Piden a los tribunales que se cumpla la sentencia sobre los pisos de Ebro y Valladolid reciba 21 millones
El Supremo y el TSJ tendrán que volver a pronunciarse sobre el cumplimiento de los fallos en relación a esta operación urbanística
Los tribunales Supremo y Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León tendrán que volver a pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia que ratificó la ilegalidad d ellos pisos de Ebro o piensos Cia en Valladolid, ante los recursos que presentará la Asociación Ciudad Sostenible que reclama la participación de los ciudadanos en las plusvalías generadas y que sitúa en 21 de millones de euros.
En un comunicado, la organización avanzó la interposición de un recurso de reposición previo al que presentará ante el Supremo contra el auto del TSJ del 28 de febrero en relación con la ejecución de la sentencia, al considerar que no se cumple solo con la publicación de la misma, informa Ical.
Asimismo, la organización expuso que ante la inactividad municipal y judicial para su ejecución, la Asociación ejerció en 2014 la acción pública para instar la ejecución forzosa de la sentencia del TSJ de 2007 y del Tribunal Supremo de 2011 que ratificó la ilegalidad de los pisos de Ebro, anulando la orden de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 en los ámbitos de la fábrica de Piensos Cia y la azucarera Santa Victoria.
Entonces, recordó, el TSJCyL mediante dos autos de 2014 y 2015, con voto particular en contra, declaró terminada la ejecución con la mera publicación del fallo. Ciudad Sostenible acudió al Supremo denunciando que los autos recurridos contradecían el fallo de la sentencia porque al declararla ejecutada convertían el fallo en un pronunciamiento “meramente ilusorio, sin trascendencia real ni jurídica alguna”.
“Desde un elemental sentido común y de la justicia no es comprensible que simplemente porque se ha tardado más de ocho años en resolver este proceso (2003 a 2011) los vecinos de esa zona de la ciudad se queden sin las dotaciones y el Ayuntamiento sin las cesiones a que, según la sentencia, tendrían derecho y que no se han obtenido por haberse ejecutado un plan ilegal, ni es comprensible que a los promotores que se han lucrado con el aprovechamiento obtenido del ilegal planeamiento no se les exija el cumplimiento de las obligaciones que la obtención de ese aprovechamiento lleva ineludiblemente anudadas”, expuso el colectivo.
Además, destacó que hasta quienes han resultado “perjudicados”, las promotoras, por la sentencia han entendido que ésta les obliga a efectuar las cesiones. Por ello, considera que tampoco es comprensible que se consagre, de hecho, una situación ilegal y no se exija la restitución de la legalidad urbanística conculcada, que se prive a la colectividad de las plusvalías generadas por la actuación urbanística y, en suma, que se olvide que el reparto equitativo de las cargas y los beneficios.
El Tribunal Supremo en 2016 estimo el recurso de casación de Ciudad Sostenible y a partir del reconocimiento de que el fallo de la sentencia firme no se agota con la simple publicación de aquél, ordeno a la Sala de instancia que prosiga la actividad de ejecución mediante la adopción de las medidas pertinentes para el completo cumplimiento del fallo.
El auto del TSJ de febrero de ese año, “desoyendo” al Supremo, se resiste a “la necesidad de una diligente actividad judicial más intensa que precise, analizando todas las circunstancias concurrentes, en qué medida se puede restablecer la realidad anterior a la modificación anulada adoptando las medidas adecuadas para el logro de tal fin”.