Tudanca acusa al PP de romper el acuerdo sobre financiación que Mañueco ve «vigente»

La reedición de los grandes consensos parlamentarios alcanzados durante la pasada legislatura, con el Gobierno regional popular y el PSCyL como principales impulsores, parece a priori un objetivo difícil de alcanzar, a tenor de las discrepancias existentes en aspectos tan relevantes como la financiación autonómica o la ordenación del territorio, y pese a la petición que formuló ayer en este sentido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Puede decirse que la primera entrevista mantenida entre el titular del Ejecutivo regional y el líder del PSCyL, Luis Tudanca, terminó en tablas. Ni uno ni otro aproximaron posiciones sobre los asuntos que abordaron, entre los que se encuentran, además de los dos citados, la financiación local, la recuperación de las 35 horas semanales de los funcionarios o la reforma estatutaria.

Sobre esta última, un propósito de todos los grupos al comienzo del pasado mandato en la Junta de Juan Vicente Herrera, que quedó en nada, los dos interlocutores hablaron «someramente». «No hay nada nuevo», informó Tudanca tras el encuentro, al que también asistió el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez. Según dijo este último, la negociación para modificar la Carta Magna regional corresponde a los grupos parlamentarios, y ya existen iniciativas al respecto tanto de PP-Cs como del PSCyL.

En una entrevista de hora y media en tono «cordial» y de «respeto institucional», en palabras de Tudanca, el principal desencuentro entre el secretario regional del PSOE y el presidente de la Junta giró en torno a la financiación autonómica. Mañueco propuso al portavoz socialista avanzar en el acuerdo firmado hace tres años que considera «vigente», a pesar de que los socialistas lo dieron por roto en el pleno de las Cortes celebrado el pasado 11 de septiembre.

«Damos por roto el acuerdo porque ellos [los populares] lo rompieron», manifestó ayer Tudanca, quien acusó al PP de seguir las «consignas partidistas» procedentes de Génova y de haber «utilizado las instituciones» para atacar al Gobierno Sánchez.

El origen de esta decisión está en el rechazo a la enmienda presentada por el Grupo Socialista al acuerdo adoptado por las Cortes para exigir los 440 millones de las entregas a cuenta y el IVA que el Gobierno debe a Castilla y León. En aquella enmienda, el socialista José Francisco Martín proponía ratificar el acuerdo de Comunidad firmado en abril de 2016. Al ser rechazada, tanto Martín, entonces, como Tudanca ayer, sostuvieron que aquel pacto ya no está en vigor, aunque el PSOE defiende en todos sus términos el contenido consensuado en la anterior legislatura.

El dirigente socialista apeló al «respeto a la palabra dada» y llamó a la unidad en torno a un acuerdo sobre financiación autonómica del que el PSOE «no se ha movido ni se va a mover», aseguró. «Si el presidente quiere volver, allí nos encontrará, pero si quiere utilizar las instituciones para hacer política contra el Gobierno, no», advirtió Tudanca.

Sin embargo, según Ibáñez, que intervino ante los periodistas en nombre del presidente Mañueco, nada ha cambiado. El consejero también apeló al consenso sobre la base de que el pacto está «afianzado» y de que no hubo «reproches al presidente ni al Gobierno» en el acuerdo de las Cortes que exigía el pago de los 440 millones de euros. «Es una demanda de Castilla y León ante el nuevo escenario del modelo de financiación autonómica», defendió.

Ibáñez también invitó al PSCyL a volver «a lo que firmó» y le instó a «eliminar del debate la ecuación eventual de la crítica» para retomar la senda del diálogo, dejando de lado «cuentas pendientes» para centrarse «en lo que interesa a Castilla y León».

Esta política de ‘mano tendida’ «permanente e institucional» del presidente de la Junta hacia el líder de la oposición pretende avanzar en otros acuerdos de Comunidad suscritos en la pasada legislatura, como los relativos a la reindustrialización o la Política Agrícola Común (PAC), según explicó el consejero de la Presidencia.

Otro tanto plantea el Gobierno regional para culminar la Ordenación del Territorio, que se estancó durante la pasada legislatura con los mapas rurales, después de que PP y PSOE llegaran a pactar las líneas generales en la etapa de Óscar López como portavoz socialista.

Ibáñez informó de que el presidente de la Junta insistió ante Tudanca en que la ordenación territorial debe «desbloquearse» para contribuir al desarrollo del medio rural en la Comunidad, por lo que había aprovechado el encuentro para hacer una «llamada» al secretario autonómico del PSOE para «avanzar» en esta materia.

El consejero de Presidencia reiteró que existe una «posición de mínimos» en el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos por el cual la Junta no va instar la fusión obligatoria de municipios en esta legislatura.

Además, continuó, habrá que «mantener unas garantías en la prestación de servicios» en toda la Comunidad, «como pilar fundamental» en el ámbito de la ordenación del territorio, agregó, para subrayar que sobre la mesa «está la importancia de que se avance desde la responsabilidad y el diálogo sincero. «Lo más importante», mantuvo, «es la posición unánime de que no va a haber fusiones de municipios en Castilla y León».

A pesar de esta contundencia, los socialistas siguen sin fiarse de que no vayan a producirse fusiones como defendía Ciudadanos, cuyo máximo dirigente en Castilla y León, Francisco Igea, liderará la negociación parlamentaria.

El secretario general del PSCyL expresó su «negativa absoluta» a la fusión de municipios, al tiempo que denunció que la Junta quiere responsabilizar a estas entidades locales de la despoblación. A su juicio, la única responsabilidad de la caída demográfica corresponde al Ejecutivo autonómico por el fracaso de sus políticas, y no tiene sentido que las Cortes vuelvan a estudiar fórmulas para atajarla. «Si quieren seguir estudiando, que estudien», zanjó Tudanca.

En lo que sí insistió es en reclamar una mejor financiación de las entidades locales, «que son las más eficaces en el gasto», destacó, «y deben recibir lo que se les debe y establece la ley» apuntó.

En cuanto a la Ordenación del Territorio, el líder socialista declaró que su partido no ha cambiado en su posición, que resumió en la defensa de «un mapa ordenado de todos los servicios públicos», que deben estar blindados; la reversión de los recortes y la garantía de transporte para acceder a los servicios, «todo ello con el consenso de las entidades locales», precisó.

Otra cuestión objeto de controversia durante la entrevista fue la recuperación de las 35 horas semanales pactada en la anterior etapa de la Junta. Según Ibáñez, en el encuentro el presidente Mañueco reiteró su «compromiso inequívoco» con esta medida, siempre y cuando se tenga en cuenta que es «un reto complejo y difícil de poder aplicar inmediatamente» y que ha de hacerse «bajo unas condiciones de equidad». Esto quiere decir, explicó el consejero, que alcance a todos los empleados públicos de la Comunidad y, sobre todo, «que se garanticen los servicios públicos y estos no sufran ninguna merma».

Tudanca insistió en la aplicación de las 35 horas «sin ninguna excusa», porque se trata de recuperar «un derecho que quitaron a los funcionarios y el reconocimiento justo al trabajo que realizaron durante los años duros de los recortes por las políticas del Partido Popular».

En la entrevista, según explicó Ibáñez, el presidente de la Junta apeló a los grupos políticos a demostrar «altura de miras» y «buen juicio» para «discernir lo común de lo partidista».

El líder de la oposición, a su vez, recordó que Mañueco definió en su día a su equipo como «un gobierno de acción», por lo que le instó a «asumir responsabilidades» y empezar a ejercer una actividad que «en todo este tiempo» los socialistas no han visto. Añadió que su partido mantiene «como único interés» la defensa de Castilla y León. «En este empeño, todas las instituciones podrán contar con nosotros, que seguiremos siendo leales y rigurosos en la defensa de los intereses de la Comunidad», declaró Tudanca.