La Junta inicia el proceso para ofrecer 63 pisos de alquiler social en 18 meses

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha iniciado el proceso de contratación para la rehabilitación del viejo cuartel de Puente Colgante, con un presupuesto de 5 millones de euros, con el objetivo de ofrecer en 18 meses un total de 63 viviendas de alquiler social para familias en riesgo de exclusión.

Los pisos tienen una superficie de entre 52 y 87 metros. Ocho viviendas constan de un dormitorio, cuatro de dos y 51 son de tres habitaciones, algunas de ellas adaptadas para personas con discapacidad. La renta prevista, según los estudios iniciales de la Junta, oscilará entre 125 y 400 euros mensuales.

Todo ello para atender a unidades familiares de distintos ingresos: 32 viviendas denominadas de ‘alquiler social’ alojarán familias con ingresos menores de 9.000 euros anuales, mientras que 31 se catalogarán como viviendas de ‘alquiler protegido’ para familias con ingresos totales que oscilen entre 7.500 y 22.500 euros anuales.

El viejo cuartel de la Guardia Civil, que cerró sus puertas en febrero de 2015, tiene la particularidad de que será el primer bloque de viviendas de toda la Comunidad impulsado por la Junta para uso exclusivo de alquiler social. De esta forma, se integrarán en el parque de más de 1.200 pisos –200 de ellos en Valladolid– que posee la Junta.

La condición que marca la Junta es que la empresa que redacte el proyecto de ejecución sea la misma que realice las obras de rehabilitación. Según sus cálculos, la firma del contrato se producirá al final del verano con un plazo de ejecución de 14 meses y 15 días. En concreto, establece 75 días para la redacción del proyecto y doce meses para ejecución de las obras en el lavado de cara del antiguo destacamento de la Benemérita, construido en 1949 y que es propiedad de la Junta de Castilla y León.

La inversión para la remodelación –154.339 euros el proyecto y 4.797.372 euros la de rehabilitación– será sufragada en un 76% por la Junta y en un 24% por el Ministerio de Fomento, según un convenio que firmaron en 2016.

La Junta considera ineludible que la redactora del proyecto y la ejecutora sea la misma empresa ya que la reforma encierra múltiples complejidades técnicas. En concreto, va a pedir a la adjudicataria que defina «con el nivel exigible» al proyecto de ejecución, «las técnicas específicas, soluciones y productos para el refuerzo o consolidación del terreno, la cimentación y la estructura del edificio».

«Habida cuenta de la necesidad de refuerzos en los cimientos, elementos estructurales, vigas y forjados se precisa el conocimiento de las técnicas existentes en el mercado y que son específicas y patentadas por empresas especializadas», agrega la exposición de la Junta.

No hay que olvidar que, desde 2015, el edificio se encuentra en estado oficial de ruina. Es un bloque fantasmagórico con puertas y ventanas a ras de calle tapiadas con cemento, y otras sin cristales ni marcos de ventana. Y eso que en el año 2015 la Consejería de Fomento actuó durante varios meses para en corregir lo perentorio, como la retirada de elementos que amenazaban con caerse a la calle, vallado del gran patio exterior, tapiado de puertas o el tapado de huecos para prevenir humedades.

La Junta valora destinar los bajos a dotaciones para el barrio

La propuesta que lanzó hace un año la asociación vecinal ‘Ribera de Curtidores ‘ para que los bajos del edificio acojan dotaciones sociales, puede tener cabida en el proyecto de la Junta, al menos parcialmente. Fuentes de la Consejería afirmaron ayer que están «en conversaciones» para que puedan asentarse usos «siempre de contenido social», aunque agregaron que aún no hay nada cerrado.

La asociación de vecinos de la zona solicitó a la Junta que modificase levemente la reforma prevista para habilitar sólo 52 de las 6 3 viviendas previstas y que, en los pisos bajos de los ocho inmuebles, se acondicionasen las dotaciones sociales que, según los vecinos del barrio, son necesarias en el lugar. Estas instalaciones estarían compuestas por dos viviendas para refugiados y otras dos para víctimas de malos tratos, mientras que otros locales se destinarían a un centro sociosanitario, un centro de día y otro de personas mayores.

También se incluirían locales para una guardería municipal y un centro juvenil, además de aulas de atención al Alzheimer y al Parkinson, un Aula de Naturaleza junto al río y un Centro Municipal de Atención Social. Para llevar a cabo estas modificaciones se precisaría de una licencia distinta a la que concedió el Ayuntamiento en septiembre de 2016 para la reforma de viviendas. Aunque este cambio sería fácilmente subsanable.