Un «nuevo» documento para la quema de rastrojos

Puede que la quema de rastrojos de 2016 sea la última que se autoriza en la Comunidad. Todo depende del «nuevo informe» que elaborará la Consejería de Agricultura y Ganadería tras decidir que no recurrirá la sentencia dictada el mes pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón (TSJCyL) que anula la Orden AYG/887/2016, de 17 de octubre, para la concesión de esta práctica como medida fitosanitaria con el objetivo de controlar plagas, enfermedades y malas hierbas. 

Con esta medida, según confirman fuentes del Gobierno regional a este suplemento, lo que se pretende es que el dossier «resulte acorde o más creíble para que no lo tumbe el TSJCyL». Así, «si se necesita de nuevo quemar rastrojos, se solicitaría con un nuevo informe que avalase la necesidad de quemar esos rastrojos», detallan las mismas fuentes.

Cierto es que el dictamen judicial se produce a toro pasado porque las quemas ya se llevaron a cabo. Sin embargo, el coordinador regional de la Alianza UPA-COAG, Aurelio Pérez, teme que la sentencia pueda «sentar un precedente» para las futuras solicitudes, máxime cuando estaba «convencido» de que la Junta recurriría porque «se achacan defectos de forma». De haberlo hecho, el sindicato se mostraba dispuesto a ofrecer «todo nuestro apoyo» e incluso se planteaba personarse en la causa con el objetivo de demostrar que «no se producen ni por asomo esos destrozos de los que habla» la federación autonómica de Ecologistas en Acción en su recurso contencioso-administrativo contra la citada Orden.

Sea como fuere, Pérez sostiene que gracias a las quemas controladas «se reduce considerablemente la utilización de herbicidas y fungicidas». Por lo tanto, recalca que se trata de una «práctica natural» que «genera beneficios al conjunto de la biodiversidad» mientras se combaten «todo tipo de plagas». Pase lo que pase en el futuro, «tendremos que acatar lo que digan los jueces», lo cual no quita, según Pérez, para que su organización continúe «defendiendo» su postura a través de las «vías legales y judiciales». De todos modos, cree que «se está cometiendo un error» al aceptar los planteamientos de «auténticos lobbys de presión» que «transmiten mala imagen» de los profesionales del campo. Y es que, a su juicio, da la impresión de que «quisiéramos destruir nuestro hábitat».

Teniendo en cuenta que la sentencia se ampara en un «defecto de forma», el presidente provincial de Asaja Burgos, Esteban Martínez, también confiaba en que el Ejecutivo autonómico presentase «la documentación de manera correcta» para que el TSJCyL «se pronuncie de forma distinta».

A las razones que esgrime el coordinador de la Alianza sobre las ventajas que brinda este sistema frente a los fitosanitarios, el presidente provincial de Asaja añade que la limpieza de cauces y cunetas a través de las quemas ayuda a eliminar la maleza. De esta forma, «se evita la propagación de fuegos» en las temporadas con mayores niveles de riesgo por altas temperaturas. No en vano, opina que hay una serie de «intereses creados» para «consumir productos» agroquímicos. De igual manera, pese a «encajar» las críticas de los grupos ecologistas o particulares que conciben las quemas como un atentado contra el medio ambiente, considera que «la ciudadanía está bastante desinformada» en relación al uso del fuego para eliminar rastrojos. De lo contrario, muchos de sus actuales detractores «cambiarían de opinión». Sobre todo después de comprobar que la reducción de insecticidas gracias a este método evita que «se maten abejas» instaladas en panales de parcelas agrícolas.

«Uno ya no sabe si es peor el remedio que la enfermedad», se cuestiona el presidente de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) en Burgos, Félix Arribas. En su opinión, el vertido de productos fitosanitarios al suelo puede resultar «mucho más peligroso» que las quemas. Además, recuerda que las de hoy en día no son tan «desmesuradas como antaño», ya que las autorizaciones de la Junta se rigen por criterios de seguridad para evitar la expansión de las llamas fuera del perímetro establecido. Por otro lado, reitera que la última normativa al respecto recoge que la superficie máxima anual que cada solicitante puede quemar no debe superar el 25% del total declarado en la PAC.

Lo que no entiende Arribas es el rechazo de los ecologistas a las quemas, pues sabe que «después van a criticar que echemos herbicidas». Así las cosas, matiza que «bueno, bonito y barato no puede ser», por lo que insiste en que las autorizaciones bajo control cuando son necesarias resultan «más económicas» y «menos perjudiciales» para el medio ambiente.