Puente declara que el aval firmado por De la Riva causaba un «boquete insuperable»

Alcalde frente a exalcalde. Fue la fotografía ayer en el segundo día del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid por el caso de las ‘comfort letter’, los tres avales firmados por el exregidor Francisco Javier León de la Riva para garantizar la devolución por parte del Ayuntamiento de 100 millones del euros del préstamo solicitado por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para acometer el soterramiento.

El anterior regidor y su sucesor se encontraron en la sala de vistas en una imagen insólita. El primero como acusado y con una petición de condena de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por parte de la Fiscalía. El segundo como testigo de la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento. En realidad Puente era ayer testigo, pero ofició en su declaración como acusador dado que fue él quien denunció la existencia de una ‘comfort letter’, la de 2011, a la que luego se sumaron otras dos, la de 2008 y la de 2010. León de la Riva giró la cabeza hacia Puente cuando éste entró en la sala, aunque durante su declaración, como ya hizo el primer día de la vista, el exalcalde, sentado junto a su letrado, mantuvo la mirada en el tribunal y casi no miró a los testigos.

A preguntas tanto de la fiscal como del asesor jurídico municipal, Puente hizo hincapié en sus declaraciones en las graves consecuencias para las arcas municipales de haberse tenido que ejecutar la ‘comfort letter’, la carta de conformidad exigida por los bancos, y verse obligados a devolver los 100 millones que le correspondían al Ayuntamiento del préstamo total de 400 millones que suscribió la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Aseguró el regidor que de haberse producido está circunstancia se habrían visto «atados de pies y manos» y el pago de los 100 millones habría provocado «un boquete insuperable» en las finanzas municipales hasta abocar al Ayuntamiento «al cierre económico».

Explicó Puente que tras conocer, a finales de 2015, a los pocos meses de acceder a la alcaldía, la existencia de la ‘comfort letter’, de la que fueron informados en una reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad celebrada en Madrid, y dado que el plazo para devolver la deuda vencía el 1 de enero de 2016, con lo que a partir de entonces se ejecutaría el aval, se decidió anular la carta en el pleno y denunciarlo ente la Fiscalía «para proteger el erario público municipal». Como dato revelador, apuntó que «no había ninguna copia de esos documentos», en alusión a las tres cartas de conformidad, ni el interventor ni el secretario las conocían, como luego confirmaron en su declaración.

A preguntas del ministerio fiscal, Puente recordó el contraataque de los bancos, en respuesta a la anulación de la carta de conformidad, con la presentación de seis recursos contenciosos administrativos, hasta que el pago de los 400 millones de la deuda por parte del Ministerio de Fomento, un acuerdo recogido en el nuevo convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad suscrito en noviembre del pasado año, zanjó la cuestión.

Tanto el letrado que comparten León de la Riva y el exconcejal Manuel Sánchez como el del exedil Alfredo Blanco, para los que la Fiscalía pide 24 años de inhabilitación, como el propio presidente del tribunal, Feliciano Trebolle, preguntaron al alcalde si la firma de las comfort letter por parte León de la Riva provocó algún perjuicio económico.

El alcalde admitió, como evidente, que el «Ayuntamiento no ha tenido que responder de los 100 millones», pero añadió que ha costado «dos años de trabajo de la Corporación municipal». Abundó en la explicación para señalar que puede entenderse que no habido perjuicio económico si se considera que el «trabajo» de alcalde, concejales, secretario municipal, del interventor y el de otros funcionarios «no tiene valor» , pero advirtió de que las cartas de conformidad condicionaron de forma decisiva el nuevo convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Con el nuevo acuerdo, señaló Puente, el dinero que se obtenga por la venta los suelos con los que estaba previsto financiar el soterramiento «se destinará a reembolsar a Fomento» los 400 millones que ha adelantado para pagar la deuda que arrastraba la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

«El Ministerio pone los 400 millones, pero eso no saldrá gratis a la ciudad porque quien paga pone condiciones y de ahí que recuperará con absoluta prioridad ese dinero con la venta de los terrenos de los antiguos talleres de Renfe», añadió.

El abogado de León de la Riva quiso ahondar en la existencia o no de perjuicios y preguntó si lo suelos con los que se cobrará Fomento el dinero adelantado pertenecen al Ayuntamiento para que pueda considerarse lesivo para las arcas municipales. Puente admitió que «son de Adif», si bien matizó que como consecuencia de las comfort letter se ha producido «un cambio en el destino» de ese dinero, que antes estaba previsto para un proyecto municipal y ahora irá para Fomento.

El letrado de Alfredo Blanco preguntó al alcalde si las cartas de conformidad tienen la consideración de avales dado que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad es una entidad ajena al Ayuntamiento y, como tal, no puede ser avalada por el consistorio.

Puente quiso dejar en evidencia que no se siguió el procedimiento reglamentario al no pasar por el interventor ni por el pleno y recordó que la Junta de Castilla y León «estaba en la misma posición que el Ayuntamiento», con un 25% de participación en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, por tanto también socio minoritario, pero validó los documentos en su Consejo de Gobierno.