De la Riva reprocha a la fiscal que le pidan más cárcel a él que a los miembros de ‘La Manada’

El titular informativo en el tercer y último día del juicio celebrado en la Audiencia Provincial contra el exalcalde Francisco Javier León de la Riva y los ex ediles Manuel Sánchez y Alfredo Blanco se lo ganó el que fuera regidor de Valladolid durante 20 años. Lo más noticioso no fue el duro alegato de la fiscal y de la acusación particular, representada por el asesor jurídico del Ayuntamiento, previsibles por otra parte tras conocerse desde el día anterior que mantendrían sus peticiones, en el caso del ministerio público de 9 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exalcalde y de 24 años de inhabilitación para los dos exediles.

Tampoco la intervención del letrado de León de Riva, punzante, irónica en algunos pasajes, logró eclipsar los dos minutos finales de parlamento de su defendido. En el turno último que el tribunal da a los acusados para digan lo que consideren oportuno, León de la Riva se despachó contra la fiscal del caso y contra el alcalde, Óscar Puente.

A la representante del ministerio fiscal, Ana Valle, le reprochó que pida para él, por la firma de las tres ‘comfort letter’ que le han llevado al banquillo, «una pena superior» a la impuesta a los miembros «de La ‘Manada’» por la violación de una joven en Pamplona o la solicitada «por un presunto golpe de Estado en Cataluña», en referencia a los promotores del referéndum ilegal del 1 de octubre del pasado año.

Recordó «el calvario» que soportan él y su familia, y aquí se le quebró la voz, «desde que el alcalde (Puente) incumplió su compromiso de no llevar el caso a la vía penal y dejarlo sólo en la vía administrativa», pero «en especial» tras conocerse la petición de la Fiscalía a 9 años de prisión y 27 de inhabilitación; una condena que «por la biología no se podría cumplir». Tras aparecer la noticia en las televisiones, dijo que los ciudadanos se quedarán con la impresión, a la vista de la pena que le piden, de que «algo se ha llevado o de a quién habrá beneficiado».

Insistió en que desconocía «la trascendencia de lo que era una carta de conformidad», su línea de defensa durante el juicio, negó que fuera un aval que obligaba al Ayuntamiento a devolver 100 millones de euros del préstamo del soterramiento y preguntó por qué tenía que saber él lo que era una comfort letter «cuando los más altos funcionarios del Ayuntamiento (en alusión al secretario y el interventor) no lo sabían».

Pero el exalcalde le tenía ganas también a su sucesor y aprovechó la ocasión para cargar contra él. Aseguró León de la Riva que existía un acuerdo tácito con Puente para no acudir a la vía penal, aunque, siempre según su versión, luego el alcalde le comentó «los incordios del PP en la oposición» y entonces «se olvida del pacto y tira adelante con la vía penal». Todavía tuvo un dardo más para Puente. En contestación a lo declarado por el alcalde el día anterior en el sentido de que mientras estuvo en la oposición el equipo de León de la Riva nunca le facilitó información sobre el soterramiento, el exregidor dijo que él siempre informó de las reuniones de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en la junta de portavoces del Ayuntamiento, pero «otra cosa es que el señor Puente no acudía porque se dedicaba a la actividad privada», aunque el presidente del tribunal, Feliciano Trebolle cortó esta deriva.

Al igual que su defendido, el abogado del exalcalde, José María Tejerina, consideró «un disparate» la petición de 9 años de cárcel «por la omisión de un trámite administrativo sin perjuicio económico». Insistió en que la firma de las tres ‘comfort letter’ por parte del exregidor, sin ningún trámite y sin pasar por el pleno, no ha supuesto «la pérdida de un solo euro y nadie se ha quedado con nada ni ha habido malversación».

Para Tejerina, por tanto, la firma de las tres cartas, por las que el fiscal acusa a De la Riva de los delitos de prevaricación y falsedad documental, resultó «inocua» y además, en contra de lo que sostienen Fiscalía y acusación particular como eje de su argumentación, «no obligaban» al Ayuntamiento a devolver a los bancos los 100 millones que le correspondían del préstamo solicitado por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Esta fue la razón que, según dijo Puente, le llevó a denunciar los hechos por cuanto habría obligado «al cierre económico del Ayuntamiento». Para el letrado de León de la Riva, «las cartas tienen un alcance indirecto» y, desde luego, «no implican una prestación de garantía».

En cuanto a por qué no se siguió ningún trámite y el alcalde las firmó por su cuenta y riesgo, sin pasar ni por la asesoría jurídica ni por el interventor ni por el pleno, la explicación para el abogado defensor es tan simple como que «no se hacen los trámites porque no se sabe que hay que hacerlos». El abogado concluyó que no existe «contenido penal» en la firma del alcalde y pidió su absolución, aunque añadió que, en todo caso, podría interpretarse que concurren las circunstancias para considerarlo un caso de falsedad por imprudencia.

También pidió la absolución para su otro defendido, el exedil Manuel Sánchez, por cuanto dijo que no tuvo ninguna atribución sobre la operación ferroviaria hasta 2012, cuando las tres cartas de conformidad objeto del juicio son de de los años 2008, 2010 y 2011.