Medio Ambiente cobra el 50% de multas

Una tala injustificada de árboles, un vertido tóxico al río, un fuego encendido sin autorización, cazar o pescar de forma ilegal... obliga a los agentes medioambientales de la Junta o la Guardia Civil a intervenir e interponer una denuncia. Hasta 35.473 denuncias elevaron a las distintas direcciones territoriales de la Junta en el periodo 2012-2015.

Aunque en esos años, el número de requerimientos ha descendido un 24% –al pasar de 9.973 en 2012 a los 7.563 de 2015–, los despachos de los instructores provinciales parecen no dar abasto, al menos si se analizan los datos aportados por la Consejería de Medio Ambiente. Menos denuncias, pero similar volumen de sanciones impagadas por particulares, empresas o ayuntamientos.

Han iniciado la tramitación del 89,1% de las denuncias (31.682) presentadas por los agentes, lo que ha dado lugar a 20.934 sanciones. Esto significa que el 59% de las denuncias acaba en sanción y el 41%, impune. Y es que, según defiende Medio Ambiente, «no toda denuncia deriva en una resolución sancionadora». Algunas veces porque no se llega a identificar al infractor, otras porque se traslada a una administración diferente o simplemente se archiva.

Pero lo más llamativo es que sólo la mitad de esas 20.934 sanciones que al final fueron interpuestas, una vez probados los hechos, han sido cobradas. En total, Medio Ambiente ha ingresado 3,9 millones de euros al hacerse efectivo el pago de sólo 10.841 sanciones.

¿Y el resto? La Consejería explica que este desfase se debe a que «frente a la resolución sancionadora se ha podido interponer un recurso de alzada, se ha iniciado la vía de apremio o simplemente están en periodo voluntario de pago o se ha concedido un fraccionamiento».

Valladolid sería, con gran diferencia, la provincia donde en menor medida se pagan las multas (un 24% de las sanciones se han abonado). En el otro extremo, Burgos. Allí el 98% de las sanciones sí se han pagado, lo que ha llevado a la Consejería a recaudar 734.211 euros (la cifra más elevada de la Comunidad) y eso, a pesar, de que es Zamora la provincia que concentra el mayor número de denuncias, con 5.171.

El mayor número de denuncias se produce por incumplir las normas de incendios –11.983 denuncias–, seguido por el vertido de residuos o por vertederos –9.466–. Sin embargo, en el primero de los casos el 66% acaba en sanción, y exclusivamente un 57% de ellas se abona. Peor futuro le espera a las denuncias por residuos o vertidos. Del total de requerimientos, un 43% termina con un expediente sancionador. Se paga sólo el 39%, según la información que la Junta remitió como contestación a una pregunta escrita del PSOE.

Los agentes medioambientales de la Junta, autores de las denuncias sobre el terreno, no comparten la visión de la Consejería, tampoco la oposición. Una distinta interpretación de los motivos por los que las denuncias no acaban en sanción y por lo que las sanciones al final no se pagan, llevó al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Sánchez-Quiñones, y al portavoz de este área en el Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Aceves, a invitarse mutuamente en las Cortes a ir a los tribunales. El consejero para que Aceves denuncie si tiene conocimiento de que algún expediente se «queda en el cajón». Aceves para que el consejero demuestre que él miente.

«IMPUNIDAD»

Los datos son «vergonzosos», sostiene Aceves, para quien es «un escándalo» que el 40% de las denuncias «no sirva para nada», lo que redunda en una «mayor impunidad para el infractor» y en una «falta de autoridad para agentes medioambientales y de la Guardia Civil».

Por ello, reclama al consejero que se ponga ya «frente al problema y adopte decisiones», máxime cuando Aceves, según asegura, tiene «conocimiento de denuncias que delegados territoriales han quitado» y de que «hay ayuntamientos denunciados que no han sido sancionados». No descarta «acudir a la fiscalía» con la información que obra en su poder si la vía parlamentaria se estanca. «Así aclararemos quien dice la verdad», añade.

Aceves propone modificar el procedimiento sancionador, que data de 1984, e incluir el ‘pronto pago’, así como crear un sistema informático de denuncia, gestión de infracciones administrativas y pago de sanciones, al estilo del que ya dispone la Dirección General de Tráfico. Y, sobre todo que Medio Ambiente cubra la totalidad de plazas de instructores de expedientes (a 25 de octubre había cinco plazas vacantes), «lo ideal para que caduquen expedientes y se dejen en el cajón», denuncia.