El letrado de León de la Riva alega neumonía y pide la suspensión del juicio

El abogado defensor del excalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva solicita ahora la suspensión del juicio por el denominado ‘caso de la Comfort Letter’, previsto para el próximo 25 de abril, tras alegar la enfermedad de su patrocinado.

El escrito, informa Europa Press, fue presentado ayer ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, órgano encargado de celebrar la presente vista oral, y en el mismo el letrado José María Tejerina solicita la suspensión del juicio y presenta para ello certificado de que el propio Tejerina está de baja por efermedad.

El presidente de la citada sala y de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, en declaraciones a Europa Press, subrayó el contratiempo que una petición así origina debido a la «apretura de fechas» que sufre su tribunal ante el gran número de juicios ya señalados hasta septiembre y, en cualquier caso, anticipa que la decisión final sobre si la vista quedará o no aplazada se tomará el día anterior al juicio, el próximo 24 de abril.

El exalcalde, Javier León de la Riva, se enfrenta a nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por las tres cartas de conformidad suscritas en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval y la última de ellas que comprometía al Ayuntamiento a aportar 100 millones, el 25% del crédito de 400 que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento.

Al exregidor, a quien, junto con la pena de cárcel y su inhabilitación, la acusación pública interesa una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Códido Penal, se le imputan tres delitos de prevaricación y otros tantos de falsedad documental.

A sus excompañeros de bancada, el ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, cuya dimisión como edil hizo efectiva el pasado sábado’, y al ex edil de Movilidad, Manuel Sánchez, la Fiscalía de Valladolid pide para cada uno de ellos 24 años de inhabilitación, en su condición de entonces integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de tres delitos de prevaricación pasiva o por omisión.

Por su parte, el Ayuntamiento, personado como acusación particular, solicita para León de la Riva una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación administrativa, así como siete de inhabilitación para Blanco y Sández por delito de prevaricación pasiva o por omisión.

En sus respectivos escritos, las acusaciones pública y particular coinciden en que tanto el entonces alcalde como los dos concejales delegados obviaron, de forma deliberada todo trámite necesario y no efectuaron comunicación alguna acerca de las garantías que, no previstas en el presupuesto municipal, vinculaban al Ayuntamiento.

De hecho, recuerdan que la ‘carta de conformidad’ exige de un determinado procedimiento: el informe de la Intervención, en el que se analizara la capacidad de la entidad local para hacer frente a las obligaciones; la probación del órgano competente que, de estar prevista la operación en el presupuesto, y no superar el 10% de los recursos ordinarios recogidos en dicho presupuesto, sería el presidente de la Corporación y, de superar estos límites, el Pleno del Ayuntamiento; la autorización del órgano de tutela de la Junta, o cuando el nivel de endeudamiento superara el 110% (en 2010, el 125%), y la anotación de la operación en la Central de Riesgo del Ministerio de Hacienda.