las instrucciones digitales actuales a las que han tenido que ser escaneadas directamente de un folio. A esta tesis se adhirieron la Junta de Castilla y León como acusación particular y la ‘acusación popular’, ejercida por el PSOE.

Por otro lado, la mayoría de las defensas, comenzando por las de Delgado y Hernández, esgrimieron que la larga retahíla de posibles delitos causantes del proceso (prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración) , estarían prescritos, al haber pasado más de diez años desde la comisión de los mismos, que sitúan en 2005, y las primeras actuaciones judiciales. Un extremo al que también se opuso la fiscal y las acusaciones, puesto que situaron en diciembre de 2010 la fecha del último ilícito penal cometido, y los nombres de los investigados aparecen en autos de 2013 y 2015.

La «calidad» técnica del auto de imputación fue otro de los asuntos que atacaron una y otra vez las defensas. Alegaron que en el documento solo se detallan «generalidades» de presuntos delitos cometidos, se nombra a los sospechosos, pero no se especifica qué acción ejerció cada uno de ellos . «Ahora mismo no sabemos de qué se nos acusa», lamentó el representante de Begoña Hernández. «En ninguna de las calificaciones se le imputan hechos concretos a Begoña», añadió, antes de avisar de que pedirán la prescripción de todos ellos «en el momento procesal oportuno» , y de pedir la nulidad de todos los procedimientos y de la apertura del juicio oral. Varios de los procesados sacaron a la palestra el mismo argumento.

La fiscal, por su parte, defendió su auto de imputación con el argumento de que las acusaciones «tienen que ceñirse a los hechos», pues tienen como fin encausarlos, pero que pueden ir concretándose en el desarrollo del proceso .

Dilaciones indebidas

Las dilaciones indebidas , la dilatación del tiempo de la causa de forma injustificada, fue otra de las cuestiones previas planteadas. El representante de Hernández fechó la denuncia de los hechos en 2012, el primer auto en el que aparece su patrocinada en 2015 y la primera declaración de los imputados en 2017. Repitieron la cuestión de las dilaciones indebidas varios abogados, pero incluso el juez invitó a una de las letradas a no redundar demasiado en el asunto puesto que las dilaciones indebidas solo podrían traducirse como una circunstancia atenuante a la hora del establecimiento de la pena, y nunca ser un motivo de nulidad de la causa . Ese había sido el argumento de Ana Valle para formular las respuestas anteriores a los letrados sobre el particular.

El alegato más dramático sobre la dilatación del proceso lo planteó el letrado de Francisco Armero, ex director financiero de Gesturcal y ADE Parques, el único de la defensa que mostró su oposición a una nueva suspensión de la causa. «La pena de desconsuelo que ya está sufriendo nuestro cliente es insoportable», aseguró el defensor.

La defensa del primer acusado, Rafael Delgado, presunto ‘cerebro’ de la trama, que además de viceconsejero de Economía desde julio de 2003 a julio de 2007 fue desde esa fecha secretario general de la Consejería hasta junio de 2011, apuntó dos cuestiones singulares. Por un lado, solicitó al tribunal que aparte de la causa a la Junta de Castilla y León , personada como acusación particular, ya que a su juicio carece de «legitimación», ya que ADE Parques, como heredera de Gesturcal, era la que tenía legitimación en 2015 y no se personó «al entender que no había resultado perjudicada», y no fue hasta mayo de 2016 cuando la Junta de Castilla y León se sumó a la causa como acusación particular por orden de la entonces consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

Por otro, criticó que se hubiera permitido a la ‘acusación popular’ ejercida por el PSOE , incorporar a la causa un presunto delito de cohecho por la compraventa de un piso en el Paseo de Zorrilla.  Sobre este asunto, la fiscal se limitó a decir que esa cuestión no es impedimento para la celebración del juicio.

La macrocausa de corrupción de la ‘Perla Negra’, es, según el escrito de acusación de la Fiscalía, una supuesta trama en la que habrían intervenido los máximos responsables de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta en los años 2005 y 2012, en connivencia con empresarios de Castilla y León para adjudicarles contratos sin ninguna publicidad, a pesar de tratarse de obras de importe millonario. 

Uno de esos contratos fue el del edificio Soluciones Empresariales, en Arroyo de la Encomienda, conocido como ‘la Perla Negra’, que da nombre a la trama. Una vez construido, lo ocupó la Consejería de Economía en régimen de alquiler y luego en compra. Otro de los asuntos investigados es el proyecto de un polígono industrial en la localidad vallisoletana de Portillo, que no ha llegado a hacerse realidad. 

Ambos proyectos se habrían contratado, sin explicación razonable, a precios desorbitados. La Fiscalía cifra el desfalco para las arcas de la Junta de Castilla y León en 23,6 millones de euros. Son doce los acusados en la trama, la mayoría políticos que conformaban la cúpula de la Consejería de Economía en los tiempos del fallecido consejero Tomás Villanueva, y empresarios. Las penas solicitadas para ellos por la Fiscalía van desde los 11 años de cárcel para cada uno de los tres principales encausados , Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán (ex consejero delegado de Gesturcal) a los cuatro que pide para Francisco Armero, director financiero de Gesturcal.

Aparte de los once años de prisión, el Ministerio Público pide para Delgado, Hernández y Sacristán 27, 20 y 20 años de inhabilitación, respectivamente, por  el delito continuado de revelación de secretos, y malversación, entre otros.

El tribunal se ‘ahorra’ dos sesiones y retomará el juicio el próximo lunes

La agilidad de las partes ha permitido al tribunal ‘ahorrarse’ las sesiones que estaba previsto celebrar el martes y el miércoles , también sobre cuestiones previas. El presidente de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Valladolid, Miguel Donis, emplazó a las partes al próximo lunes, con el objetivo de resolver las cuestiones previas planteadas, a las que prevé dar respuesta el tribunal en la primera media hora. Si fueran estimadas la causa podría volver por tercera vez al Juzgado de Instrucción número 2 , pero en caso contrario se continuaría después con la toma de pruebas testificales . Son seis los testigos llamados a declarar el lunes , de los cuales dos, el primero y el último, Jesús C. O. y Virginia S. S., lo harán por videoconferencia, él desde Santander y ella desde Burgos. La segunda será Pilar M. B. y la seguirán Tomás P. P., José Antonio M. M. y Juan José G. A.

Las testificales se recogerán en un total de catorce sesiones, que se prolongarán hasta el 10 de abril . Será después cuando el tribunal recoja las declaraciones de los acusados, en las nueve sesiones que continuarán hasta el 8 de mayo, día en que está prevista la conclusión del proceso. Se sucederá un total de 24 sesiones –al principio estaban previstas 26– en la sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Entre los testigos a declarar hay destacadas figuras de la vida política de aquellos años, empezando por el ex presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera , que testificará el 14 de marzo; la ex consejera de Hacienda, Pilar del Olmo , que lo hará el 25 de marzo; el ex presidente de la Diputación de Valladolid y ex vicepresidente de las Cortes, Ramiro Ruiz Medrano , el 3 de abril; el ex delegado de la Junta, Pablo Trillo , el 5 de marzo; el viceconsejero de Economía, Carlos Martín Tobalina , el 6, y el ex viceconsejero de Empleo y ex delegado territorial, Mariano Gredilla , el 18 de marzo. En total, comparecerán 90 testigos y peritos, comenzando por las acusaciones y terminando por las defensas. Tras ellos, las declaraciones de los 12 acusados. Después se desarrollarán las pruebas documentales, las conclusiones, los informes de las partes y la última palabra de los acusados.

Será, si todo va según el calendario previsto, el final de un procedimiento que suma once años de investigación y se celebra catorce después de los hechos, y que ha llevado al banquillo a la ex cúpula de la Consejería de Economía , acusada de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.