Una salida pionera para la rapidez en los diagnósticos
Castilla y león va a poner en marcha una medida pionera en España cuyo objetivo es aliviar las listas de espera de los pacientes que están esperando un diagnóstico. El Procurador del Común insistió en su último informe en los problemas que sufren los ciudadanos por las demoras en la atención y la Consejería de Sanidad ha elaborado una respuesta rápida a esa demanda formulada en el Pleno que las Cortes celebraron en Burgos. La propuesta consiste en facilitar a los usuarios la posibilidad de utilizar la sanidad privada para recibir un diagnóstico en el momento en que se haya superado el tiempo de espera máximo que está contemplado en la normativa, que no marca los mismos plazos en todos los casos, ya que varían en función de las prioridades clínicas.
Este sistema ya se está empleando en Castilla y León y en otras comunidades españolas en el caso de las intervenciones quirúrgicas, pero la Comunidad es la primera que decide aplicarlo a los diagnósticos.
Tal y como reflejaba el Procurador del Común, la demora en los diagnósticos supone una deficiencia que perjudica a los ciudadanos, por lo que era urgente poner un remedio. La decisión de desviar a centros privados a los pacientes representará, sin duda, un alivio para muchos de ellos. Sin embargo, tendrá un coste adicional para las arcas públicas, aunque es necesario asumirlo para garantizar los derechos de los ciudadanos en relación a la atención sanitaria, al menos hasta que se consiga aportar una solución dentro del propio sistema público.
Detectar la enfermedad a tiempo es en todos los casos una ventaja para el paciente, al que se le podrá administrar cuanto antes el tratamiento adecuado, que siempre será más efectivo si se actúa sobre la dolencia cuando está en una fase temprana.
El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, anunció ayer la medida en la presentación de los presupuestos de su departamento en las Cortes. Sáez explicó que el nuevo sistema para agilizar los diagnósticos requerirá de un decreto, previsto para el último trimestre del año, en el que la Junta puede abrir el camino a otras comunidades autónomas.
No hay duda de que la situación actual requería soluciones de urgencia y que las demandas del Procurador del Común no podían ser desatendidas. Es correcta, por tanto, la nueva apuesta del Ejecutivo, pero en ningún caso puede suponer una relajación en las políticas destinadas a solventar de forma interna los problemas que generan las listas de espera. La derivación a la sanidad privada es un buen recurso para garantizar el derecho a la sanidad, pero debe ser lo más excepcional posible.