La Junta exige al Gobierno «más transparencia» sobre el cupo vasco

El Gobierno regional quiere «más transparencia» y una explicación «a todos los españoles» de cómo se calcula el cupo vasco, aprobado ayer en el Congreso junto a la actualización del concierto económico entre el Estado y la Comunidad autónoma vasca para el quinquenio 2017-2021. Mientras el pleno de la Cámara Baja debatía las leyes que regulan ambas cuestiones, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, planteaba esta exigencia en su comparecencia a los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno.

En virtud del concierto, el País Vasco recauda todos los tributos y abona al Estado una cantidad anual, conocida como cupo, por las competencias no cedidas, que se revisa de forma periódica.

A juicio de la consejera de Hacienda, los cálculos para determinar este cupo «no son claros» y siempre se han caracterizado «por su poca transparencia», por lo que exigió «una explicación pormenorizada al resto de los españoles» de cómo se realizan. Del Olmo precisó que, aunque la singular financiación de las haciendas forales está recogida en la Carta Magna, es necesario «un sistema estable» para estas comunidades que sea compatible con los principios de solidaridad y equidad del gasto público. En la actualidad, según apuntó, la financiación per cápita de Navarra y el País Vasco es un 75% más alta que la del resto de las autonomías.

Competencia desleal

En sus críticas a la negociación del cupo, la titular de Economía y Hacienda afirmó que todo lo que va a financiar al País Vasco «se detrae» de los ingresos por recaudación de toda España y que los ajustes del IVA «salen también» de la parte cedida a las comunidades autonómas». A todo ello añadió que una comunidad bien financiada puede rebajar sus impuestos «y hacer competencia fiscal desleal» con el resto de las autonomías.

A pesar de estas quejas, Del Olmo reconoció que el concierto y el cupo vascos habían sido aprobados «con un alto grado de consenso» en el Congreso (solo se opusieron Ciudadanos y Compromís). Vinculó esta aprobación con los próximos Prespuestos del Estado, que dependen del voto favorable de los parlamentarios del PNV, para concluir que «muchas veces hay que hacer un sacrificio menor con el fin lograr un bien mayor», en referencia a que si las cuentas públicas para 2018 salen adelante «darán estabilidad y beneficiarán a todo el país».

Aun así, la consejera lamentó que el cupo hubiera sido aprobado «de manera exprés», cuando las comunidades de régimen común aún están a la espera de una reunión «urgente» sobre la financiación autonómica.

La negociación del nuevo sistema para financiar a las autonomías centró buena parte de la intervención de la titular de Economía y Hacienda, que resumió el informe enviado al comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera con la posición de la Comunidad respecto a varios aspectos que recoge el borrador del modelo. Se trata del punto de partida de una negociación que, según Del Olmo, no se sabe cuándo va a comenzar, aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ofreció ayer al PSOE incluirla en los Presupuestos de 2018.

Del Olmo informó de que la Junta ha trabajado en coordinación con Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, e incluso ha «hablado» con otras autonomías con intereses contrapuestos a Castilla y León, como Valencia o Andalucía.

El documento elaborado, acorde con el pacto firmado en su día con los grupos parlamentarios, parte de la base de que todas las comunidades deben tener garantizada la prestación de los servicios básicos, y no deben recibir menos de lo que les llega del actual modelo. Esta última condición, que resume la denominada cláusula del statu quo, es imprescindible, a juicio de la consejera, aunque está cuestionada en el informe de los expertos.

«No se puede perder ni un euro», manifestó Del Olmo, para quien no «no cabe plantearse la supresión de esta garantía ni siquiera de forma paulatina», salvo en el improbable caso de que se reajustaran todas las variables que determinan la población ajustada.

Sobre el cálculo de estas variables, la titular de Hacienda exigió más peso para la extensión y la dispersión territorial, ya que la primera solo computa el 2,8% y la segunda el 0,8%. A ello habría que añadir el cálculo de las distancias para acceder a los servicios públicos y otros indicadores de gastos no vinculados con ellos, como las carreteras. En Sanidad, propone valorar dos tramos, de mayores de 75 y a partir de los 85; en educación, que se incorpore el indicador de niños de 0 a 3 años y a los universitarios y, en servicios sociales, el número y el grado de las personas dependientes.

El informe que la Junta remite hoy al Ministerio de Hacienda reivindica una «armonización fiscal» ante la «competencia desleal» que ejercen otras comunidades. También pone el acento en el desequilibrio que se ha producido con el actual modelo entre lo que reciben las comunidades y el Estado de los recursos tributarios, dado que mientras el incremento para las primeras ha sido del 0,3%, para el segundo llega al 14%. Consecuencia de ello es que las entregas a cuenta que reciben las autonomías no cubren el conjunto de las prestaciones de los servicios básicos.

La consejera exigió «lealtad institucional», tras constatar que el Gobierno nunca ha explicado decisiones que han supuesto más gastos o menos ingresos para las comunidades. Como ejemplo, citó supresión del impuesto sobre operaciones societarias o los activos gestionados por el Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob). La solución pasa por evaluar cada año estas circuntancias e incorporarlas al sistema de financiación.