Castilla y León «blinda» los servicios sociales con 448 M€ para los próximos cuatro años

La Junta de Castilla y León anunció ayer una partida presupuestaria de 448 millones de euros, destinados a financiar a las corporaciones locales, para «blindar» los servicios sociales de la Comunidad durante los próximos cuatro ejercicios, hasta 2023.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, que presentó ayer el acuerdo marco 2020-2023 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, anunció que el objetivo que persigue el Ejecutivo autonómico con este convenio es «mantener la red coordinada de servicios sociales, potenciar los servicios que prestan las corporaciones locales y garantizar los empleos de los 1.241 profesionales que trabajan en los CEAS y que son financiados por la Junta».

Además, permitirá a las corporaciones locales aumentar la plantilla con nuevos trabajadores que «reforzarán la actividad en los centros».

El acuerdo marco, que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno y que se amplía un año más, se tiene que remitir ahora a cada una de las 24 entidades implicadas para que lo aprueben y entre en vigor «de manera automática», apuntó la titular de Familia.

Los 448 millones de euros destinados a esta materia, de los cuales corresponden 112 millones a cada año, se reparten en tres áreas de actuación: personal profesional de los equipos de acción social básica, atención a las situaciones de dependencia y red de protección a las familias y personas.

Los equipos de acción social básica son la «unidad básica» de articulación funcional del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y atienden al año a 180.000 personas. Por ello, la Junta destina 107 millones de euros para los cuatro próximos ejercicios.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financia con este nuevo acuerdo marco un total de 1.241 profesionales de servicios sociales a las corporaciones locales, de los que 844 desempeñan su trabajo en los equipos básicos y 376 en los que atienden necesidades específicas en materia de dependencia, infancia y exclusión social.

En la actualidad, existe al menos un CEAS por cada zona de acción social, 189 en toda la Comunidad. Con ese presupuesto, el número de técnicos financiados de CEAS asciende a 844; habiéndose consolidado los 82 profesionales que se incorporaron el pasado año con el propósito de mejorar la atención a los ciudadanos y seguir reduciendo los plazos de resolución de prestaciones para personas en situación de dependencia y en riesgo de exclusión social.

En relación con el segundo área de actuación, el presupuesto destinado a la atención a las situaciones de dependencia, según explicó ayer Blanco, es de 266 millones de euros, también para los próximos cuatro ejercicios. «Esta aportación servirá para prestar servicios para personas mayores y personas con discapacidad, ayuda a domicilio, teleasistencia, formación para cuidadores no profesionales, también para el mantenimiento de los equipos de promoción de la autonomía personal (EPAP), programas para personas con discapacidad, de envejecimiento activo y prevención de la dependencia de personas mayores».

Dentro de este apartado, el servicio de ayuda a domicilio es el programa con mayor financiación, pues contará con una dotación financiera de 232 millones; destinados a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia. Así, se pretende contribuir a la integración y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida, mediante la adecuada intervención y apoyos de tipo personal, educativo, doméstico y social. A través de este servicio se atiende en Castilla y León a 29.700 personas al año.

Dentro del acuerdo marco, la Junta destina 5 millones para el servicio de teleasistencia, que presta ayuda a más de 25.197 personas en la Comunidad, otorgando atención a aquellas personas que lo necesiten 24 horas al día.

La Junta invierte 71 millones de euros en la protección de las familias en riesgo de exclusión; presupuesto que va dedicado al desarrollo de programas para prestar apoyo familiar y técnico a las familias vulnerables. Este servicio, en el que trabajan 117 profesionales, atiende al año a 3.169 personas en la Comunidad.

También financia las ayudas para situaciones de urgencia social, que están dotadas con 21 millones de euros, de las que en la actualidad se están beneficiando 26.253 personas en Castilla y León y que son de tres tipos: económicas para necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social, prestaciones extraordinarias frente a situaciones de deuda hipotecaria, destinadas a paliar situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda habitual y prestaciones económicas de apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad.

Por lo que respecta al apoyo a las familias, el Programa ‘Crecemos’, contará con 8 millones. Se trata de poner a disposición de las familias centros infantiles de 0 a 3 años, con el fin de fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente en el medio rural. Además, en los últimos dos años la Consejería de Familia ha consolidado la oferta de plazas públicas de centros infantiles dentro del programa ‘Crecemos’, con un total de 3.695 plazas en Castilla y León repartidas en 260 centros.

OTRAS ÁREAS

El acuerdo marco contempla también financiación para planes locales contra la drogadicción que se incorporaron en 2018 y que contarán con 2,7 millones de euros.

Además, considera una partida de 920.000 euros destinada a materia de igualdad y atención a víctimas de violencia de género por parte de los profesionales de las corporaciones locales en el marco del modelo ‘Objetivo violencia cero’, que permite prestar el servicio de atención en casas de acogida y viviendas para víctimas de violencia de género.