El impuesto sobre Garoña avanza con la sombra de un posible recurso del Gobierno

Las Cortes de Castilla y León rechazaron ayer la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista a la norma que regulará el conocido como impuesto a la central nuclear de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos), por el almacenamiento temporal de los residuos radiactivos, que continúa su tramitación parlamentaria, a pesar de que pueda haber en un futuro un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno.

De esta forma, el PP se quedó solo en su rechazó a la enmienda socialista, que respaldó Ciudadanos, y sobre la que se abstuvieron Podemos y la UPL. Así el Proyecto de Ley continúa su debate en comisión para sumar las centrales nucleares al impuesto sobre la afección medioambiental que ya recoge las centraleshidroeléctricas, los parques eólicos y las líneas de alta tensión, con el objetivo recaudar diez millones de euros, según recogen los Presupuestos Generales de la Comunidad para este año.

El socialista José Francisco Martín defendió la devolución del texto porque en su opinión este impuesto puede convertirse en una «excusa» o «llamada» para que la empresa Nuclenor, integrada por Iberdrola y Endesa, no solo almacenen sus residuos, sino los de otros, y de forma «permanente». Además, consideró llamativo que la compañía no haya presentado alegaciones, informa Ical.

El ‘popular’ Salvador Cruz negó que permita que el almacén individualizado de esta central albergue de forma definitiva los residuos y aseguró que el PSOE es el responsable de que se haya paralizado la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto en Villar de Cañas (Cuenca). Además, negó que se trate de un doble impuesto y destacó su carácter «extra fiscal», al perseguir la protección del medio ambiente.

El socialista criticó que el hecho imponible sea un «riesgo» para evitar una inconstitucionalidad y el sujeto pasivo el explotador, es decir, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa). Por ello, criticó que lo pagarán «todos los españoles» y no las eléctricas que figuran como responsables subsidiarias.

Asimismo, el parlamentario socialista reclamó a la Junta la inversión ya de los diez millones presupuestados, con independencia del Plan de Miranda de Ebro (Burgos), y avanzó una batería de enmiendas parciales para evitar que los residuos se queden en Burgos. Además, señaló que este impuesto «abortado» es «insolidario» y contrario a los intereses generales, por lo que consideró será recurrido.

De nuevo, el ‘popular’ recordó al Grupo Socialista el impacto de las decisiones del Ministerio de Transición Ecológica en relación a la minería del carbón y las centrales térmicas y le pidió que diseñe un programa de reindustrialización para Garoña. Salvador Cruz insistió en que el impuesto pretende disuadir el deposito de residuos nucleares y recordó que la Junta está dispuesta a apoyar cualquier proyecto para la zona, con independencia del plan para Miranda.

Martín insistió en que este «desastre» de impuesto es el resultado de una «pataleta», al quedarse la Junta «con el culo al aire», después de que la propietaria decidiera cerrar, pese a defender la supervivencia de la planta. A su juicio es el «peor» tributo de la historia de la Comunidad y señaló que no cuenta con «respaldo» de la asesoría jurídica de la Junta y el Consejo Consultivo, por lo que sentenció que no logrará recaudar nada.

A juicio del Grupo Socialista habría que obligar a la empresa Nuclenor a la retirada de los residuos por los daños, que en la memoria del impuesto, se reconoce están causando ya a Las Merindades, y no gravar su continuidad, una vez que finaliza la actividad de la central. José Francisco Martín señaló que lo negado por la Junta durante estos años queda acreditado en su opinión en la justificación de esta figura.

En nombre de Ciudadanos, Manuel Mitadiel consideró «fácil» de recurrir este nuevo tributo, que califició de «extemporáneo» por afectar a una actividad no gravada, y criticó que la respuesta legal a un «riesgo» sea un tributo. «Estamos abriendo una puerta peligrosa», advirtió. También avisó de que puede repercutirse a los ciudadanos con un incremento de precios. «El plan de Garoña tiene que ser sí o sí», dijo porque la comarca no puede esperar a que la Junta recaude diez millones «alguna vez».

El represente de Podemos Félix Díez Romero aseguró que puede ser «peligrosísimo» este impuesto, sobre el que el Consultivo señala «deficiencias muy graves», lo que hace que sea «muy difícil» de implementarse. También cuestionó el hecho imponible utilizado para sortear la «doble imposición» y expresó sus dudas sobre la posibilidad de que se logren recaudar diez millones.

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, tomó la palabra para defender el impuesto, «oportuno y necesario», al encontrarse la titular de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en Bruselas para buscar una solución al cierre de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León). Además, aprovechó para recordar al Gobierno su obligación de buscar una alternativa para la comarca burgalesa que ha albergado la instalación nuclear, por ser quien tomó la decisión de poner fin a su vida útil.

Fernández Carriedo aseguró que buscan refozar unos ingresos «escasos», «más con el sistema de financiación autonómica», que lamentó «no termina de modificarse». Explicó que también se configura como un instrumento para «disuadir» conductas «perniciosas» contra el medio ambiente, y para evitar que los residuos se quedaran de manera «definitiva» en la Comunidad.

Rechazada la PNL del PSOE para un grupo de trabajo que evalue RTVCyL

Las Cortes de Castilla y León rechazaron ayer la proposición no de ley del Grupo Socialista, defendida ante el pleno por su portavoz, Luis Tudanca, en la que solicitó la creación de un grupo de trabajo para acordar diversas medidas para garantizar las funciones de servicio de los intereses públicos, del interés general, de la objetividad de sus contenidos y del comportamiento ético de la propiedad de Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL).

Según el portavoz socialista, su propuesta es una «gran oportunidad» para impulsar las medidas necesarias para que la Radio y Televisión de Castilla y León esté al servicio de los intereses generales, pero en todo momento apostó por mantener la calidad del empleo y por una financiación estable a través de un nuevo modelo a partir de enero de 2019, informa Ical. En otro de los apartados de la iniciativa, Tudanca pidió la creación de un grupo de trabajo con la participación de las formaciones políticas con representación parlamentaria que culmine con una comunicación que, en el plazo máximo de dos meses, sea remitida por la Junta a las Cortes para su debate, con el fin de garantizar el consenso político y social necesario para la estabilidad de la televisión autonómica.

Ninguno de los representantes de los grupos intervinientes, Natalia del Barrio (Podemos), David Castaño (Cs), Luis Mariano Santos (UPL) y Juan José Sanz Vitorio (PP), consideraron necesario crear ese grupo de trabajo cuando existe una comisión de seguimiento. Sanz Vitorio defendió un «modelo ejemplar, económico y de éxito», calificó de «irresponsable que se ponga en riesgo la honorabilidad de los trabajadores y el empleo». «No vamos a consentir ninguna duda sobre los trabajadores», aseveró, algo que en la replica rechazó el socialista: «No vamos a tolerar que se utilice a los trabajadores, están libres de toda sospecha», zanjó.

Natalia del Barrio, manifestó que la proposición es «la nada absoluta», lamentó que se deje fuera a los trabajadores en la creación de un grupo de trabajo. Luis Mariano Santos consideró que Tudanca «ha buscado el marco mediático. «Hay que consensuar antes, lo demás es juego de artificio», avisó. David Castaño indicó que «la mejor manera de garantizar la salvaguarda del interés general es garantizar su independencia». Animó a Tudanca a «no amagar y pegar» si busca mejorar la calidad y el empleo en este servicio.