La Junta coloca de asesor a Cosidó tras quedarse fuera del Senado por Maroto

Los nombramientos de personal eventual en la Junta continúan. Estas contrataciones, que ahora se comunican, vienen a recolocar a políticos que se habían quedado fuera tras las elecciones. El caso más claro es el de Ignacio Cosidó, al que Génova saca del Senado donde era portavoz del grupo ‘popular’ para colocar en su lugar como senador por Castilla y León a Javier Maroto, después de destaparse ese mensaje de WhatsApp en el que presumía de un supuesto control futuro «desde detrás» sobre varios órganos clave en el Tribunal Supremo.

En el caso de Cosidó no hay que olvidar que, una vez que se supo que Génova lo iba a quitar del Senado para situar a Maroto, la dirección nacional habría pedido al presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que para recogerlo lo hiciera consejero. Finalmente, consejero no, pero lo que sí se lleva Cosidó es un puesto de personal eventual.

Los recientes nombramientos vienen a cubrir esos puestos vacantes que no se habían publicado, según denunció el PSOE, que acusó al Gobierno de PP-Cs de «falta de transparencia» y que el propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, asumió como un error el que no se hubieran publicado.

En el caso de los Whastapp, el exsenador envió un mensaje a un grupo con senadores de su formación en el que mencionaba que el pacto entre PP y PSOE para proponer al magistrado Manuel Marchena como presidente del CGPJ serviría para controlar «desde detrás» el alto tribunal, motivo que sirvió para que los socialistas se echasen para atrás con el pacto.

Al ver la luz estos mensajes en noviembre de 2018, Ciudadanos, socios con el PP en el Gobierno de la Junta, pidió «explicaciones inmediatas» a Pablo Casado ante la gravedad del asunto. «Este pasteleo que ha habido detrás es una auténtica vergüenza», manifestó entonces Inés Arrimadas.

La figura de Cosidó ha estado relacionada con el excomisario José Villarejo, situación que ha negado. Debido a su cargo de director general de la Policía Nacional se le ha llegado a vincular con la ‘Operación Kitchen’. Una trama que se encuentra en investigación y en la que, supuestamente, el Ministerio de Interior habría sustraído documentos a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.

Sobre Cosidó, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibañez, quien sustituyó por primera vez a Igea en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno al encontrarse este último en Madrid en un foro sobre el ‘Brexit’, quiso incidir en que el nombramiento del exsenador se debe a que tiene una «experiencia contrastada en el acercamiento al mundo rural», ya que durante la anterior legislatura presidió en el Senado la comisión sobre retos demográficos.

El consejero quiso defenderse de las críticas por el elevado número de nombramientos de altos cargos y personal eventual, en su alocución manifestó que Castilla y León esta por debajo de la media de regiones en la contratación, aunque Ibáñez reconoció estar por encima de la anterior legislatura. Ante esto, quiso matizar que esta situación se debe al haberse constituido un Gobierno de coalición, situación que también pasa en otras comunidades.

Ibáñez defendió a estas elecciones dado el «tipo técnico» de los escogidos y desveló que el trabajo que a desempeñar por este nuevo personal «no se ciñe a una labor concreta».

Los datos dispuestos en el portal web de datos abiertos de la Junta muestran que hay nombrados 33 cargos eventuales, del total de 44 que podrían estar contratados. El salario que recibe este personal alcanza, en conjunto, los 1.378.155,46 euros. Por su labor, Cosidó recibirá por el puesto 54.039 euros al año. Mientras que la exsenadora Esther Muñoz de la Iglesia, otra desiginación que ha levantado polémica, percibirá 42.473 euros al año. Según remarcan desde la Junta, todos estos asesores no superan a los 97 de Castilla-La Mancha, 92 de Extremadura, y 91 de la Comunidad Valenciana, con gobiernos del PSOE.

Estas últimas designaciones chocan con la postura de Ciudadanos a la hora de reducir costes en la Administración, altos cargos y nombramientos. Franciso Igea, en repetidas ocasiones, se ha posicionado a favor de limitar estas actuaciones y controlar el exceso de la Administración pero ahora defiende el sobrecoste generado de 800.000 euros.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El PSOE acusó a los ‘populares’ y Cs de hacer de la Junta de Castilla y León un «basurero» en el que la dirección nacional del PP elige los cargos. José Francisco Martín llamó «recogebasuras» al partido liderado por Igea.

Patricia Gómez, secretaria general del Grupo Socialista, comparó a la Junta con «una agencia de colocación» y recordó que Cosidó «se movía muy bien» por las «cloacas» del Estado. Además, la procuradora mencionó el mensaje de WhatsApp en el que decía tener controlada a la Policía. Sobre Muñoz indicó que se «mofó» de las víctimas del franquismo al opinar que no eran más que unos huesos enterrados en las cunetas.

Gómez criticó a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, por otorgarles un «premio» al nombrarles como «asesores personales». La socialista acusó al líder ‘popular’ de gobernar en contra de los intereses de los ciudadanos y hacerlo para atender los designios de Pablo Casado.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, culpó a Ciudadanos de ser «el principal responsable» de que el Partido Popular «utilice a Castilla y León como un refugio para políticos denostados o en el final de su trayectoria».

Puente cargó contra la formación ‘naranja’ porque a su juicio «tenía un compromiso de regeneración de la Política en Castilla y León» pero «poco a poco se ve dónde ha quedado eso» ya que se ha «prestado» a dar continuidad al Gobierno del Partido Popular en la Junta. El alcalde afeó al PP la designación de Maroto como senador autonómico y criticó la designación de personajes que definió como «completamente amortizados» y «con una trayectoria política más que cuestionable», en referencia a Cosidó y Muñoz.

Ante la presunta vinculación de Cosidó con las «cloacas del Estado», el líder de Podemos, Pablo Fernández, criticó a PP y Cs por convertir las instituciones en un «cortijo propio». «Es intolerable que con dinero público, de todos los castellanos y leoneses, se paguen a personas que están implicadas en las cloacas del Estado y que se jactaban de controlar por detrás al Tribunal Supremo o gente que se burla de la Memoria Histórica y que está en contra de destinar dinero público a, según ella, desenterrar huesos».