Castilla y León acusa al Gobierno de «apropiación indebida» de los 142 millones del IVA

Los parlamentarios en Cortes por Castilla y León del Partido Popular y Ciudadanos se opondrán a los próximos Presupuestos del Estado si no recogen el compromiso de pago de los 142 millones de euros de IVA que el Estado adeuda a la Comunidad y que no tiene intención de abonar. Este es el planteamiento que ayer hizo público el portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien calificó como una «apropiación indebida» este impago, preguntando públicamente al líder socialista en la Comunidad, Luis Tudanca, si va a ser «cómplice» dando su visto bueno a unas cuentas que no recojan el abono de esta deuda.

El vicepresidente y portavoz de la Junta trasladó la «indignación» del Ejecutivo de la Comunidad por estos 142 millones que se adeudan y que ya han abonado los castellanos y leoneses a la hora de pagar servicios y productos (es un impuesto indirecto), lo que debe retornar para el sostenimiento de los servicios públicos de la Comunidad.

Las previsiones del Gobierno Sánchez no contemplan el pago del IVA correspondiente a diciembre de 2017 y que, según la reforma de Cristóbal Montoro, se debió abonar en 2018, cosa que no ocurrió. Ahora, superado el plazo de dos años el Estado anuncia que no lo va a pagar, lo que ha despertado la «indignación» de la Junta y su decisión sobre el voto de sus parlamentarios en Cortes.

«Queremos saber si los socialistas aceptarán unos presupuestos que no paguen esta deuda» y por lo tanto «den por buena esta apropiación indebida». «Veremos cuál es el compromiso (de los socialistas) con Castilla y León», apostilló Igea.

Está abierta una vía judicial puede repercutir en beneficio de la Comunidad. Se trata del recurso contencioso-administrativo que la Comunidad de Madrid presentó ante la Audiencia Nacional por el impago de esta mensualidad del IVA y cuyo fallo repercutirá en el resto de autonomías, recurrieran ellas o no. Castilla y León no recurrió en su momento y ahora está fuera de plazo, pero puede beneficiarse del dictamen pedido por Madrid.

La declaración de la Junta que califica la voluntad de impago como algo «absolutamente intolerable» y una «desfachatez» que la ministra María Jesús Montero argumente la caducidad del pago lleva a activar también la presión política en el Congreso sobre el presupuesto del Estado que está pendiente para 2020.

El impago del IVA se suma también a la insatisfacción de la Junta por las entregas a cuenta previstas para este año, que son provisionales, pero constatan a su entender un descenso en la financiación que recibirá la Comunidad. El Ministerio de Hacienda entregará a Castilla y León 6.443 millones de euros, un 3,99% más de lo previsto en 2019, pero que, a su juicio, es una cifra engañosa ya que incluye la liquidación efectiva de las entregas de 2018, que suponen un ingreso para Castilla y León de 399 millones de euros. Descontados estos millones de las entregas previstas, hacen que la diferencia sea inferior en 51,16 millones de euros a la anterior cifra actualizada y definitiva del año pasado, que ascendió a 6.494,10 millones. En este caso, la diferencia sería del 0,79 por ciento.

Igea englobó todo ello en un modelo de financiación que, al entender de la Junta, beneficia a las comunidades más ricas.

«El incremento de la financiación de las comunidades autónomas es diferente para unas y para otras, ya que aporta más a las que tienen más población y riqueza. Es un sistema perverso (el modelo de financiación) que además se retroalimenta a sí mismo: cuanto más rico eres, cuanto más pagas por IRPF e IVA, mejor te va. Ello atenta contra la igualdad».

«Es una filosofía contraria a la igualdad que difícilmente sostendría un socialista, pero los socialistas han abandonado la bandera de la igualdad. Es un sistema que perjudica a quienes menos tienen», concluyó.

PRESUPUESTOS PROPIOS

El Consejo de Gobierno mantiene su previsión de plazos para disponer de unos presupuestos propios este año: estarán redactados en Semana Santander y aprobados en verano. Sobre esto no hay cambios pero el ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco se encuentra sorprendido de que se apremie a la Junta con las cuentas de Castilla y León y no tanto a las del Estado, que todavía no dispone siquiera de un techo de gasto y objetivos de déficit para 2020 que sirvan de guía para elaborar las cuentas de las autonomías.

Lo que sí tendrá mucho antes la Junta es la traslación a Castilla y León de la subida de un 2% a los empleados públicos. El consejo de gobierno prevé validarla en su reunión de la próxima semana, lo que le supondrá asumir un gasto suplementario de en torno a 80 millones de euros, que, según declaró ayer Igea, «son asumibles dentro de la prórroga presupuestaria» en vigor.

Con respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un cinco por ciento hasta los 950 euros mensuales este año, Igea sostuvo que es una «buena noticia» para los trabajadores, pero que habrá que comprobar si contribuye al crecimiento sostenible de la economía y a la reducción del desempleo.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León destinará 1,60 millones de euros para conseguir el mejor estado de conservación de todos los elementos que integran las instalaciones de climatización del Hospital Universitario Río Hortega y el Centro de Especialidades Arturo Eyries de Valladolid.

Dubravca Suica, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Democracia y Demografía, visitará Castilla y León durante la primera quincena de febrero, una visita que la Junta está preparando, cerrando fechas y terminando un borrador con peticiones. «Vamos a manifestarle nuestra postura a favor de que la Vicepresidencia cuente con fondos propios para la lucha contra la despoblación».