La fiscal sostiene que el exalcalde sabía lo que firmaba pero actuó «de espaldas» a la Corporación

La fiscal ya había anunciado que mantendría sus peticiones para los tres acusados y sostuvo en sus conclusiones finales que los tres eran conscientes del alcance de lo que implicaban las comfort letter, pero actuaron «de espaldas a la Corporación municipal». Aseguró que la ignorancia alegada por los tres sobre lo que significaban estos documentos son meras «manifestaciones exculpatorias» y recordó que el exalcalde y los dos concejales no eran «unos ciudadanos a los que se ha pillado por la calle para ostentar una responsabilidad» dado que tenían experiencia en la gestión. La representante fiscal consideró inexplicable que el alcalde no se leyera «un documento de esta naturaleza» para saber «que los bancos exigían unas garantías adicionales». Según su interpretación, el alcalde era «plenamente consciente» de que firmaba «un documento que comprometía a la hacienda municipal», pero «se obvió el procedimiento» y se «usurpó la voluntad de la representación municipal». Para los tres mantuvo las penas solicitadas: 9 años de prisión y 33 de inhabilitación para el exalcalde y 24 años de inhabilitación para los dos exediles.

El letrado del Ayuntamiento sostuvo que los tres acusados «conocían la existencia de las cartas» y los tres votaron a favor, en el caso de León de la Riva, además con su firma. Frente al argumento de que no hubo perjuicio, señaló que «para la prevaricación y la falsedad no necesita acreditarse el perjuicio». También mantuvo su petición de 3 años de cárcel para el ex regidor.

El abogado del exconcejal de Hacienda Alfredo Blanco, en una larga intervención, recordó que fue León de la Riva el que firmó las cartas «sin consultar a nadie», porque no sabía de su trascendencia, añadió, y exculpó a su defendido por cuanto «no tenía ninguna obligación de tomar ninguna decisión si no era requerido para ello dado que no tenía atribuciones».