Diario de Valladolid

El Común exige el cuidado de las parcelas de uso público de Arturo Eyries

La Institución recomienda comprobar las deficiencias denunciadas en cinco manzanas del barrio y estudiar fórmulas de colaboración con las comunidades de propietarios para mejorar su mantenimiento

Parcela en el barrio de Arturo Eyries

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El Procurador del Común de Castilla y León ha solicitado al Ayuntamiento de Valladolid que compruebe las condiciones de conservación, seguridad, salubridad y accesibilidad de varios espacios privados destinados al uso público en el barrio de Arturo Eyries. La institución plantea esta actuación tras recibir una queja por las deficiencias en el mantenimiento de estas zonas y considera necesario estudiar posibles fórmulas de colaboración entre el Consistorio y las comunidades de propietarios afectadas a fin de mantener estas parcelas en buen estado.

La queja presentada expone las «deficiencias relacionadas con su conservación y mantenimientos, entre ellas problemas de desbroce y poda de arbolado, insuficiencias en la limpieza y en el depósito de residuos, deterioro de zonas de tránsito, plagas y deficiencias en el alumbrado» en ciertos puntos del barrio. La particularidad del terreno es que es de «titularidad privada, pero destinado al uso público y al tránsito habitual de ciudadanos».

Al poner el Común esta información en conocimiento del Ayuntamiento de Valladolid se trasladó que «no se había apreciado la existencia de una infracción urbanística que justificase la incoación de un procedimiento sancionador».

El objetivo de la persona que realizó la queja no era que se interpusiera una sanción, sino «solucionar de manera estable los problemas de conservación de estos espacios».

La Institución solicitó informes a distintos departamentos municipales para conocer los antecedentes urbanísticos y el régimen jurídico que se aplica sobre los espacios indicados, concretamente cinco parcelas propiedad de comunidades de propietarios en el entorno de las calles Ecuador, Venezuela, Lucayas, Chile, Guatemala y Nicaragua, así como de la plaza Méjico; pero que están abiertas al público y son utilizadas por los viandantes como el resto de calles.

Tras esta solicitud de información por parte de la institución que dirige Tomás Quintana, un documento de la Sección de Control de Obras y Actividades explica que «las deficiencias de conservación y mantenimiento» fueron trasladadas a «dicha Sección». En ese momento, se estudió la situación para «determinar si los hechos denunciados podían justificar una intervención dentro de las competencias», pero no encontraron «ninguna irregularidad».

El origen de estos espacios se remonta a la planificación urbanística del barrio de Arturo Eyries en 1973, cuando el Instituto Nacional de la Vivienda presentó un proyecto de 1.850 viviendas distribuidas en unas 37 hectáreas. El barrio, construido entre 1973 y 1982, incorporó recorridos peatonales interiores para facilitar la comunicación entre las diferentes manzanas y equipamientos públicos. Estas zonas quedaron integradas en las propiedades privadas, aunque sometidas a una servidumbre de uso público, una configuración que se ha mantenido hasta la actualidad y que recoge el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid de 2020.

En total se identifican cinco manzanas con espacios privados destinados al uso público. En concreto, las superficies catastrales de las parcelas oscilan entre los 4.729 y los 25.164 metros cuadrados, las superficies no corresponden en su totalidad a espacios abiertos al público. Por tanto, los «deberes inherentes» corresponde a los propietarios, según indica la nota informativa del Procurador del Común. Pero, el Ayuntamiento puede asumir obligaciones relacionadas a la «servidumbre de uso público» como alumbrado, limpieza y conservación de espacios libres.

En este contexto, y como indica en el Plan Parcial de 1973 y en el Plan General de Ordenación Urbana de 2020, «la existencia de una servidumbre de uso público no determina, por sí sola, la desaparición de los deberes legales que corresponden a los propietarios». Pero, tampoco excluye de «posibilidad de intervención municipal cuando dichos espacios se encuentran abiertos al tránsito general».

Por ello, desde el Procurador del Común de Castilla y León considera que «la actuación municipal no debería agotarse en la constatación de que los hechos denunciados no constituyen una infracción». Además, indice en que debían «comprobar las condiciones materiales de conservación de los espacios afectados y a determinar las medidas que resulten procedentes». En este caso, las deficiencias denunciadas son elementos «destinados al tránsito habitual de ciudadanos».

En esta línea, el Procurador del Común propone estudiar «mecanismos de cooperación entre la Administración municipal y las comunidades de propietarios» que permitan diferenciar las actuaciones vinculadas al uso público de aquellas que corresponden a los propietarios. Pero, precisa que estas obligaciones no tienen que ser asumidas íntegramente por el Ayuntamiento, sino que deben valorarse según las características de cada espacio y la normativa aplicable.

El Procurador del Común formula cuatro recomendaciones al Ayuntamiento de Valladolid. En la primera indica a la Corporación municipal que «proceda a comprobar las condiciones de conservación, seguridad, salubridad y accesibilidad». Después, que «se valore la posibilidad de establecer fórmulas de colaboración con las comunidades de propietarios afectadas para favorecer su adecuada conservación y mantenimiento». En el caso de que el Ayuntamiento lo considere conveniente podría «establecer los contactos que consideren oportunos con las comunidades de propietarios afectadas, a fin de conocer su valoración sobre el régimen actualmente existente». Y por último, que «se compruebe el estado de tramitación del escrito presentado en 2025 y, encaso de no haberse dictado y notificado una respuesta expresa, se proceda a contestar de manera motivada las cuestiones planteadas».

El Procurador del Común, firmado por Tomás Quintana López, de Castilla y León establece un plazo de «dos meses» para conocer si se han realizado o no estas recomendaciones por parte del Ayuntamiento de Valladolid y los vecinos del barrio de Arturo Eyries, según la conformidad con lo dispuestos en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución.

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