El TSJ solicita dos jueces de refuerzo para suplir al tribunal de la Perla Negra

Es redundante reseñar que el caso Perla Negra es el juicio que bate todos los récords por su retraso, días de duración, número de acusados y testigos. Pero siempre hay ‘un más difícil todavía’ y ahora se ha conocido que va a sumar una plusmarca más. El TSJ de Castilla y León ha pedido que la sección segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se refuerce con dos magistrados más para que atiendan el trabajo ordinario durante los dos meses y medio de vistas, 70 días, que dejarán de atender los tres jueces que compondrán el tribunal que juzgará a la cúpula de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León entre los años 2005 y 2012.

Dos años después de la suspensión del juicio y tras diez años de instrucción, la macrocausa de corrupción de la Perla Negra, sobre el alquiler y posterior compra del edificio de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía en Arroyo de la Encomienda en Valladolid y los terrenos del parque empresarial de Portillo , sentará en el banquillo de los acusados a la ex cúpula de la Consejería de Economía en los tiempos del fallecido Tomás Villanueva, los ex viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández. 

La Audiencia Provincial (AP) de Valladolid ha señalado el inicio del juicio el lunes 26 de febrero y su finalización el miércoles 8 de mayo. 26 días de vista oral, que comenzará siempre a las 10.00 horas y que se celebrarán el 26,27 y 28 de febrero; 4,5, 6, 11,12, 13, 14 y 18 de marzo; 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 25, 29 y 30 de abril; y 6, 7 y 8 de mayo de 2024.

Para no dejar la sección segunda  ‘en cuadro’, ya que tiene cuatro magistrados y va a destinar tres a la macrocausa, la Sala de Gobierno del TSJCyL acordó en una sesión celebrada el 15 de enero de 2024 el refuerzo de dos magistrados más durante las sesiones del juicio. 

Era una solicitud que lanzó con tiempo, el 29 de diciembre de 2023, el presidente se la sección segunda de la AP de Valladolid, Juan Miguel Donis Carracedo. Expuso que en la sección hay otros tres magistrados, Miguel Ángel de la Torre, Lourdes del Sol y José Alberto Maderuelo. Y con  este equipo la sección tiene que atender el trabajo ordinario y a la vez celebrar el juicio con tres jueces. De ahí la necesitada de refuerzo en dos plazas de magistrado en esos días de plenario. 

Caso «muy complejo»

Es lo que se está tramitando  ahora la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en estos días, de tal forma que en breve publicará si da luz verde al acuerdo del TSJCyL que proponía a los jueces Florencio Marcos (Vigilancia Penitenciaria 1 de Valladolid) y a Olga Álvarez (Penal 1 de Valladolid) como togados de refuerzo en la sección segunda de lo Penal de Valladolid. 

La incorporación de ambos sería bajoel régimen de comisión de servicio «sin relevación de funciones». Esto quiere decir que segurían atendiendo al mismo tiempo el trabajo de sus órganos de procedencia.

El acta de la sesión 1/2024 de la comisión permanente de la Sala de Gobierno del alto tribunal castellano y leonés también acordó elevar el nombramiento de un tercer juez, Javier Muñiz Tejerina (sección tercera de  lo Penal de la Audiencia de León) en caso de no prosperar la propuesta formulada. Los jueces Marcos y Álvarez partieron con la ventaja de pertenecer a la jurisdicción perteneciente (Valladolid) al órgano a reforzar, sin olvidar que la sección 3ª de lo Penal de León ya está siendo auxiliada y el criterio asentado es «no informar favorablemente comisiones de servicio peticionadas por jueces «que presten servicio  en órganos objeto de alguna medida de apoyo». 

El TSJ justifica el apoyo para cubrir las dos plazas como «refuerzo temporal», en régimen de comisión de servicio sin relevación de funciones, durante el tiempo  que, previsiblemente va a durar el juicio oral de la causa conocida como ‘La Perla Negra’, «causa de gran complejidad y notoria trascendencia pública», cuya celebración está prevista ente el 26 de febrero y el 8 de mayo de 2024, «periodo que no puede  descartarse haya de prolongarse dadas las cuestiones previas anunciadas por las  partes»,  razona la sala de gobierno del tribunal que preside José Luis Concepción. 

Declarar en último lugar

Todo ello con la finalidad de que los magistrados de refuerzo puedan formar sala, junto  con el magistrado restante de la sección, «para deliberar y resolver los recursos y  celebrar los juicios correspondientes, especialmente causas con presos preventivos,  durante el periodo de tiempo indicado», concluye el TSJ. 

El caso ‘Perla Negra’ va a tener otra circunstancia no muy habitual. La sección segunda de la AP del pasado mes de noviembre en el que fijó las fechas del juicio, accedió a que los acusados declaren en último lugar tras la práctica de la prueba testifical y pericial, a fin de garantizar mejor el derecho de defensa dada la complejidad y especiales características de este procedimiento».

Declaración que, según fija el mismo auto, comenzarán los dos principales encausados, Rafael Delgado y Begoña Hernández, los ex viceconsejeros de Economía que se enfrentan a 11 años de cárcel por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y revelación de secretos.

A los ex viceconsejeros les seguirán los diez restantes encausados en el caso Perla Negra: Juan Carlos Sacristán (ex consejero delegado de Gesturcal, para quien piden 11 años de cárcel), Salvador Molina (ex director gerente de Gesturcal, con una petición de condena de cuatro años), Francisco Armero (ex director financiero de Gesturcal, que se expone a una pena de 4 cuatro de prisión), Alberto Esgueva (ex director de ADE, petición de 6 años de cárcel), Germán José Martín Giraldo (administrador de Urban Proyecta, a quien le piden 6 de prisión), Ángel Román Montes López (Urban Proyecta, petición de seis años), Luis Antonio Recio (Parque Empresarial Portillo, le piden seis años de prisión), Francisco Esgueva (Cementos La Bureba, Parque Empresarial Portillo, se enfrenta a seis años de cárcel), Luis Ángel Rodríguez Herrero (Parque Empresarial Portillo, petición de seis años de prisión) y Carlos González Maestro (secretario de Parque Empresarial Portillo, quien también se enfrenta a seis años de cárcel). Un orden que según detalla el auto de la Audiencia, sobre el que no cabe recurso, «no existen razones para modificar».

El  juicio sienta en el banquillo a 12 encausados, para los que la Fiscalía solicita penas que suman 79 años de prisión por los delitos de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, y una fianza de 18 millones de euros.