Sucesos
La Agencia Tributaria sigue tras la pista del fraude del IVA desde 2008
El origen fueron los negocios de dos palentinos que la AET envió a la Fiscalía
Dos guardias civiles revisan uno de los vehículos de alta gama requisados dentro de la operación.-M. interior
Fue una actuación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Castilla y León, realizada a finales de 2008, la que dio origen a las investigaciones sobre fraude en el IVA en la compra de coches de lujo, que han concluido con la detención de diez personas y la imputación de otras tres.
Durante una operación de control de las obligaciones tributarias de los inscritos en el Registro de Operadores Intracomunitarios, la AEAT vio que había un vecino en Magaz de Pisuerga (Palencia) y otro de Palencia capital que podrían estar adquiriendo vehículos en la Unión Europea y que, una vez en España, no ingresaban en el tesoro público las correspondientes cuotas de IVA.
Al cruzar los datos fiscales que había entre las compras que declaraban estos dos contribuyentes y lo que declaraban sus proveedores comunitarios, radicados principalmente en Alemania y Portugal, el departamento de Inspección Financiera y Tributaria encontró algunas discrepancias, según fuentes de la AEAT.
Ante las sospechas de irregularidad se pidió información a los dos palentinos, que explicaron que realizaban sus actividades empresariales en una serie de locales. Algo que, según pudo comprobar la AEAT, no era cierto, ya que se trataba de domicilios particulares sin una estructura empresarial mínima para el desarrollo de la actividad declarada. En ese momento se decidió darlos de baja en el registro de operadores intracomunitarios para evitar que siguieran realizando compras en la Unión Europea. Además de seguir investigando y pidiendo la información que acreditara las adquisiciones que había realizado.
Estas actuaciones demostraron la existencia de al menos dos personas y una sociedad, creada a tal efecto por uno de ellos, que se dedicaba a realizar adquisiciones intracomunitarias de vehículos de alta gama, que posteriormente vendían en España repercutiendo el IVA en sus ventas y cobrándoselo a sus clientes, pero sin ingresarlo en Hacienda.
Además averiguaron que su principal cliente de era una sociedad radicada en Madrid, que a su vez ingresaba en la cuenta de uno de ellos el dinero necesario para poder comprar los vehículos.
Las investigaciones posteriores llevaron a varias personas que podían estar actuando como testaferros y a varias sociedades mercantiles situadas en distintas provincias españolas. A partir de ahí, y ante la dificultad de localizar a algunos de los implicados, y estimando que la cuota defraudada excedía los límites establecidos por Hacienda para que el fraude sea considerado un delito, la Agencia Tributaria decidió poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.