Las agresiones a médicos se disparan un 30% en el último año

La sanidad deja de ser un oficio seguro. Los ataques a médicos se dispararon en Castilla y León un 30% en 2016, ya que se produjeron cuatro casos más de agresiones que en 2015, 17 frente a los 13 anteriores. La Comunidad acumula así 250 incidencias en seis años, lo que resulta preocupante, pues esto supone ocho de cada cien casos de los que se producen en el resto del país, según arrojan datos del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial de España (OMC).

Las mujeres siguen siendo las más perjudicadas. Por cada 1000 colegiadas hay una media de 1,42 ataques. Frente a estas cifras, los hombres sólo se enfrentan a una media de 0,95 incidencias. Castilla y León no es la comunidad autónoma en la que más atentados se producen contra el personal sanitario femenino, ya que quien lidera la clasificación es Melilla, con una media de 21,74, seguida de Extremadura, con 7,52, Cataluña con 4,23 y Cantabria –3.47–, mientras que las comunidades en las que las mujeres menos sufren este tipo de ataques violentos es en Ceuta, donde no existen la violencia hacia las colegiadas, País Vasco –0,28–, Baleares –0,40– y Galicia con 045. En el caso de los hombres, Melilla, Ceuta y Andalucía son las autonomías en las que más se agrede a los doctores, con medias de 15,63,4,74 y 2,63 respectivamente, mientras que donde menos incidencias se producen contra el personal masculino es en Galicia –no se da ninguna agresión–, Aragón –0,47– y el País Vasco con 0,48.

Respecto a las cifras por autonomía, en España, durante el ejercicio de 2016, el país ha experimentado un incremento de las incidencias del 37,12% desde el año pasado, ya que se dieron un total de 495 casos, de los cuales el 13,4% tuvieron lesiones graves. Asimismo, a nivel nacional también son las mujeres las que más ataques perciben, por cada 1.000 colegiadas se agrede una media de 2,41, respeto a los 1,66 de los hombres.

Desde 2010, Castilla y León experimentó una actitud decreciente en materia de agresiones sanitarias, ya que de las 2,29 que se producían en dicho año, en 2016 tuvieron lugar 1,18, aunque esta cifra sí supera a la del año anterior, cuando se produjeron 0,91 atentados, posesionando a la Comunidad en el ecuador de la comparativa por autonomías. Por su parte, Galicia y País Vasco son las tres comunidades autónomas que más han reducido sus ataques desde hace seis años. En el caso de los gallegos se ha pasado de una media de 0,72 incidencias a 0,22, por otro lado, los médicos del País Vasco sufrían hace seis años 0,85 ataques, mientras que el año pasado sólo percibieron 0,38. Baleares, por su lado, aunque se encuentra entres las autonomías con menos agresiones, sí que ha aumentado los atentados desde hace seis años. Por el contrario, Melilla ha disparado los asaltos de 4 a 17,61, mientras que Extremadura se ha mantenido en torno a la media de 4,9 durante el sexenio y Ceuta, que hasta 2013 mantuvo una racha de no agresiones comenzó a subir en 2014 a las 6,19 y el año pasado tuvo una media de 3,13.

El porcentaje mayor de los ataques son emprendidos por pacientes –siete de cada diez–, mientras que el 26,6% se producen por parte de los familiares de enfermos y un 1,8% las ocasionan los enfermos desplazados.

En cuanto a las sentencias recogidas el año pasado por órganos de la jurisprudencia, Castilla y León es la comunidad en la que menos sentencias se tramitaron, concretamente una, al igual que en Galicia respecto a las 76 que se tramitaron en toda España. La comunidad autónoma en la más fallos se tramitaron los tribunas fue Andalucía –27–, seguida de Cataluña –11– y la Comunidad Valenciana –10–, mientras que el resto oscila entre las cuatro y las dos sentencias expedidas.

Tendrán que tomarse medidas si se quiere reducir el número de agresiones al personal sanitario.

Denuncian el incumplimiento de la ley de función pública

La Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León denunció ayer el incumplimiento reiterado de la Ley de Función Pública, así como el «menosprecio» al personal funcionario por parte del Gobierno, porque no informó de la evolución de las retribuciones, la evolución del empleo público y los programas de mejora del rendimiento.

En su opinión, esta situación supone una «falta de respeto» al impedir que sus órganos de representación puedan ejercer sus funciones. Además, denunció a la Consejería de la Presidencia ante el Comisionado de la Transparencia, porque, tras solicitarlo dos veces, no les facilitó la relación actualizada del estado de las Relaciones de Puestos de Trabajo, informa Ical.