Bancos morosos con las comunidades de vecinos
LA CRISIS económica que sucedió al boom inmobiliario dejó un reguero de urbanizaciones y bloques de viviendas a medio construir por toda la geografía de Castilla y León. Muchas empresas constructoras quebraron o suspendieron pagos y también muchos particulares que perdieron el trabajo se encontraron con que no podían hacer frente a las hipotecas y los préstamos bancarios. De este modo, las entidades de crédito se encontraron con un patrimonio inmobiliario que nunca hubieran sospechado, al que van tratando de dar salida a través de la Sareb o de otros instrumentos propios de cada entidad.
Junto con esta consecuencia, llegó otra derivada de la anterior: el impago de las cuotas a las comunidades de vecinos de los pisos que habían pasado a ser propiedad de bancos y cajas de ahorros.
El asunto no es anecdótico, pues es mucho el dinero que se adeuda en toda Castilla y León. De acuerdo con el último estudio del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, las entidades de ahorro debían a finales del año pasado la friolera de 14,84 millones de euros a las comunidades de vecinos. Con ser importante, esta morosidad es la séptima más elevada del país. Está muy alejada de las autonomías en las que el boom inmobiliario fue más desmesurado, como es el caso de Andalucía, donde los impagos ascienden a un total de 61,52 millones de euros; Cataluña, con 49,52 millones; Madrid, con 43,42, y la Comunidad Valenciana, con 33,96 millones. Más próximas a Castilla y León aparecen las Canarias, con una morosidad de 16,9 millones y, sobre todo, Castilla -La Mancha, con 14,92 millones.
El presidente del Consejo autonómico, Sergio Carrasco, explica esta situación en el hecho de que, cuando las entidades bancarias se hicieron cargo de las propiedades por el impago de préstamos e hipotecas, carecían de la infraestructura y los medios necesarios para pagar las deudas acumuladas. Añade que las comunidades de vecinos consigue cobrar la deuda cuando los bancos venden el piso. Y, dado que el sector comienza a recuperarse, la morosidad financiera va reduciéndose, aunque en Castilla y León de forma más lenta que en otras autonomías. Además, muchas entidades tienen oficinas que se van haciendo cargo de los impagos. Una y otra razón explicarían el descenso de la morosidad en un 3,22% en el último año.
A pesar de esta evolución positiva, el porcentaje sigue siendo muy limitado. No parece justificable que después de que la crisis haya remontado, las entidades de crédito no hayan puesto más medios para cumplir sus compromisos con unas comunidades de vecinos que no son responsables de lo que ocurriera en el pasado.