REPRSENTATIVIDAD
Cuenta atrás para las urnas
2018 Está aún pendiente la impugnación del Decreto que regula la consulta electoral por parte de la Alianza UPA-COAG ante el TSJCyL

Un momento de la votación en als eleciones de 2012.-ICAL
ya se ha iniciado oficialmente la cuenta atrás para la consulta convocada el próximo 11 de febrero, en la que los profesionales del sector agrario están llamados a decidir cuáles serán las organizaciones profesionales agrarias más representativas en Castilla y León. Un procedimiento que sustituye al de las elecciones a cámaras y que es más «exacto» a la hora de medir esta representación, según las Opas, que insisten, eso sí, en que el censo de electores debe «ajustarse» mucho más para evitar que se queden sin votar muchos profesionales del campo.
Y es que ASAJA, la Alianza UPA-COAG y UCCL insisten en que «falta gente», y se refieren en concreto a miembros de cooperativas, de comunidades de bienes o de sociedades mercantiles que, según la Ley Agraria, no podrían participar como electores en este procedimiento. El censo provisional, aún abierto hasta principios de enero, baja respecto a las pasadas elecciones, con un total de 34.442 personas físicas y 4.195 personas jurídicas. Para Asaja se trata de un elemento fundamental, y es que, como apunta su presidente, Donaciano Dujo, si no pueden votar «los que siempre lo han hecho», la consulta nacería «viciada». De hecho, asegura que, en este momento, su organización no descarta «ninguna medida». Los listados están expuestos y los interesados pueden solicitar el alta, la baja o la corrección de sus datos a la Consejería de Agricultura.
Por otra parte, está pendiente aún la impugnación del Decreto que regula este procedimiento por parte de la Alianza UPA-COAG ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Esta organización defiende unas elecciones «auténticamente libres, transparentes y democráticas» y mantiene, como señala uno de sus coordinadores regionales, Aurelio González, que la consulta actual «no garantiza» una «total» transparencia.
A la espera de ese fallo judicial, la realidad es que salvo a ASAJA, la forma en la que está diseñado el voto anticipado no convence al sector. La consulta del 11 de febrero prevé el voto presencial o de forma anticipada. Para votar en persona se deberá acudir a la mesa de consulta correspondiente de 10 a 17 horas el día de la elecciones. En el caso de que se opte por el voto anticipado, los interesados se deberán personar en el servicio territorial de Agricultura y Ganadería de las provincias los días laborales entre el 22 de enero y el 5 de febrero de 2018, en horario de 9 a 14 horas. Allí se seguirán las indicaciones de la persona que actúa como secretaria de la comisión provincial hasta el depósito personal de su voto en la urna. Un procedimiento que no comparten ni la Alianza ni la UCCL ya que, en palabras del coordinador regional de la Unión de Campesinos, Juan Manuel González Palacín, «puede dar lugar a fraude».
Lo cierto es que si el fallo no dice lo contrario, este será el procedimiento que se lleve a cabo, y que podría modificarse si el juez estimara total o parcialmente el recurso de la Alianza.
En cuanto a la presentación de candidaturas, las organizaciones que quieran participar, así lo han confirmado ya ASAJA, UPA-COAG y UCCL en todas las provincias, podrán hacerlo hasta este viernes, 22 de diciembre, a través del formulario disponible en la sede electrónica de la administración.
El sector no espera cambios significativos en los resultados respecto a 2012, aunque todos las candidaturas confían en «mejorar.
Hay que recordar que están pendientes también las Elecciones en el campo anunciadas y comprometidas por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Un proceso que no se llevaría a cabo, en cualquier caso, antes de dos años, ya que está pendiente su desarrollo. La UCCL mantiene en esta línea que «cuantas más elecciones mejor», y lamenta que estén «bloqueadas» a nivel nacional».
Como recoge la normativa, se considerarán organizaciones agrarias más representativas aquellas que obtengan «al menos» el 20% del total de los votos emitidos en la provincia. En el ámbito de Castilla y León, aquellas Opas con al menos un 15% de los votos válidos emitidos en toda la región se considerarán como tal.