Cataplasmas para el trágala

Aunque os reglamentos parlamentarios aspiran a ser la horma fluida que permite mantener viva y palpitante la actividad de las cámaras, la terca realidad se empeña en desmentir semejante elasticidad, de manera que su práctica consuetudinaria los acredita como un encofrado impermeable a los reclamos de la actualidad. Por esa vía, los ecos de la manifestación del 26 de enero, en defensa de la sanidad pública, han acabado prevaleciendo en el retorno a las sesiones plenarias, después del dilatado período de hibernación parlamentaria pre y pos navideña, sobre el varapalo constitucional por la parálisis de la Comisión de investigación de la trama eólica y del edificio institucional conocido como la perla negra.

Precisa con razón el Tribunal Constitucional que la investigación parlamentaria ni entorpece ni interfiere la investigación judicial, en contra de la postura que exhiben sin excepción quienes rechazan tanto el control político como el judicial, barajando las excusas a conveniencia y según convenga para que nada se esclarezca. Ciertamente, los partidarios del tapón juegan a su favor con las demoras habituales de los juzgados, que tampoco esta vez ha salvaguardado el propio Constitucional, mucho más lento para pronunciarse sobre este asunto palmario que en sus cabriolas catalanas, donde suele mostrarse con agilidad de lince. Pero aquejado y devaluado por su lentitud en la resolución, el varapalo constitucional que anula el acuerdo de la Mesa de las Cortes de las navidades de 2017 ya no sirve para otra cosa que sacar los colores a los jubilosos participantes en aquel acto navideño de veto parlamentario, que como otras bufonadas festivas parlamentarias también se ejecutó en diciembre. Así que para este retorno plenario de las Águedas se sirvió un menudillo troceado y recalentado de la protesta sanitaria. La misma canción desafinada y machacona en once intervenciones distintas, intercambiables y recurrentes.

Lo más llamativo en este contexto y al hilo del varapalo constitucional es que ninguno de los plurales grupos opositores haya tenido hasta ahora la ocurrencia de plantear ante el plenario la revocación del nombramiento del senador Ignacio Cosidó como representante de las Cortes de Castilla y León en el Senado nacional. Puedo entender que la bufonada de diciembre, propagada por los detestables Hemiciscos, desanimara a los grupos opositores de malograr la pamplina con una iniciativa regeneradora y tendente a revocar la encomienda a quien tan indigno se ha mostrado de ostentar la representación institucional de Castilla y León. Y no sólo ya por su torpeza al alardear de que con el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial su partido iba a controlar la decisiva sala segunda del Tribunal Supremo ‘desde detrás’, que motivó que Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, mostrara su repugnancia, señalando que un granuja como él no puede tener sitio en el Partido Popular.

Seducida, sin duda, por el compadreo hemicisco, la plural oposición dejó correr la bola y que engordara Bartola. Y ahí surgió la trama Kitchen de la policía patriótica, que ya no permite seguir mirando para otro lado. El precedente de Cosidó en el manejo fraudulento y documentado de fondos reservados fue Julián Sancristóbal y su destino estuvo en la cárcel. No puede ser que el de este pájaro siga siendo uno de los escaños de nuestras Cortes autonómicas en el Senado. Como si nada. Pues a ver.