Un guardia civil entre los 47 detenidos en la macrorredada de droga y blanqueo

La Operación Rosado contra la droga y el blanqueo se saldó con un total de 47 detenidos y 10 personas en la cárcel. El Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid decretó ayer prisión provisional sin fianza para cuatro de ellos y prisión provisional eludible bajo fianzas de 4000E a 10.000E para los otros seis. Los nueve restantes han sido puestos en libertad con la obligación de comparecer ante el Juzgado cuando se les requiera. Uno de los detenidos era un guardia civil que ya ha sido puesto en libertad.

La denominada por la Policía Nacional como «la organización criminal más activa de Valladolid dedicada al cultivo, suministro y venta de droga» ha terminado con 47 personas detenidas. Para ello, ha sido necesario llevar a cabo 31 registros en los que se intervinieron 800 plantas de marihuana, más de 49.000E, 1 kilo y medio de ketamina, 107 gramos de cocaína, 10 armas largas, dos pistolas, varias armas cortas detonadoras y 19 vehículos.

De manera paralela, los agentes están realizando una investigación patrimonial por un presunto delito de blanqueo de dinero.

Debido a la peligrosidad del entramado criminal, casi 200 agentes han formado parte del dispositivo policial en una investigación que empezó el pasado mes de septiembre cuando se detectaron movimientos sospechosos alrededor de una conocida familia con antecedentes por tráfico de drogas.

Los agentes intensificaron entonces la vigilancia y pudieron comprobar que, alrededor de la familia, existía una organización criminal con unas competencias perfectamente definidas y delimitadas.

En la madrugada del martes tuvieron lugar casi una treintena de registros simultáneos en Valladolid, Zamora y Segovia. El dispositivo contó con la presencia del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Unidad de Intervención Policial (UIP), Guías Caninos y decenas de agentes pertenecientes a la Brigada Central de Estupefacientes y a la comisaría provincial de Valladolid. Posteriormente se realizaron otros cuatro registros más.

El subdelegado del gobierno, Luis Antonio Gómez Iglesias, compareció ayer ante los medios de comunicación para facilitar todos los datos de la denominada ‘Operación Rosado’.

Gomez Iglesias aclaró que se trata de una operación que «viene de atrás», que se empezó en «septiembre» del año pasado cuando se detectaron y se «interceptaron algunas ventas que sirvieron de pistas acerca de la procedencia de la droga». A partir de este momento, fue necesario «poner en marcha una operación lo suficientemente amplia» que permitiera abarcar con garantías la magnitud de la situación. La operación ha contado con el «apoyo simultáneo» y permanente de «Justicia» y ha sido necesario «movilizar a 26 letrados» y contar con el apoyo de algunos «recursos de Madrid».

El subdelegado añadió que la operación ha sido llevada a cabo por el «grupo tres de la policía judicial de Valladolid», a quienes «felicitó por su labor» durante estos meses.

Con respecto a las cantidades incautadas por la Policía Nacional, Gómez Iglesias considera que, «aunque puedan parecer cantidades poco importantes para el tamaño» y la magnitud de la operación, la clave radica en la «desarticulación del grupo delicuencial más importante en venta de droga que han tenido conocimiento en los últimos años» y «descartó» cualquier relación con la operación similar y paralela de Zamora.

Entrando en detalles de la operación, el subdelegado del gobierno afirmó que «se han llevado a cabo intervenciones y registros en la provincia de Valladolid y, más concretamente, en Tudela, Laguna de Duero, Aldemayor, Villabáñez y Santovenia». Fuera de la provincia se ha intervenido en «Torres de Carrizal (Zamora) y en San Cristobal (Segovia)».

Además de las cantidades de droga incautadas, se han interceptado «17 vehículos de lujo y de alta cilindrada», un «indicador» más, junto con el de la droga, para «poner en marcha el dispositivo de investigación». Y añadió que «al tratarse de un grupo familiar, llamaba la atención que hubiera coches de un nivel, presumiblemente, por encima de sus ingresos».

En relación al dinero, Gómez Iglesias informó sobre los «registros llevados a cabo en diferentes locales, todos ellos pequeños y accesibles al público, y que utilizaban para blanquear el dinero».

Sobre la familia y las dificultades encontradas a lo largo de la operación, destacó el «control que tenía y ejercía el jefe del clan» y que todo «pivotaba» y giraba en torno a él, algo que «dificultó las labores de investigación». En total se arrestaron a 47 personas, ingresando en prisión 10 de ellos. De manera paralela, se está llevando a cabo una investigación por presuntos delitos de blanqueo.