Adelgaza’ el macrojuicio por multiestafa al aceptar 18 acusados pacto de condena

El macrojuicio por estafa por la creación de sociedades falsas con las que se ‘inventaron’ presuntamente nóminas para generar meses de cotización para prestación por desempleo y avales de financiación de compras, ha conseguido ‘adelgazar’ su dimensión en número de acusados, 65, después de que 18 investigados hayan pactado una pena de conformidad con la Fiscalía y el resto de acusaciones, según informaron fuentes del caso.

La Fiscalía solicitaba inicialmente penas que sumaban más de 190 años de prisión por esta trama creada por el supuesto cabecilla, M.A.M.D., un asesor de empresas con título legal, acusado de crear 16 sociedades falsas con decenas de trabajadores ficticios –personas reclutadas en ambientes marginales– que después cobraban el desempleo o adquirían bienes de lujo con el aval de sus ‘nóminas’, con el consiguiente desfalco a concesionarios, grandes superficies, comercios y a la Seguridad Social. La cuantía de la estafa asciende a s 372.403 euros y solo el cabecilla se enfrenta a casi once años de cárcel.

Con esta reducción, son, de momento, 47 los investigados que se sentarán en el banquillo entre el 23 de octubre y el 23 de noviembre. Pero no en la Audiencia de Valladolid como sería natural, sino en un pabellón de la Feria de Valladolid, reconvertido en sala de vistas para alojar a un juicio inicialmente previsto para acoger a 65 acusados, 48 letrados defensores, seis acusadores particulares, un fiscal, el tribunal, personal de Justicia, la prensa, el público y los testigos.

Las fuentes puntualizaron que hasta el inicio del juicio podrían seguir el camino de aceptar una pena de conformidad «más acusados», por lo que la cifra de personas en el banquillo podría reducirse sustancialmente y con ello la duración del juicio, previsto inicialmente para un mes y que podría quedar resuelto en dos semanas o menos.

Los dieciocho que se han conformado con la pena pactada no son los considerados como presuntos organizadores de la trama de primer nivel –el citado supuesto cabecilla M.A.M.D., 51 años, y titular de un pequeño despacho en 2012 y 2013, época de los hechos investigados, ubicado en el Pasaje Gutiérrez, y sus colaboradores directos– sino implicados en menor nivel, según las fuentes consultadas.

El caso tenía otro frente abierto que ha conseguido enderezarse en las últimas semanas. El 16 de julio la sección segunda de la Audiencia de Valladolid, la misma que dirigirá la vista oral, emitió una requisitoria contra siete de los 65 encausadas para su detención e ingreso en prisión que estaban en paradero desconocido.

Dos meses después, la gran mayoría están ya a disposición de la Audiencia Provincial. «Prácticamente casi todos, la ínmensa mayoría, han sido hallados y casi todos han comparecido ante la Audiencia de Valladolid, hasta el punto de que a alguno de ellos, que no tenía letrado, se le ha asignado uno», indicaron.

La labor de localización, al menos inicialmente, se abordó con recelo de que podría ser complicada, pero ha sido un éxito. Al menos tres de los buscados eran nacidos en otros países: concretamente en Colombia, Bulgaria y Marruecos.

Y el buscado del país del Este era lugarteniente de M.A.M.D., encargado de la captación de las personas de segundo nivel, controladores o testaferros de empresas, además de administrador único desde abril de 2012 de una sociedad de hostelería, en este caso con actividad real y con sede en Villanubla, en la que se dio de alta sin trabajar a otros cuatro acusados.

La complejidad de la vista oral derivada del Procedimiento Abreviado procedente de las Diligencias Previas 2922/2013, viene motivada por varias causas.

Junto al hecho de que han pasado cinco años desde que el Cuerpo Nacional de Policía desmanteló, el 25 octubre de 2013, dentro de la ‘Operación Árbol’, el núcleo central de la trama, con 21 detenidos inicialmente, sucede que gran parte de los reclutados y también investigados, eran toxicómanos, ex presidarios y desempleados que atravesaban serias dificultades económicas y por ello se prestaron a ser titulares de empresas ficticias, sobre las cuales pivotaba todo el engaño: de sus falsas nóminas otros acusados lograban autorizaciones de crédito de compañías financieras y en otros casos generaban mensualidades de cotización a la Seguridad Social para luego cobrar la prestación por desempleo.

Además de la Fiscalía, las seis acusaciones particulares son la Tesorería General de la Seguridad Social, FFBank. BBVA, FinanMadrid y Mercedes Benz Financiera, más una particular perjudicada. El acusador público es Manuel Javato, especialista en delitos económicos y laborales, y que ya fue el fiscal de la instrucción.