Antolín Sanz pide al PSOE "que predique con el ejemplo" por el caso de los EREs

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y presidente del PP de Ávila, Antolín Sanz, aseguró que “la Junta de Castilla y León ya ha solicitado la comparecencia, del consejero de Economía, Tomás Villanueva, allí donde se debe producir, que son las Cortes de Castilla y León”. Además, ha pedido al PSOE “que predique con el ejemplo” en alusión al caso de los ERE, tras el anuncio socialista de que solicitarán la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en el Senado, para explicar el asunto de los parques eólicos.

El secretario general de los 'populares' en la Cámara Alta explicó que “el consejero comparecerá inmediatamente ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León” y explicó que la Junta de Castilla y León ya ha enviado al fiscal todos los expedientes a los que se refiere la información periodística publicada sobre este tema. “Villanueva ha ofrecido toda la información de la que dispone la Administración Regional, así como la disposición de todos los expedientes, tanto a la Agencia Tributaria, como a la Fiscalía Anticorrupción. Aquí no hay nada que ocultar, queremos la máxima transparencia en éste y en todos los asuntos”, remachó.

Además, pidió a los socialistas “que abandonen la política de cinismo que llevan a cabo y que prediquen con el ejemplo, ya que han tenido mucho tiempo y lo siguen teniendo, para pedir la comparecencia en el Senado de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por el escándalo de los ERE”.

En este sentido, Sanz recordó que en la causa de los ERE figuran cinco aforados, entre los que destacan los ex presidentes de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, la actual senadora Mar Moreno y el actual diputado Gaspar Zarrias, imputados por el Tribunal Supremo y que se suman a los 266 implicados por la juez.

“Tampoco parece importarle al PSOE que la investigación de este caso considera que los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2011 ascienden a 136 millones o que el fondo de los ERE estuvo dotado con 855 millones y el coste final, cuando terminen de abonarse las obligaciones contraídas, será de 1.217 millones de euros”, concluyó.