Multadas 43 piscinas y balnearios de Castilla y León por incumplir requisitos sanitarios

En Castilla y León hay más de un millar de piscinas abiertas al público, entre descubiertas y climatizadas, municipales o de gestión privada, ubicadas en recintos deportivos o en instalaciones hoteleras. Todas ellas están sometidas a los controles de los servicios territoriales de Sanidad, que velan por el cumplimiento de la normativa y multan a quienes persisten en alguna irregularidad. En los últimos cuatro años, han abierto 54 expedientes sancionadores a piscinas de Castilla y León. En concreto, a 43 piscinas distintas (porque ocho de ellas acumulan más de uno) que suman sanciones por un importe total de 54.729 euros.

De media, mil euros apoquina cada uno de los recintos expedientados. Las cuantías oscilan desde los 180 euros de la multa más leve hasta los 3.000 de las más graves, según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad –obligada por la Comisión de Transparencia– en respuesta a una petición formulada por este periódico hace año y medio.

La lista de piscinas sancionadas corresponde a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023. A lo largo de esos cuatro años la cifra de sanciones ha ido en ascenso. El año de la pandemia apenas fueron cinco, en 2021 once, en 2022 llegaron a 17 y en 2023 alcanzaron las 21 multas.

La mayoría son piscinas municipales (gestionadas directamente por un ayuntamiento o mediante una concesión) y situadas al aire libre, aunque también cubiertas, varias de titularidad privada y algún balneario.

La expedientada con la mayor cuantía es la del estadio Hispánico en la ciudad de León, con un total de nueve mil euros. Esa es la suma de tres expedientes de 3.001 euros cada uno, incoados en noviembre de 2021 (por no actualizar el certificado de baja tensión), en septiembre de 2023 (por abrir un vaso sin aportar el informe sanitario requerido) y en diciembre de ese mismo año (por incumplir las medidas preventivas específicas para la prevención y control de la legionelosis). Con posterioridad a esas multas, varios episodios en 2024 –incluyendo intoxicaciones con vómitos y malestar entre los usuarios– desataron la alarma evidenciando graves irregularidades que supusieron la clausura de esta piscina municipal.

No es la única del Ayuntamiento de León que ha sido multada. En noviembre de 2021, La Palomera fue sancionada con 3.001 euros también por incumplir los requisitos para prevenir la legionelosis, por no disponer de registros actualizados de temperatura en el agua caliente sanitaria y acumuladores».

También han recibido la ‘receta’ con esa misma cantidad otras cinco piscinas. Tres de ellas son municipales: las de Benavides de Órbigo (León) en 2023 por incumplir la regulación sobre legionelosis, la de Boecillo, en Valladolid, en 2023, por no cumplir con los registros de operaciones de mantenimiento, y la municipal Alamedilla de Salamanca, gestionada por la sociedad Clequali, en 2022, por «deficiencias importantes y permanentes en las instalaciones e infraestructuras en todas las estancias».

Las dos restantes son privadas. Una en Ávila, de la empresa de eventos La Llanada, en Martiherrero, en 2023 por ausencia de socorrista y un autocontrol deficiente, es la única multa que figura en estos años en esta provincia. La otra sancionó al balneario burgalés de Corconte, en Cabañas de Virtus, en 2022, por unos incorrectos valores de desinfección, que también tuvo que afrontar esos tres mil euros de multa.

Si atendemos al número de multas, el titular que acumula mayor cifra es el Patronato Municipal de Deportes de Palencia, aunque la lista de Sanidad no precisa en cuál de las piscinas municipales de la ciudad se producen esas irregularidades. Son cuatro los expedientes en su contra, de 600 euros cada uno. Juntos suman 1.800 euros en sanciones, todos ellos por no comunicar los datos de autocontrol en el programa Siloé, el sistema sanitario que recoge datos sobre la calidad del agua de los vasos de toda España.

Además de las gestionadas a los ayuntamientos de León y Palencia, otras seis piscinas son reincidentes al acumular dos expedientes en estos años. Tres son municipales y otros tres centros, centros privados.

Dos de las públicas están en la provincia de Burgos. La de Pinilla Trasmonte (1.500 euros en 2023 por tener las «escaleras del vaso sucias y con algas, faltar registros de rutina, no informar al público de los resultados de análisis, no rebosar el vaso, carecer del sistema de recirculación del vaso de chapoteo y tener desconectados los pediluvios» y otros 1.200 en 2022 por no funcionar la ducha, no rebosar el vaso y valores irregulares de cloro) y la de Villahoz (1.200 euros al detectar el vaso sucio, no registrar datos de turbidez, ni disponer de sistema de autocontrol y falta de información al público y otros 900 por ausencia de socorrista, cloro fuera de los valores y no rebosar el vaso»).

Ente las reincidentes figura también la pública de gestión privada en Moraleja del Vino (Zamora), con dos multas de 300 euros cada una por incumplir el control del agua.

Las otras tres piscinas doblemente sancionadas, de titularidad privada, son las siguientes. La del centro deportivo Gago Dos en Zamora (1.200 euros por dos sanciones por un incompleto programa de mantenimiento de las instalaciones y de la calidad del agua). La de Style Aranda en la capital ribereña de Burgos, dos infracciones en 2022 (una en febrero de mil euros al detectar la «presencia de equipos ajenos en vestuarios», el cierre del vestuario femenino «sin causa» y no documentar ni informar de los análisis periódicos y otra en diciembre de ese año de 900 euros por «no informar al público de los controles periódicos realizados, incumplir los valores de cloro, no realizar análisis de turbidez, no registrar los datos en la aplicación Siloé y carecer de registros de tiempos de recirculación diarios»). Y la del hotel de Santo Domingo de Silos (con 900 euros en diciembre de 2023 por carecer de registros y certificados de limpieza y desinfección y problemas con la temperatura del agua y 500 en 2022 por no disponer de los registros obligatorios para la prevención de legionelosis).

Por provincias, la que registra un mayor número de sanciones es Burgos, con 16 en total.

Además de las ya mencionadas, figuran las piscinas municipales de Vilviestre del Pinar (700 euros en 2021 por uso incorrecto de biocidas), Oña (600 euros en 2022 por no realizar los controles periódicos obligatorios), Royuela de Río Franco (500 euros varias irregularidades en sus registros, incorrectos valores del cloro y no rebosar el vaso de chapoteo), Hontoria del Pinar (240 euros por incumplir condiciones higiénico- sanitarias) y Espinosa de los Monteros (900 euros en 2022 por los niveles de cloro y un vaso que no rebosa).

En la misma provincia se ubican las privadas de Castrojeriz (en 2021, con 600 euros de multa por falta de los registros diarios del tiempo de circulación vaso y de información expuesta al público) y la del camping de Covarrubias (400 euros por no volcar los datos de autocontrol en la plataforma).

Palencia es la segunda en número de multas, con diez en total, aunque con cuantías reducidas.

Junto a las del Patronato Municipal, figuran aquí los ayuntamientos de Antigüedad (300 euros por falta de socorrista en el momento de la inspección en 2021), Cevico de la Torre (300 euros por no comunicar los datos de autocontrol al programa Siloé en 2023), Hornillos de Cerrato (300 por deficiencias en los niveles de cloro ph y 'pseudomonas aeruginosa' en 2022), Meneses de Campos (en 2020, 300 euros por falta de protocolos de autocontrol y limpieza), Villalobón (300 euros el primer año de pandemia, por falta de distribución que garantice la distancia de seguridad entre usuarios y de bandas en el suelo para marcar la distancia mínima con el mostrador).

Por último, la empresa Sidecu, que gestiona el centro deportivo La Lanera, tiene una multa (en 2023, de 300 euros, por deficiencias en los niveles de cloro y ph»).

En la provincia de Valladolid, junto a Boecillo, figura la Fundación Municipal de Deportes de la capital con sanciones a dos de sus piscinas municipales, ambas cubiertas y en 2023. Por un lado, la de Henar Alonso Pimentel (1.400 euros por incumplir «criterios técnicos e higiénico-sanitarios») y, por otro, Ribera de Castilla (300 euros por los parámetros del aire). También figura la municipal de Puente Duero, en este caso a Taulucas G. Eventos (300 euros en mayo de 2022 por no comunicar el cambio de titular).

Varias deficiencias en las instalaciones y los parámetros motivaron también multas en los ayuntamientos de Alaejos (en 2023, 600 euros) y en Esguevillas de Esgueva (300 euros en 2021).

El balneario Palacio de las Salinas, en Medina del Campo, fue multado en 2022 con 1.200 euros por incumplimientos higiénico-sanitarios y falta de autocontroles.

En Valladolid figura también la piscina de una residencia de mayores, Orpea (multada a finales de 2023 con 600 euros por deficiencias en el control). Y la del Club Social Torrelago (1.800 euros en 2023 por incumplimientos en vasos polivalentes y de natación).

En León, junto a las multas a los ayuntamientos de León y Benavides de Órbigo, se encuentra otra en el municipio de Valdefresno (en 2020, 900 euros, por vulnerar varios criterios sanitarios, ofrecer al público información incompleta, carecer de protocolos y registros de mantenimiento).

En Soria figura sólo una multa y con la cuantía más reducida de la lista: 180 euros al Ayuntamiento de Garray en 2021 por un incumplimiento sin precisar. Segovia es la única provincia donde no figura ninguna multa en los últimos años, según la información proporcionada por la Consejería de Sanidad.

Según el informe de calidad de las aguas de recreo que cada año elabora la Consejería de Sanidad, en Castilla y León hay más de un millar de piscinas de uso público sometidas a vigilancia: 889 descubiertas y 168 cubiertas.

En total, 1.057, de las cuales 763 (el 72%) son de titularidad pública y el resto, 294 (el 28%), privadas.

Los inspectores visitan periódicamente las instalaciones, al comienzo de la actividad y tras paradas temporales. Además, a lo largo del año (temporada de baño para descubiertas y todo el año para cubiertas) se efectúa una vigilancia de verificación.

Cada visita de vigilancia sanitaria se refleja documentalmente en un acta. Los últimos datos disponibles, del año 2023, revelan 4.532 inspecciones realizadas en piscinas de Castilla y León.

En particular, las actas registraron 6.730 controles de cloro, 6.253 controles de ph, 4.621 controles de turbidez del agua, 1.112 controles de la temperatura del aire, 917 controles del porcentaje de humedad relativa y 909 controles de CO2 interior (estos tres últimos parámetros sólo se analizan en piscinas cubiertas).

Ese año, los inspectores contabilizaron 610 incumplimientos por exceso de desinfectante y 757 incumplimientos por defecto de éste. Lo habitual es que el titular resuelva las deficiencias al ser detectadas (el 34,5% lo hizo de inmediato y el 14,1% dentro del plazo para subsanar las deficiencias). Lo que muestra que el expediente sancionador se abre cuando falta voluntad de hacer las cosas bien.