La Fiscalía ocultó hasta después de las elecciones el archivo de la denuncia por la gestión de los incendios de la Junta de Castilla y León

La Fiscalía de Castilla y León ocultó hasta después de las elecciones el archivo de la denuncia por la gestión de los incendios del pasado verano en la Comunidad, una denuncia penal que se había cursado contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El Ministerio Público decretó el 9 de marzo, seis días antes de los comicios, que la causa fuera archivada, pero no dio salida al documento, y por correo ordinario, hasta el día 17, cuando el recuento de las urnas ya había concluido.

De esta forma, aunque en medio de la campaña electoral la gestión de los incendios ya había recibido respaldo de la justicia, los partidos de la oposición pudieron seguir utilizándola como argumento electoral contra su contrincante, el Partido Popular, el mismo que gestionó la violenta oleada de fuegos vivida el pasado verano a lo largo y ancho de la Comunidad y que recibe ahora un visto bueno claro y contundente de Fiscalía, casi un panegírico de su gestión.

La denunciante acusaba a Mañueco y Quiñones de «presuntas irregularidades, negligencia grave e inacción administrativa». Ahora, el Ministerio Público no solo da carpetazo a la Causa y dice que no encuentra dolo, y estima que los hechos denunciados «no permiten el ejercicio de la acción penal», sino que, en su decreto, va respaldando una a una cada decisión administrativa de la Junta de Castilla y León. El decreto, de doce páginas de extensión, asegura que el Operativo Infocal «funcionó conforme a los procedimientos establecidos. Se activaron y escalaron correctamente los niveles de gravedad (IGR y SIT), se movilizaron los medios propios y se solicitaron de forma temprana y sostenida los refuerzos externos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Unidad Militar de Emergencias (UME)».

Por otro lado, la «eventual declaración de una Situación Operativa 3 (emergencias de interés nacional)», sobre la que recaía el grueso de las críticas de la oposición, «no resultaba necesaria para la incorporación de más medios al operativo de extinción al haber sido cursadas previamente las correspondientes solicitudes al Gobierno de España, y estaban siendo atendidas por éste, incluidos los del Ejército, no UME, que fueron solicitados por la Junta de Castilla y León», añade el decreto.