Cien millones entre rejas

Parada y con vigilancia de seguridad que cuesta un ojo de la cara a los ciudadanos, en torno al millón de euros anuales. Así se encuentra el armazón de un nuevo centro penitenciario, el de Soria, que ahora mismo es un homenaje a la paralización y a la indecencia política. Lo habita algún guardia de seguridad junto a su perro, que patrulla por la zona para evitar robos o desperfectos, aunque nadie se acerca hasta esta cárcel situada en el barrio de Las Casas, a no mucha distancia de la actual prisión enclavada en pleno casco urbano soriano, en el paraje la Lagunilla del barrio de Las Casas.

Se respira tranquilidad, pero también soledad, mucha soledad, por mucho que los dirigentes políticos hayan asegurado, esta vez parece que sí, que la prisión se abrirá en este 2018, aunque no a pleno rendimiento, sino por módulos. Su inversión ha sido de nada menos que 100 millones de euros, construida por una de las grandes constructoras del país, Acciona. Ahora mismo son 100 millones entre rejas, y a falta del equipamiento y del colector.

Tras la apertura de la cárcel malagueña de Archidona, fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran que la siguiente será la de Soria, toda vez que el centro de inserción social (CIS) de Almería atraviesa por demasiados problemas como para pensar en que será la que siga a la prisión malagueña. La pasada semana, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguraba a parlamentarios del PP de Soria que acelerará las expropiaciones para construir el colector, el enésimo obstáculo con que se ha encontrado la cárcel y que ha agitado las tensiones entre el equipo de Gobierno socialista del Ayuntamiento de Soria y la Subdelegación. Ésta asegura que las licencias municipales se han retrasado a posta para obstaculizar el proyecto. El Ayuntamiento apostaba por otro trazado para llevar el colector a la cárcel.

Pero ¿qué más hace falta para abrir esta macrocárcel de más de 700 celdas? Conviene apostillar que en sus inicios tuvo detractores también en el PP. Parlamentarios, concejales y ciudadanos sorianos eran de la opinión de que una prisión que puede albergar a más de 1.200 presos no se corresponde con una población de apenas 40.000 habitantes, porque Soria no genera ese grado de delincuencia. Incluso, de esta opinión es también el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. Hay quien acuñó la nueva situación como ‘Soria ciudad penitenciaria’.

Los sindicatos estiman que para abrirse el centro penitenciario a pleno rendimiento harían falta entre 300 y 400 trabajadores adicionales. Yel concurso para plazas públicas, que al fin se abrió, es más exiguo como para pensar en que Soria se pudiera llevar a todos los funcionarios. En este sentido, la cárcel de Archidona se ha llevado el gran trozo de la tarta.

Sin embargo, para abrir el recinto por módulos los cálculos tampoco son nada desdeñables: la cifra que barajan es la de 100 funcionarios más que se unirían a los poco más de 180 existentes. Una plantilla que por cierto ha ido envejeciendo paulatinamente. Los turnos llegan con lo puesto y en muchos casos lamentan que en deteminadas fechas no se cumpla siquiera con las condiciones de seguridad, algo que desmiente Instituciones Penitenciarias.

La apertura por módulos en cárceles mucho más grandes no es una novedad para el departamento de Interior. Pamplona, que por cierto comenzó las obras más tarde que Soria, así lo hizo en Santa Lucía.

Proyecto

Alfredo Pérez Rubalcaba, el alcalde Carlos Martínez y la entonces responsable de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, fueron los grandes valedores de este proyecto que desembocaría en 2010 con el pistoletazo de salida a las obras. Se discutió hasta el paraje, porque la organización ecologista Asden acusó al Gobierno de hacerse en terrenos que afectaban a un monte sagrado para los sorianos: Valonsadero.

En esta inversión millonaria paralizada, otro monumento a la parálisis política, trabajaron un total de 232 empresas, con un número medio de trabajadores que ascendió a 230, de los cuales el 30% pertenecían a la propia provincia soriana.

La llegada de la crisis económica dejó al aire todas las carencias de un centro seguramente sobredimensionado, y cuatro largos años de ralentización. En realidad, la cárcel no ha llegado a acabarse nunca por la nula voluntad política de hacerlo. Ha dado la impresión en ocasiones de que se trataba de un auténtico marrón en medio de ninguna parte.

La Sociedad de Instituciones y Equipamientos Penitenciarios aseguraba en los inicios del año 2015, durante una visita del presidente de la sociedad, Andreu Roca, que hasta el año 2016 no se licitaría el equipamiento de la cárcel. Quien sepa contar ha caído en la cuenta de que dos años después las cosas siguen igual y que las palabras salen gratis y se las lleva el viento. Los defensores de que la cárcel abra por fin sus puertas, como en filas socialistas, sus políticos aseguran que sería «el mejor Plan de Empleo» para la provincia y un elemento poderoso para combatir la despoblación. Asimismo, destacan que tendría un «efecto multiplicador» mejorando instituciones como La Guardia Civil, la Policía o la creación del juzgado de Vigilancia Penitenciaria.