El alcalde asegura que siempre tuvo intención de cumplir la sentencia del ‘caso de los áticos’

La ausencia de planos y las decisiones técnicas. El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, se ajustó a lo previsto e insistió en que el retraso en la ejecución de la sentencia para restituir la legalidad al edificio de Caja Duero se debió la falta de planos del inmueble tal y como estaba en 1946 y, en todo caso, a las decisiones técnicas, pero en modo alguno hubo intención por su parte de incumplir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. «Yo me limité a decir que se cumpliera la sentencia, el alcalde es el responsable último pero son decisiones puramente técnicas».

La frase resume la línea argumental del regidor durante la vista celebrada en el juzgado de Instrucción número 2 por un presunto delito de desobediencia, un juicio en el que se juega su futuro político.

La cuestión a dilucidar era, y es, si hubo intención manifiesta del regidor de incumplir la sentencia del TSJ de abril de 2008. En su fallo, el tribunal anuló las licencias de obra para la rehabilitación del edificio y de ocupación tras comprobar que en el inmueble que tenía Caja Duero en la Plaza de Zorrilla, en el que el alcalde había comprado una vivienda, se habían realizado trabajos que incumplían el Plan Especial del Casco Histórico. En concreto, se incrementó la edificabilidad en todo la planta octava, incluida la construcción de dos áticos en las antiguas carboneras, además de demolerse una galería interior y eliminarse la cubierta inclinada que había en el inmueble. En consecuencia, el tribunal ordenó la demolición de las obras ilegales y la reposición de los elementos eliminados.

Desde la primera sentencia del TSJ en 2008 hasta que el tribunal dio por cumplido el fallo en 2013 pasaron cinco años y hubo seis requerimientos para ejecutarla, cuatro de ellos dirigidos al regidor de forma personal y entregados en mano. Fue ésta la base sobre la que tanto la fiscal como el letrado particular construyeron el edificio de su acusación por desobediencia.

Los dos, fiscal y acusación, trataron de acorralar al alcalde y demostrar que, pese a los requerimientos personales, no hizo nada hasta dos años después de la primera sentencia y cuando se pusieron manos a la obra, transcurridos más de cuatro años, apenas tardaron «unos meses» en cumplirla. Prueba, según ambos, de que no era tan complicado restituir la legalidad del edificio y de que pudo hacerse mucho antes. Como prueba también de que no había intención de cumplir la sentencia, recordaron que la mujer del regidor planteó un incidente de inejecutabilidad del fallo ante el TSJ. El alcalde se limitó a señalar que no supo de la decisión de su esposa hasta después de presentada la petición y que, en todo caso, ésta se limitó «a ejercer un derecho que tiene como todo ciudadano».

Y como incomprensible consideraron ambos que se designara para el proyecto de restitución del edificio a la legalidad al arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, el mismo que dio el visto bueno a las obras de rehabilitación que fueron declaradas ilegales por el TSJ.

Pero fiscal y acusación particular se encontraron con un frontón en el largo y minucioso interrogatorio al que le sometieron al alcalde. Si se ausentó de las votaciones de la Junta de Gobierno en las que se aprobaron los sucesivos proyectos de rehabilitación del edificio -rechazados uno tras otro hasta que en 2013 se consideró que la sentencia se había cumplido- fue por consejo del vicesecretario general del Ayuntamiento al entender éste que podía interpretarse que concurría el interés personal dada su condición de propietario de una vivienda en el edificio. Si no se ejecutaron los trabajos con celeridad no fue por no estar encima dado que, según dijo León de la Riva, «siempre le preguntaba a la concejala cómo iban las obras», señaló en alusión a la edil de Urbanismo, Cristina Vidal, presente en la sala después de que la juez rechazara su testimonio, propuesto por el abogado defensor. El alcalde vino a decir que siempre actuó según el criterio de la asesoría jurídica y de los técnicos.

«Yo no sé cómo tirar un forjado. Lo que no podía es ponerme el casco, tirar de piqueta y subir a la obra. He dado órdenes de que se cumpliera la sentencia a la mayor brevedad posible porque era plenamente consciente de que era preciso cumplirla», dijo en otro momento de su declaración el alcalde, molesto con el tono empleado por el letrado de la acusación particular, Carlos Castro, quien se refirió en repetidas ocasiones a la condición de ginecólogo del acusado.

Pero fue la inexistencia de planos fiables del edificio original como causa principal del retraso en la ejecución de la sentencia la principal baza que jugó el alcalde en su defensa y la que luego exprimió su letrado para pedir la absolución.

La dificultad para saber cómo era el edificio en 1946 fue ratificada por el perito judicial Luis Alfonso Barreda, encargado por el TSJ para comprobar que se había ejecutado la sentencia. Barreda afirmó que tuvieron que realizar una búsqueda poco menos que «detectivesca» para encontrar datos sobre el inmueble original. «Los planos del año 46 no coincidían con el edificio del año 46», dijo como prueba de la complejidad que supuso comprobar si las obras realizadas se ajustaban a lo requerido por el tribunal: «Era muy difícil saber qué es lo que se quería por la Sala».

Este argumento, la ausencia de planos, fue también el eje central del letrado de la defensa, José María Tejerina. Tras un prólogo en el que tachó el juicio de «político», dijo que tuvieron que dictarse «sucesivas decisiones judiciales (por parte del TSJ) para aclarar la sentencia». Incluso después de darse por ejecutada señaló que el TSJconsideró que se había cumplido «en líneas generales», prueba según Tejerina de lo complejo que resultó saber qué era lo que se requería en la sentencia. De aquí concluyó que «hay causas que justifican» el retraso en la ejecución del fallo del TSJ y que, en modo alguno, puede atribuirse a la desobediencia del alcalde. De paso recordó que hay más de 3.000 sentencias sin cumplir en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y ninguna, salvo ésta, acabó en un juicio penal.

La fiscal Urbanismo, Ana Valle, por el contrario mantuvo su petición de 15 meses de inhabilitación para al el alcalde al considerar que hubo una clara intención del alcalde de incumplir la sentencia. La fiscal lo denominó «retórica al servicio del incumplimiento», es decir, hacer como que se intenta cumplir el fallo pero justo para lo contrario: para no hacerlo. Aseguró que el alcalde «era consciente de que los sucesivos proyectos aprobados no iban a pasar el filtro judicial» y en relación a las afirmaciones de que siempre atendió la decisiones de los técnicos y letrados, afirmó que no le exime de responsabilidad «porque la decisión última la toma la persona».

El letrado de la acusación particular no sólo respaldó la tesis de la fiscal sino que ‘disparó’ por elevación y apreció lo que denominó «pluralidad delictiva», es decir «que cada uno de los actos de desobediencia puede recibir una sanción».

Para Castro, León de la Riva «nunca ordenó nada» para ejecutar la sentencia e incurrió en «acto manifisto de desobediencia». «El desobediente es él», dijo y mantuvo su petición de 2 años de inhabilitación.