El PSOE pide que se sume el palacete de Bruselas al caso de la ‘perla negra’

El Partido Socialista de Castilla y León ha presentado un recurso de reforma al auto del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid sobre la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda -conocido como la ‘perla negra’ y de los terrenos del fallido polígono Portillo (Valladolid), para añadir el alquiler del palacete de Bruselas que albergó la «embajada» de la Comunidad ante la Unión Europea.

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes, Pedro González, y el secretario general y portavoz de Hacienda, José Francisco Martín, informaron ayer de este recurso sobre la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2, César Gil Margareto, que imputó a la excúpula de la Consejería de Economía y a seis empresarios por la compra del edificio de Arroyo y los terrenos de Portillo.

En ese sentido, Martín expuso que en el caso del palacete de Bruselas se siguió por parte de Ade Europa el «mismo proceder» que en el edificio de Arroyo y además, recalcó, mediaron los mismos actores, entre ellos, Urban Proyecta y Parqueolid. El dirigente socialista se preguntó si en todo el país -Bélgica- no existía otro edificio más que el que la Junta, tras ser adquirido por unos determinados empresarios, alquiló con un contrato a 15 años, cuya rescisión -dijo- conlleva ahora una reclamación de 1,69 millones a la Comunidad, por parte de Nioma Activos e Inversiones y José Antonio Madruga Martínez, según recoge Ical.

Asimismo, los socialistas solicitan al Juzgado vallisoletano que en la instrucción por las presuntas irregularidades en estas causas no se aparte y se siga la investigación sobre Jesús Jiménez Miguel, que tenía un cargo de alta dirección en Gesturcal y autorizaba algunos pagos a proveedores, entre ellos a Parqueolid, que, según José Francisco Martín, no pasaban por el Consejo de Administración de la empresa pública, ya que, aseguró, solo daba cuenta a sus superiores, los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, que se encuentran imputados.

También, el procurador Pedro González recordó que el juez atribuye a los investigados los delitos de tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho. «No le queda ningún delito más que sumar a un gestor público», dijo el parlamentario, después de que la «ilustre»consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, celebrara que no se hubiera imputado a ningún miembro actual de su departamento.

Igualmente, recordó que el auto atribuye también estos delitos al exconsejero y exvicepresidente de la Junta Tomás Villanueva, fallecido, y por el que señaló el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, puso «la mano en el fuego». Además, recordó que el juzgado sostiene que no constan informes favorables de Hacienda a la operación, ni financieros para la compra, por lo que se preguntó si Pilar del Olmo «no sabía nada» o si le daba «igual».

Auto judicial

El juez atribuye a los imputados los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación y cohecho. En la compra del edificio de Arroyo, asegura que Urban Proyecta contó con información “privilegiada” facilitada por los altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo.

Además, indica que, tras la firma de dos contratos de arrendamiento, finalmente se firma un contrato de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera. En este sentido, el juez reprocha que no consten informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que analicen la gestión del Área de Contratación de la ADE como integrante de la administración institucional, ni informes de control de la eficacia realizados por la Consejería de Economía, ni tampoco informe favorable de la Consejería de Hacienda a la operación.

En el caso de los terrenos de Portillo, el juez asegura en el auto que la operación se realizó por decisión unilateral de Rafael Delgado y Begoña Hernández para «favorecimiento» de las empresas relacionadas directa o indirectamente con Delgado, con Urban Proyecta y con Alberto Esgueva. Además, se asegura que «fue una operación que además de tener aspectos de ilegalidad no se ajustó a los principios de responsabilidad en la gestión ni de eficiencia o eficacia suponiendo un mayor endeudamiento para Ade Parques en contra del principio de estabilidad financiera». En este sentido, también se asegura que la utilización de personas jurídicas interpuestas en las operaciones las encareció sin aportar valor añadido alguno.

Vuelven a urgir a que se convoque la comisión de las eólicas

El Grupo Socialista vuelve a pedir amparo a la Mesa de las Cortes de Castilla y León para que el presidente de la comisión de investigación sobre las eólicas y el edificio de Arroyo de la Encomienda y los terrenos de Portillo, el ‘popular’ Julián Ramos, convoque de forma «inmediata» este órgano para establecer un calendario de comparecientes, o lo haga la presidenta del Parlamento autonómico, Silvia Clemente. Los socialistas, según explicaron ayer el presidente del Grupo, Pedro González, y el secretario general, José Francisco Martín, toman esta medida 48 horas después de que se conociera la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el amparo a dos procuradores del PSOE que la Mesa de las Cortes negó a finales de 2017, aunque en enero de 2018 se celebró una reunión de la comisión de investigación, por decisión de Clemente. «Aquí no hace nada nadie», afirmó Martín, quien recordó que el fallo del Constitucional obliga a retrotraerse al momento previo a la denegación del amparo, que según el procurador socialista se refiere a la solicitud de reunión para fijar un calendario de comparecientes.