La ley de altos cargos cumple los requisitos para ir a pleno sin cambios

Ni un solo cambio. La Ley del estatuto de los Altos Cargos de Castilla y León irá al Pleno de las Cortes de Castilla y León del próximo lunes y martes sin ninguna variación, pese a ese informe de «notas» sin firmar de los servicios jurídicos de las Cortes que provocó que sacara del orden del día del último pleno, tras la votación en la Junta de Portavoces.

La norma irá tal cual se había concebido porque cumple «todos los requisitos», según asegura el portavoz del Partido Popular, Juan José Sanz Vitorio, quien insiste en remarcar que en los trámites procesales de la ponencia y de la comisión no hubo ningún dictamen en contra, «como tampoco dictaminaron nada en contra los servicios jurídicos de laJunta», puntualiza.

Sanz Vitorio espera que una vez superado este ‘impasse’, «provocado por un informe sin firmar», la ley salga adelante el próximo martes, día 22, que es cuando se debatirá, con el «más amplio respaldo», insiste.

El portavoz ‘popular’ insiste que el proyecto reúne todos los requisitos y los letrados le incluyen entre los asuntos preparados que pueden ir al próximo pleno y recalca que se incluirá «sin ningún informe en contra».

Un apoyo que el Grupo Popular tiene ya garantizado en Ciudadanos, quien por boca del procurador David Castaño deja ya claro que la apoyarán, «porque va a suponer un paso más hacia la regeneración por la que tanto pelea Ciudadano», afirma Castaño. Mientra, el PSOE se mantiene en el «no» y Podemos e IU rechazan que el texto de la norma pueda estar listo para su debate en la sesión de la próxima semana.

Después de una segunda reunión para analizar el texto y mejorar «algunas deficiencias jurídicas» de las que se alertaba en ese documento sin firma de los servicios jurídicos de las Cortes, el portavoz del Grupo Popular presentó seis transacciones a la ley, todas ellas mejoras técnicas, mientras se mantienen las «dudas de legalidad» por parte sobre todo de Podemos y de Izquierda Unida.

«Hoy se ha puesto de manifiesto que no hay ninguna razón de índole ni constitucional ni estatutaria, más allá de opiniones legítimas, que impidan que vaya a este pleno», resalta Juan José Sanz Vitorio, quien a renglón seguido recuerda que, además de las transaccionales aún siguen enmiendas de los grupos abierta «que estamos dispuestos a negociar y que vamos a negociar hasta el mismo martes si es necesario», indica Sanz Vitorio.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, por su parte reitera que no les «gusta» la ley y no la van a apoyar por «deficiencias sustantivas en la forma de entender la regeneración» entre el PP y el PSOE, pero afirma que apoyarán o no se opondrán a las mejoras y correcciones jurídicas y técnicas, en referencia a las enmiendas transaccionales que para su aprobación necesitan la firma de todos los grupos.

«Esta ley no va a tener ningún problema», destaca el procurador de Ciudadanos David Castaño, quien resalta el «salto de calidad» que se dará en regeneración democrática a la vez que defiende el trabajo parlamentari, que hacen posible que vaya al próximo pleno; «algo que yo veía imposible hace solo unos días», matiza. Castaño admite que el hecho de que no quede clara la presunción de inocencia para el cese o nombramiento de un alto cargo al que se abre juicio oral fue advertido por el letrado en Ponencia, pero ningún partido lo recogió vía enmienda.

Natalia del Barrio (Podemos) y José Sarrión (IU) expresaron su rechazo a que la Junta de Portavoces introduzca este proyecto en el orden del día del próximo pleno al considerar que se necesita más tiempo para realizar las mejoras propuestas por los letrados y mantuvieron que el texto tiene elementos que van en contra del Estatuto de Autonomía y la Constitución. 

«Las seis transacciones mejoran el texto muy poco, pero por ética personal no tengo problema en darlas paso», declara Sarrión a Ical, mientras que Del Barrio pide «perdón por el espectáculo bochornoso» dado en los últimos días y censura que el PP presentara un «papel» en el sentido de «lo tomas o lo dejas», sin respetar, en su opinión, «lo acordado en la pasada reunión», aunque añadió que se estudiarán esos cambios.

Sarrión, en declaraciones a la Ser, miente cuando asegura que la Ley tiene informes desfavorables ya que no existieron ni en el trámitre procesal de la poencia, ni en la comisión, ni siquiera en el caso de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico.