Consenso, firmeza y rigor para una financiación suficiente
LA JUNTA de Castilla y León y los principales partidos de Castilla y León coincidieron ayer en valorar que el informe elaborado por la comisión de expertos sobre el nuevo modelo de financiación contiene avances respecto al actual y supone una base de partida sobre el que edificar una alternativa que suponga la financiación suficiente de los servicios sociales para todas las comunidades autónomas.
En ese sentido, la ponderación de las variables que más afectan a Castilla yLeón y la incorporación de fondos de nivelación más ajustados son contribuciones positivas y necesarias del informe pero su ambigüedad e incorrección son tales que no son ni mucho menos suficientes.
Si común es el diagnóstico sobre un modelo teórico genérico sobre algunos asuntos conflictivos, común es también la consideración de que ahora toca lo más difícil: salvar los escollos que diferencian las necesidades e intereses entre unas comunidades y otras.
Para esta segunda fase son imprescindibles al menos tres actitudes En primer lugar, mantener el consenso técnico y político que se ha producido desde la firma del acuerdo de Comunidad. En segundo lugar, plantear fórmulas concretas a la carta para la región que se caractericen por el rigor y demuestren que la estructura demográfica y geográfica de esta comunidad implica costes adicionales en la prestación de los servicios En tercer lugar, actuar con firmeza y coraje en un asunto donde Castilla y León se juega nada menos que la financiación de la sanidad, los servicios sociales y la educación.
La Junta asumió ayer de entrada estos tres planteamientos, que la coyuntura actual y la experiencia del modelo vigente imponen como absolutamente necesarios. Sin embargo, el reto más claro a conseguir lo planteaba tras el Consejo de Gobierno el experto de la Comunidad Jaime Rabanal: es necesario determinar la ponderación o variable que hay que añadir a la llamada población ajustada para compensar, sobre todo, la pérdida de población que sufre esta región.
No cabe duda de que se impone una negociación política dura en los próximos meses.Sobre todo, porque Castilla y León representa poco más del 5% de la población española y hay comunidades que aspiran a que prime el padrón puro y duro, sin considerar los costes adicionales del sobreenvejecimiento a efectos de la sanidad y los servicios sociales.
En ese sentido, el informe de la comisión de expertos sienta las bases para que se tenga en cuenta más que en el actual el porcentaje de mayores y la dispersión geográfica.
Las comunidades autónomas y el Gobierno deben aprovechar la ocasión para, lo antes posible, cerrar un acuerdo que garantice la financiación de los servicios en todas las zonas del país. Seguramente, para ello, habrá que inyectar más fondos a un sistema que se ha demostrado insuficiente.