«La reforma de la Constitución debe incluir las competencias para evitar el chalaneo»

«Es necesaria la reforma de la Constitución porque estamos viviendo la mayor crisis territorial imaginable». Con esta afirmación, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio De Santiago-Juárez, deja claro durante su intervención del Congreso Somos Castilla y León, organizado por EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, que es el momento de acometer cambios en la Carta Magna del 78.

Una reforma que De Santiago-Juárez centra en el Título Octavo, el que tiene que ver con el modelo territorial, pese a que reconoce que hay otras muchas cuestiones a cambiar, como la sucesión de laCorona, los nuevos derechos, la calidad de la política...

Ahondando en esa necesidad de cambiar la Constitución, algo que entiende que es posible pese a unas dificultades que no ve mayores que las que existían en 1978 cuando se promulgó, José Antonio De Santiago-Juárez tiene claro que en la misma debe regularse el estado competencial, tanto de comunidades autónomas como del Gobierno central. Sólo así se evitará «el chalaneo, la voracidad de algunos territorios o negociaciones interminables».

Es aquí cuando plantea cerrar el actual artículo 149, que ve «ambiguo», para que todas las competencias estén en la Constitución y no tengan que incluirse en los estatutos de las autonomías.

«Se evitaría la proliferación legislativa de los parlamentos de las comunidades», explica, convencido de la existencia de esa «voracidad» en la aprobación de leyes «que, en algunos casos, han creado dificultades y obstáculos en la vida diaria de los ciudadanos», remarca.

Este último extremo lo explica con el ejemplo de una persona que viaje de Extremadura a Barcelona con un perro, «para hacerlo legalmente tendría que pasar cinco controles, que nadie hace», destaca.

Cambios en la Carta Magna que deben incluir, según detalla el vicepresidente de la Junta, la lealtad institucional. «La reforma tiene que recoger primero lo que no aparece, la lealtad institucional. Un modelo sin lealtad se va al garete. Eso es básico», remarca el vicepresidente, para quien en la actual Constitución falta la lealtad como «palabra clave».

José Antonio De Santiago-Juárez entiende que la base de esa grave crisis territorial, que según él no sólo se ve «en ese territorio que todos sabemos y no es necesario nombrarsino en otros también», es la falta de esa lealtad institucional. «El modelo está sometido a tensiones que se retroalimentan entre sí», destaca el vicepresidente de la Junta, para acto seguido explicar que esas tensiones se producen entre los «separatistas-nacionalistas» y las opciones «recentralizadoras».

A eso es a lo que se tiene que responder con la reforma de la Constitución, en palabras del número dos del Ejecutivo autonómico. Pero entiende el también consejero de la Presidencia que el primer motivo para plantearse y hablar de una reforma de la Carta Magna del 78 viene dado porque, además de ser un tema de «máxima actualidad», los más jóvenes «no la han votado y no la sienten como suya». A lo que se le añade el hecho de que «la realidad es hoy muy distinta a la del 78», remarca De Santiago-Juárez.

El segundo motivo, el de la actualidad, a decir del vicepresidente, se demuestra en el hecho de la creación de la Comisión para la Evaluación y Modernización el Estado Autonómico en el Congreso de los Diputados.

Extremo que dice no entender que se haya llevado a cabo en la Cámara Baja, cuando debería haberse planteado en el Senado, «que es la cámara territorial». «Si vamos a hablar del Estado Autonómico esta comisión debería haber sido en el Senado y de paso invitar a algún presidente autonómico», lamenta.

Dentro de su ámbito de propuestas de reforma dentro de ese Título Octavo, el vicepresidente de la Junta abre la puerta a eliminar diputaciones allí donde los pequeños municipios de menos de 500 habitantes no sean representativos. Eso sí, «no en Castilla y León donde las diputaciones son esenciales para los pequeños pueblos, que representan el 75% del territorio», aclara. Junto a ello, que se propicie la agrupación de municipios de diferentes provincias, ya que ahora dice el texto constitucional que «se podrán crear». «Yo soy partidario de cambiar el verbo poder por propiciar su creación», aclara.

Las ideas básicas de sus cambios constitucionales pasan, tras esa lealtad institucional, por los principios para una financiación transparente, justa y solidaria que garantice la igualdad en la prestación de los servicios básicos. «No hay que confundir la mala gestión con la eficiente financiación», apostilla.

El vicepresidente del Gobierno de Castilla y León también plantea que en la reforma se recoja el número de las comunidades autónomas. Y es que reconoce que 17 autonomías y dos ciudades autónomas «son demasiadas», pese a que sostiene que «ya es imposible dar marcha atrás» y que a nivel teórico comparte junto al consejero de Educación, Fernando Rey, que trece comunidades serían el número ideal.

Otro elemento de la reforma estaría, en su opinión, en regular el control previo del Tribunal Constitucional para que un estatuto de autonomía, cuya reforma haya aprobado el Senado y sometida a referéndum, no tenga que pasar por un recurso ante este órgano.

A esto se tiene que añadir inexorablemente, según afirma De Santiago-Juárez, la regulación de la colaboración vertical entre el Estado y las autonomías. En este punto, resalta la idea de la Conferencia de Presidentes de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, además, debe existir la colaboración horizontal entre las autonomías, apartado en el que Castilla y León tiene convenios marco de colaboración con su vecinos, a excepción de Cantabria.

«Definido el modelo, llegaría la tan manoseada reforma del Senado como cámara de representación territorial, pero que poco caso se le hace», asevera, para volver a reprochar que la comisión territorial se creara en el Congreso y no en la Cámara Alta.

El vicepresidente no duda cuando afirma que esta reforma constitucional del Título Octavo es «un elemento de progreso para España y, si lo es para España, también lo es para Castilla y León», concluye.