Diario de Valladolid

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El PSOE pide abrir la reforma de la financiación y la Junta demanda concretar su modelo federal

Del Olmo niega que Castilla y León haya perdido 166 millones al no acudir el FLA y confirma que la rebaja del IRFP pondrá en el bolsillo de los ciudadanos 150 millones

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, junto a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo y el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez-Ical

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, junto a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo y el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez-Ical

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El Partido Socialista pidió abrir el proceso de negociación sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, siguiendo el acuerdo al que llegaron en 2013 las Cortes de Castilla y León y el modelo territorial que el PSOE ha fijado en la declaración de Granada. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, pidió concreción sobre el modelo de corte federal que defienden los socialistas y aseguró que su posición ha cambiado desde entonces, como la referida al artículo 135 de la Constitución.

El procurador del Grupo Socialista José Francisco Martín propuso la reforma del sistema actual de financiación en una interpelación en el Pleno de las Cortes, una tarea que recordó han impulsado los grupos políticos en este mandato, con el apoyo de la Junta. De hecho, recordó los ejes del acuerdo adoptado en esta materia que recogía el principio de suficiencia, solidaridad e igualdad, garantizando el mismo nivel de prestación de servicios en todos los territorios, y teniendo en cuenta el coste de prestar los servicios en Castilla y León por sus características sociodemográficas.

Sin embargo, Martín lamentó que la Junta haya aparcado este asunto por orden del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien argumentó que la reforma se aplazaba por la situación económica del país, que impide poner más recursos en el sistema de reparto. Del Olmo repitió en su intervención esta explicación y añadió que su revisión supondría que unas comunidades ganarían y otras perderías. “Y nosotros queremos ganar”, dijo.

Al respecto, el procurador socialista señaló que en 2011, 2012 y 2013 ya existía una situación de crisis económica y, sin embargo, se adoptó una posición de Comunidad en financiación autonómica. La consejera de Hacienda recordó que el PSOE tardó cinco años en reformar el sistema y reiteró que actualmente es imposible distribuir más recursos, a pesar de que destacó que se han incrementado las entregas a cuenta para el próximo año.

De la misma forma, Del Olmo criticó que la Comunidad no ha recibido los 500 millones adicionales que preveía el modelo actual, aprobado por el Gobierno socialista. Las explicaciones no convencieron al procurador del PSOE que avanzó que llevarán su propuesta de reforma al próximo pleno. También destacó que su partido dispone de un modelo territorial en toda España.

Tres preguntas

José Francisco Martín aprovechó su intervención ante la cámara para pedir a la consejera que aclarara el coste de la rebaja del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), que Del Olmo cifró en 150 millones. Explicó que existe otro informe que sitúa su montante en 100 millones ya que realiza un cálculo con datos de 2011, estimando que la situación económica no variaría hasta 2017. También, la titular de Hacienda rechazó que no acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) haya supuesto para la Comunidad 166 millones.

Del Olmo destacó el compromiso de Hacienda de ofrecer facilidades de financiación a las autonomías que no acudieron al FLA para reducir el pago de intereses. Finalmente, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza el recurso de la Comunidad sobre el “robo” por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de 724 millones de 2011, la consejera negó que lleve al “fango” a la Junta y reconoció que estas cuestiones deben resolverse a través de la negociación política ya que el Ejecutivo puede modificar las leyes orgánicas.

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