Acuerdo para pedir al Gobierno que modifique la Ley ‘Montoro’

La reforma de la Ley Montoro llegó ayer al pleno las Cortes de la mano de los propios populares. El PP presentó en el parlamento autonómico una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno central a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera –más conocida como Ley Montoro–, para que los ayuntamientos con superávit pudiesen destinarlo a gastos corrientes e inversiones que consideren adecuadas y no sólo a amortizar su deuda, pagar a proveedores o llevar a cabo actuaciones financieramente sostenibles.

La propuesta, aprobada por todos los grupos salvo Izquierda Unida, que se abstuvo, tiene su origen en el cambio del panorama económico del año 2012 –cuando se aprobó la Ley– y el de la actualidad, según explicó el procurador popular Jorge Domingo Martínez, que reclamó la modificación de unas medidas «demasiado restrictivas» para un contexto en el que «se ha controlado el déficit y se ha reducido el endeudamiento».

Martínez también defendió la ampliación de las inversiones financieramente sostenibles para que incluyan servicios básicos o esenciales de competencia local, entre los que citó los programas de seguridad y orden público, el servicio de prevención y extinción de incendios, el alcantarillado y los consultorios médicos locales, entre otros. Este punto también pasó el filtro de la Cámara con los votos a favor de los populares, Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés (UPL), mientras que el PSOE, Podemos e Izquierda Unida se abstuvieron.

El debate de la PNL se convirtió en una pugna entre los distintos grupos por ver quién defendía más a los ayuntamientos. La procuradora socialista Virginia Barcones cifró en 250 millones de euros el superávit generado por el conjunto de consistorios castellanos y leoneses, una cantidad equivalente, según aseguró, a la que la Junta les da, en toda una legislatura, de lo recaudado a través de los impuestos.

Barcones criticó a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, por negar en diciembre que la Ley Montoro perjudicase a las corporaciones locales con superávit e invadiese la autonomía local y, sin embargo, presentar su partido en marzo una proposición similar en la que lo reconozca. El Grupo Parlamentario Socialista presentó también una enmienda de sustitución a la ampliación de las inversiones financieramente sostenibles para instar a la Junta a permitir que las entidades locales reviertan su superávit en 2017 sin generar nuevos ingresos por el mismo importe, que no prosperó al considerar el PP que no correspondía a la Comunidad sino del Gobierno central.

El procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado también arremetió contra Del Olmo y expresó que la razón de la iniciativa estaba en las reclamaciones de los ayuntamientos «sensatos y ahorradores» de Castilla y León. El representante de la formación naranja pidió a la consejera «menos burocracia» para que los consistorios puedan llevar a cabo su labor «sin que les estorben».

Féliz Díez, de Podemos, abogó por derogar la totalidad de la Ley Montoro. «Es una ley mala, no se corté, dígalo», espetó el procurador a Martínez, mientras que el leonesista Luis Mariano Santos dio el visto bueno a la PNL del PP, pero le acusó de no haber defendido a las entidades locales. «Usted no se atreve a decirlo pero es una Ley muy mala para la administración local y para la autonomía de los municipios», recalcó.