El campo busca ampliar la regulación en el nuevo Plan Hidrológico del Duero

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha iniciado oficialmente el proceso de elaboración del cuarto Plan Hidrológico de la cuenca del Duero para el periodo 2028-2033. El arranque se ha materializado con la presentación del Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI), documento que servirá de base para la redacción del plan definitivo. El texto se encuentra en fase de información pública hasta el próximo 28 de mayo. Con este trámite comienza una negociación que se prolongará durante varios años. El sector agrario de Castilla y León ya ha dejado claro que no será un mero espectador.

La planificación hidrológica se revisa cada seis años y constituye la hoja de ruta que fija dotaciones, concesiones, inversiones y prioridades en el uso del agua. También establece los objetivos ambientales y las medidas para alcanzarlos. En una Comunidad donde el sector primario tiene un peso determinante en la economía y en la fijación de población, el contenido del plan es estratégico. Las decisiones que se adopten condicionarán la viabilidad de miles de explotaciones. Por ello, las organizaciones agrarias han reaccionado con rapidez ante el nuevo ciclo.

El actual Plan Hidrológico 2022-2027 fue rechazado por las principales organizaciones profesionales agrarias, por asociaciones de regantes, diputaciones y por la Junta de Castilla y León. Pese a esa oposición mayoritaria en la Comunidad, el documento fue finalmente aprobado por el Gobierno central. Las confederaciones hidrográficas dependen orgánicamente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ese precedente ha generado desconfianza en el sector. Ahora, el campo exige que sus alegaciones sean tenidas en cuenta desde el inicio.

La presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, explicó durante la presentación que el EpTI recoge «la descripción y valoración de los principales problemas actuales y futuros de la cuenca del Duero». Entre los temas que se repiten respecto a ciclos anteriores citó la contaminación difusa, la explotación sostenible de las aguas subterráneas, la restauración fluvial y la gestión del riesgo de inundaciones. También mencionó la optimización de infraestructuras hidráulicas. Como novedades, destacó los nuevos usos del agua vinculados a industrias renovables y la garantía de calidad del abastecimiento.

En Castilla y León, el debate sobre el agua tiene un marcado acento agrario. El regadío supone aproximadamente el 15% de la superficie agraria útil de la Comunidad, mientras que la media nacional ronda el 23%. Esta diferencia es uno de los principales argumentos que esgrimen las organizaciones del campo. Consideran que la Comunidad, pese a contar con grandes ríos y embalses, no ha desarrollado todo su potencial en materia de regadío. Reclaman un impulso decidido para acercarse a la media nacional.

Regulación

Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, sostiene que el problema es estructural. «Castilla y León tiene una necesidad hídrica muy superior a la que tenemos de agua embalsada», afirma con contundencia. A su juicio, la capacidad de regulación actual es insuficiente para atender las demandas presentes y futuras. Recuerda que para equipararse a la media española serían necesarias alrededor de 300.000 hectáreas más de regadío. «Para eso hace falta agua embalsada y capacidad de embalse», subraya.

Dujo advierte de que el nuevo documento no puede reproducir los planteamientos del ciclo anterior. «No puede ser un copia y pega del plan actual, porque el plan actual se rechazó por Castilla y León», recalca. Insiste en que el campo no aceptará un texto que no incorpore sus reivindicaciones. A su juicio, el anterior plan no reflejó las necesidades productivas de la Comunidad. Y teme que se mantenga una línea continuista.

Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, coordinador regional de UCCL, reclama un cambio en la gobernanza del agua. «Pedimos una cogestión compartida», señala. Considera que la Comunidad arrastra «una deuda histórica en los regadíos». Y subraya que el desarrollo del regadío es clave para garantizar rentabilidad y relevo generacional en el medio rural.

González Palacín insiste en que el debate no es meramente técnico, sino estratégico. «Estamos muy por debajo de la media y eso es una desventaja competitiva», afirma. A su juicio, el EpTI no ofrece una apuesta clara por ampliar superficie regable. Advierte de que sin agua garantizada no habrá inversiones ni incorporación de jóvenes. «Lo que importa es cuánto agua está disponible y cómo se reparte», añade.

Blas Donis, secretario ejecutivo de UPA Castilla y León, comparte parte de estas preocupaciones. Considera que los primeros borradores «son muy parecidos a los que ya traíamos del plan hidrológico actual». Lamenta que no se hayan cumplido plenamente los objetivos de mejora de calidad de aguas. «No han conseguido los objetivos mínimos», asegura. Además, advierte de que pueden plantearse nuevas restricciones para alcanzar metas ambientales.

Uno de los aspectos más sensibles es la situación de las masas de agua subterránea declaradas en mal estado. El EpTI contempla medidas para garantizar su recuperación. Entre ellas, posibles limitaciones en extracciones o mayor control de concesiones. Donis alerta de que estas decisiones pueden tener un impacto directo en la agricultura de regadío vinculada a pozos. «Perjudican seriamente a una parte importante de la agricultura», sostiene.

Asaja también muestra preocupación por esta cuestión. Dujo considera imprescindible acompañar cualquier limitación con un plan de recarga de acuíferos. «No puede ser que estén peleadas las Confederaciones en disminuir las concesiones y sin embargo no hagan una planificación de recarga», afirma. Defiende una visión integral que combine control y mejora de recursos. Y reclama estudios técnicos rigurosos antes de adoptar medidas restrictivas.

La contaminación difusa vuelve a ocupar un lugar destacado en el documento. Este fenómeno, vinculado en parte a la actividad agraria, es uno de los retos señalados por la CHD. González Palacín insiste en que cualquier medida debe estar sustentada en datos objetivos. «Siempre tiene que estar basado en mediciones», recalca. Asegura que el sector está dispuesto a asumir responsabilidades si se demuestran.

Regulación

Donis, por su parte, rechaza que el campo cargue en solitario con el problema. «No se nos puede penalizar a nosotros porque el agua esté contaminada», afirma. Reconoce que puede haber una parte de responsabilidad agraria. Pero recuerda que existen otras fuentes, como vertidos urbanos o industriales. Y pide una respuesta proporcionada y equilibrada.

La modernización de regadíos es otra de las demandas recurrentes del sector. Según Asaja, en Castilla y León existen más de 150.000 hectáreas pendientes de modernización pese a contar con aprobación de comunidades de regantes. Muchos proyectos están bloqueados por trámites administrativos. Entre ellos, declaraciones de impacto ambiental o autorizaciones sectoriales. El sector denuncia una excesiva burocracia.

Dujo es especialmente crítico con esta situación. «Los trámites burocráticos son una contradicción total para que se ejecuten las obras», denuncia. Explica que proyectos ya consensuados pueden quedar paralizados durante años. Incluso llegar a caducar por retrasos en permisos. Esto, a su juicio, frena la eficiencia hídrica y la competitividad.

El EpTI introduce como novedad los nuevos usos del agua vinculados a industrias renovables y centros de datos. Estas actividades requieren grandes volúmenes de agua para refrigeración. El documento reconoce que suponen nuevas presiones sobre el recurso. En Castilla y León se han anunciado inversiones de este tipo en varias provincias. El sector agrario observa con cautela esta expansión.

González Palacín advierte de que estos usos pueden convertirse en competencia directa. «Se reflejan como una competencia para los agricultores», señala. Teme que, por su carácter estratégico o industrial, puedan tener prioridad en la asignación de recursos. «Las industrias renovables van a tener prioridad por encima de la agricultura», afirma. Y pide transparencia en los criterios de reparto.

Donis adopta una posición más matizada. Reconoce que se trata de «nuevos nichos de empleo que vienen para quedarse». Pero insiste en que «tiene que empezar a tener una regulación de esos consumos». Considera que en territorios con recursos limitados puede generarse tensión. Y reclama planificación rigurosa y anticipada.

Asaja vuelve a centrar el debate en la necesidad de ampliar la capacidad de regulación. Dujo sostiene que sin nuevos embalses o recrecimientos no habrá margen para atender todas las demandas. «Si no hay más capacidad de embalse, si se distribuye el agua entre otros sectores, perjudicará al sector agrícola», advierte.

La gestión del riesgo de inundaciones también preocupa al campo. Los temporales recientes han causado daños significativos en explotaciones y pueblos. Dujo denuncia falta de limpieza en cauces y mantenimiento de riberas. «Los ríos no existen, el agua va por todos los sitios», lamenta. Pide incluir actuaciones preventivas concretas en el nuevo plan.

En el plano institucional, las organizaciones reclaman mayor participación real en el proceso. Recuerdan que el plan anterior fue aprobado pese al rechazo mayoritario en la Comunidad. González Palacín señala que «primero tendrían que recibirnos, que todavía no lo han hecho». Critica la falta de interlocución directa con el Ministerio. Y reclama un papel más decisivo para la Junta.

Dujo coincide en la necesidad de consenso. «Tiene que haber un consenso en el Ministerio y consensuar con las organizaciones agrarias», defiende. Asegura que Asaja presentará alegaciones técnicas detalladas. Y advierte de que, si no se incorporan cambios, votarán en contra. «Si no se mejora, desgraciadamente votaremos en contra», insiste.

Regulación

UPA, por su parte, apuesta por agotar la vía del diálogo. Donis considera que «es pronto» para hablar de rechazo frontal. Recuerda que oponerse sin margen de negociación puede tener consecuencias en inversiones. «No siempre tenemos que estar en el no», reflexiona. Y apuesta por trabajar en propuestas constructivas.

El calendario del nuevo ciclo marca ahora una fase de alegaciones y debate técnico. Posteriormente se elaborará un borrador más desarrollado. El proceso se prolongará durante varios años hasta su aprobación definitiva. Mientras tanto, el sector agrario seguirá presionando para que el agua sea considerada un recurso estratégico para el desarrollo rural.

El cuarto Plan Hidrológico del Duero definirá el marco de gestión hasta 2033. En Castilla y León, donde el campo es motor económico y social, su impacto será determinante. Las organizaciones agrarias reclaman más embalses, modernización y prioridad productiva. Exigen seguridad jurídica y menos burocracia. Y advierten de que no aceptarán un plan que limite el futuro del regadío en la Comunidad.

A ello se suma la preocupación por la sostenibilidad económica de las explotaciones en un contexto de incremento de costes y volatilidad de precios. Las organizaciones agrarias advierten de que cualquier restricción adicional en el uso del agua puede comprometer la rentabilidad de cultivos estratégicos como el maíz, la remolacha o la alfalfa. Recuerdan que el regadío multiplica el valor añadido de las producciones y fija población en el medio rural. Por eso insisten en que el agua no puede abordarse solo desde una óptica ambiental, sino también económica y social. El equilibrio entre protección y producción será, a su juicio, la clave del nuevo plan.

Con este escenario sobre la mesa, el campo de Castilla y León afronta una negociación decisiva que marcará el horizonte hasta 2033. Las organizaciones agrarias coinciden en que presentarán alegaciones técnicas detalladas y que defenderán un modelo que combine sostenibilidad y crecimiento. Reclaman inversiones en regulación y modernización, así como una interlocución fluida con la Administración. El mensaje es claro: sin agua suficiente y garantizada no hay futuro para el medio rural. Y el nuevo Plan Hidrológico será determinante para comprobar si esa prioridad se traduce en hechos.