Familiares de 5 ediles poseen 16 hectáreas en la Ciudad de la Salud

Familiares cercanos de cinco concejales de Aldeamayor de San Martín acumulan más de 16 hectáreas de suelo del Sector Sur-17, donde se asienta el proyecto de la Ciudad del Bienestar y la Salud. Sin embargo, cuatro de ellos no se abstuvieron en las votaciones de la tramitación urbanística liderada por Metrovacesa (la inmobiliaria agrupa 118 hectáreas, el 36% de la superficie).

Según un estudio realizado por el Grupo municipal de Coalición de Centro Democrático - Candidatura Independiente (CCD-CI), al que ha tenido acceso este periódico, los tres ediles cuyos familiares acumulan más extensión de suelo y sin embargo votaron, siempre a favor, son dos del PSOE y uno del PP. Se trata del alcalde, el socialista Fernando de la Cal, con 6.572 metros cuadrados a nombre de su padre y tíos; el edil de Medio Ambiente, del mismo partido, Juan Carlos Olmedo, con 15.771 metros a nombre de un tío y, sobre todo, el portavoz del PP, Jacob Bermejo, con 97.000 metros cuadrados en cuatro parcelas, también a nombre de tíos.

Un cuarto implicado en el expediente, sin embargo, tiene una vinculación prácticamente irrelevante, ya que su suegro posee una parcela en el lugar de sólo mil metros cuadrados. Se trata del edil ‘popular’ Abilio Ojero.

Una quinta concejala, con vínculos familiares entre los propietarios del Sector Sur-17, la no adscrita Ana Belén Blanco, sí se inhibió de votar en todos los acuerdos de la tramitación, como manda la normativa. Y eso que los predios de sus familiares, según el mismo estudio, suman 80.639 metros cuadrados, 17 hectáreas menos de las que suma Bermejo.

Consultado por este periódico, el alcalde explicó que se pidió un informe al interventor, en un Pleno reciente. Éste consideró que el porcentaje de la propiedad de familiares de ediles era«irrelevante», apenas un 6% de la totalidad del área, y no era necesario que los munícipes se inhibieran de la votación.

Ante la suspensión del proyecto de la Ciudad de la Salud y la concesión de un nuevo plazo por parte de Urbanismo, esta semana, que hace posible su aprobación definitiva si se convocara una reunión antes del 19 de octubre, Ecologistas en Acción considera que se podría intentar cometer «una decisión arbitraria e ilegal con la única finalidad de evitar la depreciación de los activos de Metrovacesa».

Por el asunto de la posible «manipulación» de plazos para dar luz verde al plan de 1.441 viviendas y 26.000 plazas asistenciales, así como el de las vinculaciones de concejales con propietarios de suelo, la organización ambiental ha anunciado que trasladará las irregularidades de la tramitación a la Fiscalía de Valladolid. Eso sí, la entidad calcula una mayor extensión a nombre de familiares directos, «al menos 200.000 metros cuadrados en fincas dentro de su ámbito».

CCD-CI, por su parte, a través de su portavoz, Félix Calleja, anunció también que llevará a la Fiscalía «el conflicto de intereses de cinco concejales en los terrenos afectados, si el proyecto de la Ciudad de la Salud es aprobado por la Junta». Incluirá también la «alteración de plazos para forzar la aprobación a tiempo del expediente».