El Popular y los sindicatos cierran el ERE con 240 salidas en la región

Tras doce reuniones entre los representantes de los trabajadores y la entidad Banco Popular, a última hora del sábado se logró la firma de un acuerdo que fija las condiciones del ERE con el que la empresa pretende prescindir de 240 trabajadores en la Comunidad, que en todo el territorio nacional ascienden a 2.592.

El número de despidos no varía, tampoco lo hace el cierre de oficinas –algunas ya clausuradas-, que en Castilla y León asciende a 17, donde las provincias más afectadas son Valladolid y León. Si mejoran las condiciones económicas en concepto de indemnización a los trabajadores, al igual que se prioriza la voluntariedad al despido forzoso.

«Valoramos el acuerdo como un mal menor, porque el número de trabajadores afectados con el ERE no se ha reducido», afirmó el secretario general de UGT de Banco Popular en Castilla y León, Juan Javier Aller. A cambio, se ha logrado que la empresa ceda en otras cuestiones como la de fomentar el criterio de voluntariedad.

Previsiblemente, según adelantó Aller, el próximo miércoles se abrirá el plazo para aquellos trabajadores que quieran inscribirse voluntariamente a la baja incentivada. El plazo de solicitud será de entre 10 y 15 días, y tras él, se pasará al periodo de despidos forzosos. «Cada persona conoce mejor su caso. Entendemos que puede haber quien se apunte como voluntario por el impacto económico que percibe o porque tenga otra salida laboral en el mercado», explicó el secretario de UGT.

De este modo, el convenio que fue suscrito por CCOO, UGT, SEGRUPO, FITC y AMYC, recoge que en aquellos trabajadores de 55 años o más, la empresa primará con 3.000 euros adicionales a quien se adhiera al ERE de forma voluntaria. De igual forma, lo empleados de 54 años o menos recibirán una indemnización que oscilará entre los 3.500 euros para aquellos que lleven menos de 5 años trabajados, hasta los 25.000 euros para los que hayan estado en la entidad 25 años o más.

Además, esta última franja de edad, que está subdividida en tres en el convenio según condiciones, recibirá una indemnización de 500 euros por año trabajado «como reconocimiento a su antigüedad», según recoge el documento.

«De alguna manera se paga mejor a las personas jóvenes», aclaró Aller, ya que según comenta, la intención es que si había que «forzar» o prescindir de empleados, fuera de los de mayor edad, sobre todo aquellos en etapas de prejubilación.

En Castilla y León hay 144 empleados de la entidad que tienen 59 años o más. Un escalón por debajo, entre 55 y 58 años, trabajan en Banco Popular un total de 89 personas y entre los 50 y los 54 años unos 113, según afirman fuentes de la empresa y de los sindicatos.

Otro punto del acuerdo pactado fija que los gastos de seguridad social correrán a cargo del trabajador a partir del momento en el que se habilite la baja incentivada. Desde los sindicatos también inciden en que se han conseguido otras mejoras para trabajadores con situaciones especiales. Es el caso de aquellos que sufren alguna minusvalía, por solicitud de bajas por maternidad, con hijos con discapacidad o que ambos progenitores trabajen en la misma entidad.

El convenio también recoge la posibilidad de excedencias voluntarias durante tres años y con posibilidad de uno más de prórroga. Esta posibilidad está abierta a un total de 250 empleados que sean menores de 50 años y que tengan 10 de antigüedad. Durante la excedencia el trabajador recibirá anualmente 15.000 euros.