Varapalo judicial al Ayuntamiento de Tordesillas por el Toro de la Vega
L El TSJ respalda la prohibición de matar al astado, rechaza plantear una cuestión al Constitucional e impone costas a la Corporación L «La tradición sin más no es un argumento», plantea el Tribunal
Participantes en el encierro del Toro de la Vega 2017, ya sin muerte, persiquen a ‘Príncipe’ en la rotonda del puente, antes de su entrada al pinar.-J. M. LOSTAU
El retorno a un Toro de la Vega al modo tradicional, con muerte, está ahora más lejos de hacerse realidad pese a los intentos de los munícipes de Tordesillas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), con sede en Valladolid, desestimó la pasada semana un recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento tordesillano que pretendía conseguirlo.
Lo hizo mediante una sentencia firmada el 30 de abril por Ana María Martínez Olalla, presidenta del Tribunal, órgano colegiado en el que también participaron los magistrados Encarnación Lucas y Luis Miguel Blanco. La sentencia no es firme, pero deja como único camino al Ayuntamiento de Tordesillas un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días. La Administración municipal aún no ha decidido si seguir esa vía y continuar pleiteando con la Junta de Castilla y León, contra la prohibición de dar muerte al Toro de la Vega.
«La tradición sin más no es un argumento para justificar la persistencia de determinados ritos que la sensibilidad social actual puede rechazar. No hace falta citar aquí tradiciones de tiempos pasados cuya admisión ahora resulta impensable», argumenta la sentencia. Tampoco considera un motivo a tener en cuenta «la asistencia de un mayor o menor número de visitantes al festejo, sean partidarios o detractores».
Se trata de la segunda estrategia judicial del Ayuntamiento de Tordesillas, tras verse truncada la primera, una cuestión de inconstitucionalidad planteada ante el Tribunal Constitucional (TC) por ‘vulneración del principio de autonomía local’, que el propio TC inadmitió a trámite mediante el Auto 206/2016, de 13 de diciembre de 2016. Ese pretendido conflicto se planteaba en relación al Decreto-ley 2/2016, de 19 de mayo, la primera norma que prohibió dar muerte a la res, antes de la ratificación del Pleno de las Cortes.
Esta vez, el recurso pretendía provocar una segunda consulta al TC. Por un lado, pedía que se revocara la sentencia 146/17 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Valladolid, de 4 de octubre de 2017, que desestima el recurso de alzada presentado frente a la resolución de 24 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, por la que no se autorizó la celebración del Toro de la Vega. Por otro lado pretendía que, en su lugar, se dictara otra por la que se anularan las resoluciones recurridas y, previamente a ese dictado, se planteara una cuestión de inconstitucionalidad contra el mencionado Decreto-ley 2/2016 de 19 de mayo.
El TSJ rechaza todas estas pretensiones de plano y, además, impone costas al Ayuntamiento de Tordesillas, aunque «en aplicación del principio de moderación y atendiendo a la dificultad del asunto planteado» limita la tasación de esas costas a 1.000 euros.
La noticia de la sentencia sorprendió al alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela (PSOE) en un acto en Madrid, la entrega de premios de la XV edición del Concurso de Dibujo sobre Derechos Humanos Defensor del Pueblo, ya que uno de los galardonados fue Adrián Abril, alumno del CEIP Pedro I de Tordesillas. Por su parte el portavoz del Grupo delPP, Miguel Ángel Oliveira, convocó a los afiliados del partido a una reunión a las ocho de la tarde, para decidir la postura a tomar por la formación.
El recurso desestimado se basó en cuatro argumentos que el Consistorio ya había expuesto en su recurso de alzada. En primer lugar, que la muerte del toro es «esencia del rito taurino de sacrificio». Subrayaba este enunciado señalando que el Gobierno de España, «sustentado por el mismo partido que el de Castilla y León, recurre que no se pueden matar los toros en las Islas Baleares».
En segundo lugar, el recurso niega el carácter de «extraordinaria y urgente necesidad» que es necesario para dictar un Decreto-ley como el publicado para prohibir la muerte del toro, cuestiona si esa urgencia es «sólo para Tordesillas», y apunta que se trataba de razones «de mera conveniencia política».
En tercer lugar, el documento expone la «vulneración de las competencias del Estado y de los principios de jerarquía normativa y autonomía local» que ya había sido inadmitida a trámite por el TC, y por último cuestiona la condena a costas, pues «el caso contiene elementos que ofrecen serias dudas», causa de exención con arreglo a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.