Nace una Ley de Cooperativas más ágil para ganar solvencia, competitividad y empleo
Reduce trámites, amplía hasta 3.000 euros el capital, rebaja a dos los socios y apuesta por el sector agroalimentario para fijar población / Recibe el respaldo de todo los grupos de las Cortes
Simplificación de trámites, mayor agilidad en su constitución, ahorro de costes, mejoras en la solvencia financiera y en su competitividad. Son las claves básicas que permiten entender el espíritu y la esencia de la nueva Ley de Cooperativas de Castilla y León, que nació ayer con el objetivo de que estas sociedades mantengan su carácter social y contribuyan en mayor medida a fijar población en el medio rural y ganan competitividad en los mercados en un contexto de consumidores más exigentes.
Cambios importantes sobre el papel que justificaron el respaldo de todos los grupos parlamentarios a una reforma participativa que cuenta con el apoyo de la Unión regional de Cooperativas de Castilla y León (Urcacyl), de los sindicatos y al menos de Asaja, la principal organización agraria de la Comunidad autónoma. La ley entrará en vigor a los veinte días de publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León.
A partir de su entrada en vigor, los emprendedores de la llamada economía social podrán constituir cooperativas con solo dos socios, uno menos que hasta ahora, lo que facilitará su creación y mitigará situaciones que se han venido produciendo en algunas sociedades al acabar con menos de tres integrantes por jubilación o baja de alguno. Se trata de una medida reclamada por el sector y que ya está vigente en otras comunidades autónomas y a la que podrán acojerse las que ya funcionan.
Las nuevas cooperativas que se crearán a partir de ahora lo harán con más solvencia financiera. Su capital social mínimo aumenta un 50% al pasar de 2.000 a 3.000 euros, al tiempo que admitirá obtener recursos de otros tipos de socios capitalistas. También contribuirá a evitar faltas de liquidez;al respecto, un socio solo podrá reembolsarse su aportación en caso de baja cuando se garantice la supervivencia de la cooperativa.
El texto normativo concede un plazo de dos años para que las cooperativas adapten sus estatutos a la ley. El acuerdo de adaptación de estatutos deberá adoptarse en una asamblea general, «siendo suficiente el voto a favor de más de la mitad de los socios presentes y representados». Al respecto, la disposición transitoria segunda del texto aprobado ayer establece que «cualquier consejero o socio» esté legitimado para solicitar del consejo rector la convocatoria de esa asamblea, y si en dos meses no se celebrar, «podrán solicitarla al juez».
El texto es contundente al respecto. Si en dos años no se registran los nuevos estatutos, la cooperativa estará incursa en causa de disolución.
No obstante, los expedientes iniciados por las cooperativas constituidas antes de la vigencia de esta ley se tramitarán con arreglo a la normativa vigente que data de abril de 2002.
A estas sociedades cooperativas se les abren ahora nuevas vías para legalizar sus libros contables, depositar sus cuentas y convocar asamblea general. Buena parte de estos trámites se podrá hacer por vía telemática, lo que contribuye a ahorrar costes y tiempo. En el caso de las cooperativas con más de 500 socios, simplemente podrán convocar en su página web la convocatoria asamblearia.
El llamado silencio administrativo se incorpora a esta ley a la hora de inscribir la sociedad. Los promotores deberán elevar a escritura pública la constitución en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la asamblea constituyente aprobase el proyecto de estatutos. Una vez inscrita la sociedad, «el órgano competente resolverá en el plazo de un mes». Y si no lo hace, se considerará inscrita.
La Ley introduce una nueva categoría de socio denominado «socio de servicios», que son aquellos que, «sin realizar la actividad principal, podrán participar de otras actividades y servicios que preste la cooperativa».
Desde su entrada en vigor ya no existen las llamadas cooperativas agrarias porque cambian de nombre. Serán agroalimentarias, un término más amplio que refleja mejor las actividades que desarrollan, «sean de carácter primario o bien de transformación de productos».
El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, artífice del elevado e inusual proceso participativo de esta ley, considera que la norma permitirá reforzar «la economía social» y dotar de «más agilidad y fortaleza» al sector. También servirá para generar más actividad en el mundo rural y agrario, que es donde más implantadas están las cooperativas. A su juicio, el sector cooperativo podrá ganar más tamaño y mayor competitividad, lo que contribuirá a asentar población.
«La nueva Ley tiene resultar más operativa, favorecer su redimensión para que sean más competitivas», declaró ayer Juan José Sanz Vitorio, ponente de la ley y secretario del Grupo Parlamentario Socialista, quien destacó el «ambiente de consenso excepcional» que ha marcado el trámite parlamentario.
Al pleno de las Cortes llegaron ayer 38 enmiendas vivas.Sólo se aceptó una del PSOE relativa a facilitar información escrita a los socios de los acuerdos de la asamblea general.
El procurador socialista,Pedro González, compartió la importancia y trascendencia del sector -2.102 cooperativas, de las que 570 son agrarias, que ocupan a 9.30 personas-, que está muy implantado en el medio rural. Adela Pascual, de Podemos, valoró el alto nivel de consenso y peleó sin éxito por mantener los 2.000 euros de capital mínimo. Belén Rosado, de Ciudadanos, intentó reforzar mejor la regulación del objeto y ámbito de las cooperativas. José Sarrión, de IU, se mostró satisfecho porque sus enmiendas eran más bien de redacción.
La aprobación de la nueva ley cumple el compromiso de investidura del presidente de la Junta, JuanVicente Herrera, para reducir las cargas administrativas, facilitar su actividad y sobre todo crear nuevos yacimientos de empleo.