La exigencia política de una revisión integral de nuestra red ferroviaria

Sin ánimo de cuestionar la seguridad integral de la alta velocidad, que eso ya lo hacen dos tragedias en nueve meses con más de cien muertos, ni de generar más incertidumbre e inquietud de la que ya tienen los pasajeros que cogen un tren en cualquier lugar del país, lo que es cierto es que hay que incrementar la seguridad, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo que no entendemos es a qué espera tras ocho años y el siniestro terrible de Adamuz. ¿A que ocurriera otra catástrofe mayor en víctimas como la de Urda? Es inasumible. Pero es también insoportable.

Y Castilla y León, sin ser el trazado con más densidad, tiene muchos kilómetros de red de alta velocidad, hacia distintas latitudes, el noreste y el norte. Y creciendo hacia el norte y con futuras conexiones entre las líneas del norte y las del noroeste a través de Olmedo. Es tan inasumible, como admite el jefe del ejecutivo y primer responsable del tráfico ferroviario de este país que, tras dos accidentes catastróficos en tan corto espacio de tiempo, y por dos causas tan distintas, es necesaria y urgente una revisión integral de todas las líneas de Alta Velocidad. Una revisión de los sistemas de seguridad, pero también del estado de las infraestructuras.

Y esa revisión supone también un incremento de medios técnicos y humanos. Porque la red no está saturada ni en los sectores con más tráfico. Están saturadas especialmente las estaciones, que hacen cuello de botella, y los talleres que tienen que atender el incremento de trenes de Renfe, pero también el de las compañías privadas que han entrado en el mercado con la liberalización.

Es inasumible haber duplicado los viajeros, y por tanto la densidad de la red, y no haber hecho un esfuerzo a la altura en medios humanos, técnicos y supervisiones. En Castilla y León, con la apertura de Pajares hacia Asturias, la conexión ya con Burgos, la cercana con Cantabria y el AVE a Galicia en plena expansión y crecimiento, ese tráfico ha crecido notablemente en los últimos seis años.

Es cierto que son líneas nuevas, dotadas con sistemas de seguridad más avanzados, en sintonía con los modelos europeos. Pero la alerta del tramo entre Madrid y Andalucía hace necesaria una revisión integral de toda la red. Y eso es algo que debería reclamar el gobierno de la Junta e incluso las Cortes de Castilla y León. Porque la seguridad o la inseguridad carece de colores políticos. Para eso también están nuestras instituciones. Para velar por nuestras infraestructuras, por las que usamos y por las que transitan por nuestro territorio.