El maravilloso binomio impuestos - servicios

Las relaciones bilaterales suelen estar viciadas por terceros que intentan romper estos magníficos binomios, aprovechándose e intentando sacar un rendimiento particular. Esta situación se da en todas las facetas de vida y de manera rutinaria en los últimos veinte años de nuestra democracia entre el binomio impuestos pagados-servicios prestados.

Los dientes de la codicia de las políticas liberales y sus escuadrones de empresas, contratas, subcontratas, pertrechadas en paraísos fiscales y teniendo como aliados mercantiles a voceros que utilizando los medios de comunicación, han pertrechado una estrategia para desacreditar tanto los servicios públicos prestados como a los trabajadores y trabajadoras que los desempeñan, con la única finalidad del lucro por encima de las personas y los servicios prestados.

Como las grandes manadas de depredadores han aprovechado el momento más oportuno para atacar, y este se ha dado con ocasión de los recortes que han venido dados por la crisis mundial generada, y que casualidad, por las políticas liberales. Primero asfixió económicamente los servicios, consiguió degradarlos y poner en la picota de la viabilidad, para poder hacer un traspaso hacia los buitres que solo han tenido que esperar como agoniza la pieza.

Esta ludopatía mercantilista ha arrasado y llevado a concretar servicios básicos para los ciudadanos como la sanidad, dependencia, educación, cultura, seguridad social y medio ambiente al ámbito de la gestión privada, vulnerando los principios rectores de la política social y económica de nuestra Constitución que mandata a su desarrollo por los poderes públicos.

Las palabras «servicios universales» tienen diferente significado dependiendo de los intereses de cada uno. Para el 99,9% de los ciudadanos significa que todos y cada uno de los vecinos tienen el mismo acceso a los servicios básicos, pero para el escaso 0,1% restante estas palabras tienen un significado totalmente contrario.

Puestos a hacer el burro, podríamos externalizar a jueces y fiscales, inspectores de hacienda y por qué no a los inspectores de trabajo. Con esto ya estaría cerrado el círculo vital del liberalismo. Y por último nuestro ejército, el ejército español puede pasar a manos privadas y así nuestros generales y coroneles pueden vivir en sus plazas la mejora de la gestión de los recursos, ser más competitivos y disminuir el endeudamiento, sin olvidar el cambio de uniforme y color cada tres o cuatro años dependiendo de la empresa a la que se adjudique el concurso.

Únicamente profesionales independientes, objetivos, valorados y con unas condiciones laborales adecuadas pueden garantizar el correcto desempeño de las funciones que los poderes públicos tienen encomendadas. Las diversas fórmulas de privatización no han acreditado ni mayor eficiencia, ni calidad ni transparencia para los ciudadanos, al contrario podemos observar como los vínculos del poder se han afianzado alrededor de la tarta de nuestros impuestos.

Vía presupuestos e impuestos nos presentan estadísticas y resultados de sus excelentes gestiones. Estas son las múltiples caras del dodecaedro de las diferentes administraciones. Una cara en campaña, otra en la presentación de presupuestos, otra en la recaudación, y la más dura, la que muestran ante los ciudadanos con la cantinela ya manida de la crisis, de la deuda europea o de que aún quejándose la ciudadanía, su gestión está en el top, cuando por desgracia muchas de estas gestiones acaban en los juzgados y vemos a esta fauna en los banquillos, con la última cara reservada, la de la inocencia o amnesia.

Este ataque múltiple tiene una diana fija con la figura de los empleados públicos y sus llamadas condiciones laborales óptimas y estables. En cuanto a la estabilidad en el empleo, uno de cada cuatro trabajadores del sector público es temporal, cifra que se iguala a los del sector privado. Todos tenemos dentro de nuestro entorno familiar o social trabajadores del sector público que a pesar de peinar canas, llevan años con contratos temporales o de forma interina, que no es otra cosa que temporales encubiertos.

Los trabajadores del sector público han dedicado años de preparación para poder acceder a un puesto de trabajo acorde con sus posibilidades formativas, y como marca la Constitución en igualdad, mérito y capacidad. Esto significa que sólo acceden a las plazas convocadas los que mejor realicen las diferentes pruebas selectivas, por lo que en España tenemos a disposición de los servicios prestados por las diferentes administraciones públicas una excelente selección de recursos humanos.

Ahora sólo queda, a los diferentes poderes públicos, dotarles de los medios adecuados y unas condiciones laborales adecuadas para que estos profesionales desempeñen sus funciones de una manera ejemplar. Pues a pesar de este sencillo razonamiento, los diferentes alcaldes, presidentes de comunidades autónomas y del Gobierno de España, han seguido el camino mercantilista de la privatización y el menosprecio a los servicios públicos y los profesionales que lo conforman.

Si alguien considera que a los retos que se está enfrentando nuestra sociedad, pasa por la gestión de empresas multiservicio que hoy te hacen un trabajo de jardinería, mañana hacen un servicio de contabilidad exprés y pasado vigilan instalaciones de alta seguridad, estamos en un completo error.

Las sociedades avanzadas basan su poder en servicios básicos fuertes, con un estado social de estructura cimentada e independiente de la trayectoria y efectos de los tornados económicos que son imposibles de prever. La única manera de asegurar que los servicios públicos van ser iguales y constantes para todos es desde lo público.

Ya está bien de menospreciar lo público y a sus trabajadores, sus condiciones laborales, sus capacidades para el desempeño de sus tareas, de minorar sus medios materiales. Dejen de meter la mano en el bolsillo de nuestros impuestos y nuestros servicios, dejen que el binomio impuestos-servicios tenga una relación sin influencia de terceros, y sobre todo cuiden a los profesionales que los llevan a cabo. Según la Real Academia de la Lengua, público es lo que pertenece al pueblo; por lo tanto, protejamos el pueblo, a lo público.