Castilla y León da el primer paso para anular la prohibición de la caza

Todos los grupos parlamentarios de las Cortes coincidieron ayer en apenas un aspecto: el apoyo a la caza. En lo que unos y otros diferían era en la forma y en la toma en consideración de la proposición de ley que pretende blindar la caza, que se aprobó ayer con 71 votos a favor (PP, Cs y PSOE), 10 abstenciones (Podemos) y un no (IU). Castilla y León da así el primer paso para anular la prohibición de la caza.

La iniciativa impulsada por los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos chocaba con la posición de los procuradores de Podemos e Izquierda Unida, que abogaron por elaborar una ley con la documentación e informes necesarios; sin un plazo tan limitado como tiene la proposición de ley, que se aprobará en el último pleno de las Cortes de esta legislatura –el 27 de marzo– por lectura única.

El más duro –y el único que apretó el botón rojo– fue el procurador de IU-Equo, José Sarrión, que advirtió de que esta proposición vulnerará un derecho protegido por la Constitución: «Esta sería la quinta vez que vulneran este derecho a la tutela judicial efectiva». Sarrión también criticó al PP, PSOE y Cs por considerar especies cinegéticas algunas que no se pueden incluir «porque no hay censo o el censo dice que están decreciendo» y por no contar con la participación ciudadana en este procedimiento, que además dificultará su recurso judicial.

A juicio de Sarrión, el PSOE comete «un profundo error político» al apoyar esta ley de caza por «miedo a perder votos» de los cazadores, que en los alrededores de las Cortes alertaban de que sus votos también cuentan.

El procurador de IU insistió en su apoyo a una caza «profundamente regulada y claramente acotada», no como la que proponen el PP, PSOE y Cs, que sigue sin elaborar serios y rigurosos informes como los que pide el TSJ de Castilla y León en la anulación cautelar del decreto y de la orden anual de caza. «Los ecologistas no tumban [los decretos], los denuncian. Quienes los tumban son los jueces del TSJ, ese que cuando regula otro tipo de cosas dicen que hay que respetar. El tribunal les ha dado la razón porque la Junta no emite los informes previos», sentenció Sarrión.

En este mismo aspecto insistió el procurador de Podemos por Félix Díez, en la importancia de elaborar estudios rigurosos y no «coger las especies cinegéticas de un cajón para meterlas en un armario». «Es un parche para salvar la temporada de caza y lo sabemos todos», remachó el burgalés de la formación morada, que acusó al PP de llevar dando «palos de ciego» desde que elaboraron la ley marco en 1996.

Díez se dirigió a los parlamentarios del Grupo Socialista y Ciudadanos y les pidió que dejaran «solo» al PP «en el marrón que han creado ellos» y lugar de «salvarles el culo». El procurador aseguró que esta ley de caza es una «equivocación por las prisas» que han mostrado y que tendrá «consecuencias graves» e insistió en que Podemos apoya un modelo de caza «social», y votará ‘sí’ a un nuevo marco regulatorio que contemple las necesidades de todo el mundo y esté basado en estudios «serios y rigurosos».

Una nueva ley que, aseguraron desde el PP y el PSOE, llegará en la próxima legislatura tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Así lo anunció tanto el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como el socialista José Luis Aceves, y el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado. Este último garantizó el «consenso» y la «participación» en el futuro proceso legislativo, puesto que en la ley de caza que se aprobará en dos semanas no ha habido ni lo uno, ni lo otro.

En un discurso sin aportaciones técnicas, Mañueco apostó por la caza como una tradición que garantiza el mundo rural y la conservación del Medio Ambiente en Castilla y León; aunque reconoció que él no es cazador, ni le gusta la caza, pero respeta a los que tienen esa afición por las actividades cinegéticas. «Viva la caza, viva la libertad», clamó al finalizar su intervención, arropada por los aplausos de la bancada popular.

Aceves situó al PSOE como «garante de soluciones» que apuesta por una «política útil que de respuesta» a los problemas de todos los ciudadanos. En este caso, de los cazadores. El socialista también acusó a la Junta de no haber desarrollado los reglamentos de la ley de 1996.

Casi en primera persona explicó Delgado cómo beneficia la caza a los pueblos: «Ironías del destino. Yo que he sido alcalde casi 20 años y según los cazadores, no estaba a su favor; tengo que estar aquí defendiendo que la caza es fundamental para el mundo rural y el mantenimiento de nuestras gentes», señaló el de Cs, que subrayó la importancia de la caza «por sentido común, por sanidad y por seguridad vial».

La denuncia de Ecologistas, una «huida hacia delante»

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, situó ayer en una «huida hacia delante» y en una «carrera loca» que no se sabe a quien beneficia la denuncia penal de Ecologistas en Acción contra los miembros de la Mesa de las Cortes por admitir a trámite la Proposición de Ley de la caza ante la suspensión cautelar del decreto y la orden anual.

Suárez-Quiñones, jurista de profesión, defendió que esta decisión de la organización conservacionista no afecta en ninguna medida al debate de la iniciativa en las Cortes que intenta dar una salida ante la paralización de la caza, lo que recordó tiene implicaciones sobre la salud humana, la seguridad vial y la seguridad ciudadana. En ese sentido, el titular de Medio Ambiente recalcó que cada poder, en este caso el legislativo, actúa con arreglo a sus competencias y añadió que el judicial se pronunciará en su ámbito. Además, recordó la inviolabilidad de los miembros de la Mesa de las Cortes, que recalcó enjuiciaron de trámite la proposición, no de fondo.

Por ello, recalcó que cada parte tendrá que rendir cuentas, informa Ical. Los políticos lo harán, dijo, ante los ciudadanos en la próxima convocatoria de las elecciones autonómicas, por lo que se preguntó ante quien lo hace la organización conservacionista y a quien representa.