Urge desbloquear la venta de Made y reactivar la compañía

CUANDO se había solventado lo más difícil para reflotar del concurso de acreedores la empresa Made y dotarla de un inversor con garantías, aparece ahora la Tesorería de la Seguridad Social y reclama a la jueza que el comprador se haga cargo de una deuda como requisito ineludible para cerrar la operación.

Será el Juzgado de loMercantil quien dictamine quién lleva razón en este conflicto y cómo debe reconducirse. Pero este recurso debe resolverse lo antes posible porque está en juego el futuro de casi un centenar de trabajadores y el de una actividad industrial de productos para energía de media y alta tensión para el que hay un importante volumen de negocio.

Es en este caso cuando la justicia y la política deben actuar con agilidad. El concurso de acreedores y la búsqueda de inversores se han resuelto de forma modélica, con actores que se han implicado en su resolución. Desde el administrador concursal a la Junta, pasando por los trabajadores que han asumido sacrificios salariales y de empleo.

Por eso, conviene que los ministerios implicados en este nuevo conflicto intervengan para que el plazo de resolución sea lo más breve posible y nadie ponga piedras en las ruedas. Han sido muchas horas de reuniones y de contactos entre todas las partes para que ahora surja un bloqueo imprevisto que retrase el proceso de reflotamiento y modernización de la factoría de Medina del Campo.

Está en juego una inversión de 14 millones de euros. La disposición del inversor no puede ser mejor.La Seguridad Social está en su derecho de reclamar lo que es justo para las arcas públicas, pero también dar facilidades ante la eventualidad de una operación que, tras su formalización, favorecerá la entrada de recursos procedentes de las cotizaciones de los trabajadores de Made.

Se trata de modernizar una factoría que tiene futuro y generar actividad en un sector de gran futuro.Hay empresarios que están ya esperando el reflotamiento de la compañía para dotarla de volumen de negocio.

Por lo tanto, no se puede ni se debe esperar más. Es imprescindible que todas las partes remen en la misma dirección para que haya una solución inmediata. Si el comprador Imedexsa se comprometió a reabrir la factoría en octubre y dijo que no era un capricho es porque ha visto que los clientes no pueden esperar. 

Quienes trataban de rentabilizar en su día el cierre de la operación tienen ahora la oportunidad de demostrar que se puede solventar este conflicto. Ministerios de Industria y Empleo, así como la Secretaría de Estado de la Seguridad Social deben tomar medidas para que la operación se cierre de inmediato.